Tópicos Legislativos
Ignacio Álvarez Hernández
Los sangrientos hechos ocurridos en el estado de Guerrero, son signos inequívocos de ingobernabilidad y desestabilización social, en un país en el que funcionarios de gobierno de los tres poderes, no respetan la ley, protegen la impunidad de la oligarquía política y económica, generando igual actitud en una ciudadanía agraviada, desconfiada y resentida, por el cotidiano abuso en el uso de las instituciones.
No se puede hablar de igualdad en la impartición de justicia y de que nadie está por encima de la ley, cuando a los grandes defraudadores de Pemex, se les protege. No se puede decir que no hay impunidad cuando en las transas en la función pública, sólo se sanciona por minucias a funcionarios menores.
Tampoco cuando se mete a la cárcel a un ciudadano por cortar un árbol y no penaliza a grandes empresarios como los del Grupo México, que causan graves daños ecológicos, hidrológicos, económicos y de salud. Menos cuando se mete a la cárcel a tres soldados rasos por una matanza como la de Tlatlapa, México, encubriendo a altos mandos militares y civiles que, sin duda, ordenaron el masivo fusilamiento.
Menos hay credibilidad cuando las descobijadas transas político-privadas como la de Oceanografía o la propia matanza de Tlatlapa, surgen en el extranjero y no por una decisión honesta del gobierno mexicano de no poner a nadie por encima de la ley.
Por ello nadie cree que la creación de otra comisión especial, que a lo largo de la historia parlamentaria para lo más que han servido es para dar gritos y sombrerazos, nunca escuchados por los otros dos poderes, sirva para garantizar una investigación imparcial, sin tintes políticos de los trágicos sucesos en el municipio de Iguala, Guerrero, que no tardan en sumar 50 muertos, con 43 normalistas desaparecidos, en los hechos dados por muertos.
En San Lázaro operan con la recién aprobada, 36 comisiones especiales que a lo largo de las sesentas y dos legislaturas, en los hechos no han servido para nada, no sólo porque no tienen facultades de resolución o promover leyes, sino porque sus sugerencias o recomendaciones, la más de las veces, chocan con conflictos de interés.
Conflictos de interés como el del coordinador “verde” Arturo Escobar y Vega, quien intentó impugnar la presidencia del diputado del PAN, Guillermo Anaya Llamas, para impulsar a la misma al “Chaparrito” de Acapulco, Manuel Añorve Baños, quien con el apoyo de su “padrino” Manlio Fabio Beltrones Rivera, quiere la “cabeza” de Ángel Aguirre Rivero, el ex priísta que le ganó la gubernatura con las siglas del PRD.
En pocas palabras, el secretario de tres comisiones ordinarias, integrante de otra, presidente de una especial, presidente del Comité de Administración de San Lázaro, vicecoordinador del PRI y no muy aclamado ex munícipe de Acapulco, ¿pretende aprovechar la oportunidad de cobrar la afrenta y promoverse por segunda ocasión en 2015, como nuevo “salvador” de Guerrero?…Pronto, lo sabremos.
