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Competitividad de México observa una tendencia histórica desfavorable

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Los diputados integrantes de la Comisión de Competitividad, que preside el diputado Héctor Peralta Grappin (PRD), reconocieron que entre los mayores retos de México está acelerar el ritmo de crecimiento, “que hasta el momento ha sido lento, para generar un mayor número de empleos formales e incrementar el bienestar de la población”.  

 

Aseguraron que la competitividad observa una tendencia histórica desfavorable, ya que México ocupó en 2014 la posición 61 de un total de 148 naciones, en el Índice de Competitividad y el 31 de 36 países que integran la OCDE. 

Por ello, el Plan de Trabajo, aprobado por la comisión, establece como misión proveer un marco jurídico que genere mejores condiciones para elevar el desarrollo económico del país, a través de la competitividad y productividad. 

La prioridad deben ser las micro, pequeñas y medianas empresas a través de normas claras, trámites y servicios simplificados, se subraya en el documento. 

Se precisa que la competitividad de un país depende de múltiples factores, entre los que destacan: la escasa generación de tecnología de punta, el incremento en los costos de producción, la baja inversión en áreas prioritarias o los excesivos trámites. 

Para obtener propuestas que mejoren el marco jurídico, la instancia legislativa llevará a cabo reuniones con funcionarios de las secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público; del Instituto Nacional del Emprendedor; las comisiones federales de Competencia Económica y de Mejora Regulatoria, y el Comité Nacional de Productividad, así como con la sociedad civil y organizaciones relacionadas con el tema. 

Asimismo, con los institutos mexicanos de la Propiedad Industrial, para la Competitividad y el de Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico; el Centro de Investigación para el Desarrollo; y los bancos nacionales de Comercio Exterior  y de Obras y Servicios Públicos, y PROMEXICO. 

También planea reunirse con el sector industrial, para recoger sus demandas y preocupaciones, y realizar propuestas de mejora al marco legal. Además, organizar  foros con la participación de servidores públicos, catedráticos, y la sociedad civil en general.

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