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Domingo, 20 Agosto 2017
14:20:08

Ley y Orden

Dolor y solidaridad en Barcelona

17 de agosto de 2017 | NYTIMES

Ninguna ciudad está preparada para un atentado terrorista. Tampoco Barcelona, que hasta hace unas horas celebraba el veinticinco aniversario de los juegos olímpicos que la consagraron globalmente como una ciudad artística y atlética, como proyecto de ilusión colectiva. La celebración se ha congelado abruptamente en el pánico que sacude, el horror sin sentido, el duelo que empieza su duro recorrido. Las fiestas del barrio de Gràcia, famosas por la decoración de sus calles que se convierten en preciosos miniparques temáticos, han sido suspendidas. Todos los barceloneses, de hecho, permanecemos en suspenso mientras comenzamos a entender que ha pasado eso: un atentado terrorista.

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¿Emilio Lozoya recibió sobornos de Odebrecht? Estos periodistas dicen que sí

Nación 321

El caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, propiedad del empresario Marcelo Odebrecht, ha salpicado a ministros, presidentes, diputados y distintas figuras políticas de Latinoamérica.

El caso Odebrecht también tocó a funcionarios mexicanos como Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos y a quien funcionarios de la empresa brasileña  ssegún la investigación realizada por los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna de Quinto Elemento Lab y que fue difundida por medios como Aristegui Noticias  y Proceso.

La investigación es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú y se basa en las declaraciones de tres exfuncionarios de la empresa brasileña.

Sin embargo, el abogado de Emilio Lozoya, Javir Coello Trejo, aseguró que el exdirector de Pemex está dispuesto a responder a las preguntas de las autoridades mexicanas; sin embargo, la PGR aún no ha solicitado el expediente completo y tampoco tiene abierta una investigación en su contra.

Coello Trejo dijo que comprobará que Emilio Lozoya no recibió dinero de la empresa brasileña.

¿QUÉ DICE EL REPORTAJE?

Según el reportaje, altos exfuncionarios de la empresa revelaron fechas, nombres y cantidades de dinero que fueron entregadas a varios funcionarios para sobornarlos. 

En esa lista, supuestamente se encuentra Lozoya Austin, quien según los testigos, Odebrecht le entregó "10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública", se lee en el reportaje publicado por Aristegui Noticias.

 

 

Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva son los testigos que autoridades brasileñas tienen como principal fuente para deshilvanar toda la red de corrupción que formó la empresa Odebrecht.

Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, tuvo acceso a parte del expediente del caso, clasificado como secreto, en donde están contenidos los testimonios jurados de los testigos, registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago, videos con declaraciones y diversos documentos adicionales de la Procuraduría de Brasil.

¿QUÉ DIJERON DE EMILIO LOZOYA?

Según los testigos, el exdirector de Pemex supuestamente solicitó varias transferencias de dinero, la primera de ellas por 4 millones 100 mil dólares, para asegurar los favores que solicitaría la empresa brasileña.

Luis Alberto de Meneses, director superintendente de Odebrecht en México es quien está implicando a Lozoya Austin, a quien dice conocer desde 2009.

Según la declaración jurada de Meneses, Lozoya Austin le pidió que las transferencias bancarias se realizaran a una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de Latin American Asia Capital Holding, según la investigación de los periodistas.

Una vez que Lozoya fue nombrado director de la empresa petrolera mexicana, Odebrecht pidió ayuda al funcionario mexicano para ganar contratos, entre ellos, el proyecto para remodelar la refinería de Tula, Hidalgo.

En la investigación, De Meneses aseguró que Lozoya proporcionó el nombre de otras empresas, también ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, para seguir recibiendo sus "propinas". 

El dinero fluyó entre 2012 y hasta 2014 hasta sumar 10 millones de dólares, según dice el testigo protegido y cuya versión reprodujo Quinto Elemento Lab en su reportaje.

 

 

¿CÓMO GANARON LOS CONTRATOS?

La investigación realizada por Quinto Elemento Lab detalla que Odebrecht pudo ganar el proyecto de la refinería en Tula gracias a que supuestamente Lozoya le recomendó a De Meneses asociarse con la empresa mexicana Construcciones Industriales Tapia, propiedad del empresario hidalguense Carlos Tapia y quien, según dijo el testigo, tenía buenas relaciones en distintos niveles de gobierno, así como con miembros del PAN, PRI y PRD.

El superintendente de Odebrech, Luis Alberto de Meneses dijo que hizo caso al consejo de Lozoya y se asoció con la empresa mexicana para obtener varios contratos de Pemex, CFE, Conagua y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Con los años y al ver la relevancia que Lozoya tendría en el gobierno de Peña Nieto, De Meneses dijo que decidió estrechar lazos y, a petición del propio Lozoya, según la investigación, le entregó 4 millones de dólares por el tip de aliarse con la empresa mexicana.

Una vez que Lozoya se quedó en la dirección de Pemex, De Meneses le pidió directamente que interviniera para que, tanto el contrato de la remodelación de la refinería se lo quedara Odebrecht, así como otros posibles proyectos. 

Cabe señalar que todas las acusaciones contra Lozoya Austin provienen de las declaraciones de testigos protegidos que brindan información a las autoridades brasileñas, documentos a los que supuestamente Quinto Elemento Lab pudo tener acceso.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen, al menos hasta ahora, una imputación en contra del exfuncionario de Petróleos Mexicanos.

Puedes leer el reportaje completo Aristegui Noticias.

 

 
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Hasta 6 años de prisión a quienes operen emisoras irregulares

Javier Bárcenas

El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), secretario de la Comisión de Radio y Televisión, presentó una iniciativa para castigar con penas de hasta 6 años de cárcel y 300 días de multa a quien cometa este delito usurpación de frecuencias radiales o su uso sin autorización o concesión formal alguna, donde Oaxaca y Chiapas ocupan el primer lugar del país.

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Los servicios de grúas obedecen más a un negocio privado que a la misma seguridad pública

  • Solicita actualizar información para hacer públicas las concesiones otorgadas a empresas particulares y exhibir monto de recaudado por infracciones

Guillermo Pimentel Balderas

“No podemos tener una ciudad repleta de grúas, ni trabajar en función de cuotas; por el contrario, deben imperar criterios de movilidad, cultura vial y respeto entre la ciudadanía y las instituciones”, enfatizó la diputada Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de morena.

Advirtió que la movilidad es un tema fundamental en la agenda de los gobiernos y de las grandes urbes, por lo que solicitó al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, actualizar la información de la página electrónica de la dependencia a su cargo, para hacer públicas las concesiones otorgadas a empresas particulares para la operación y servicio de grúas, así como el número de vehículos que cada día ingresan a los corralones.

Asimismo, demandó al secretario de Finanzas Edgar Abraham Amador Zamora, que, en un plazo máximo de 30 días, informe sobre los montos de recaudación derivados del arrastre y colocación de inmovilizadores de vehículos.

Recalcó que los contratos asignados a particulares dejan en claro que “los servicios de grúas obedecen más a un negocio privado, que a la misma seguridad pública en apoyo a la movilidad”.

La legisladora exhortó a los secretarios capitalinos de Movilidad y Seguridad Pública, así como a los 16 jefes delegacionales a difundir una amplia campaña informativa sobre las prohibiciones y sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.

Pronunció un ¡Basta de una ciudad repleta de grúas!; sino que deben imperar criterios de movilidad, cultura vial y respeto entre la ciudadanía y las instituciones.

En la actualidad, explicó la diputada de morena, se han agudizado los conflictos viales por el mayor uso de automóviles y la escasa divulgación del Reglamento de Tránsito.

Recordó, al respecto, que el 15 de diciembre de 2015 entró en vigor el referido Reglamento, mediante el cual se modificaron algunas sanciones y ordenamientos, como el artículo 29, el cual establece que:

“Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una cochera”, comentó.

Al presentar el punto de acuerdo, Citlalli Hernández aseveró que las autoridades han fallado en la labor de crear conciencia y difusión sobre el respeto a los espacios reservados y mantener una vialidad libre para la sana convivencia entre conductores y peatones.

En tal sentido, comentó que Excélsior publicó la protesta de operadores de grúas y mandos de la policía en contra de la concesionaria del servicio Oro Paez, S.A. de C.V, quienes revelaron que se les imponen “cuotas de encierro”. Y se les exige que arrastren a 25 vehículos.

El exceso de multas y sanciones no son viables en esta gran ciudad; más si se busca la disminución del uso del automóvil, agregó Hernández Mora, quien concluyó

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El regreso de Javier Duarte a México: un reto para la impunidad

17 de julio de 2017 | NYTIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Javier Duarte, el exgobernador mexicano al que se le adjudica un desvío colosal de fondos públicos, regresará esta lunes a México para enfrentar un juicio por cargos de corrupción después de su extradición desde Guatemala, donde estuvo prófugo por varios meses.

El proceso contra el exmandatario del estado de Veracruz ha generado muchas expectativas en el país. Se trata de una figura emblemática de la corrupción en México, pues la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de fondos públicos, estima que de 2010 a 2015 el gobierno de Duarte habría desviado más de 45.000 millones de pesos (unos 3000 millones de dólares) mediante empresas fantasma. Es la cifra más alta de desfalco para cualquier entidad pública mexicana —estatal o federal— desde que la ASF lleva un registro.

Además, el caso de Duarte será uno de los de más alto nivel llevados con el nuevo sistema de justicia acusatorio en México, que entró en vigor formalmente en junio del año pasado con cambios como audiencias orales en vez de expedientes escritos y requisitos más rigurosos para la recopilación de pruebas y el peritaje.

“Va a ser una de las pruebas de fuego del nuevo sistema para que, en el caso de que se compruebe la responsabilidad, se haga adecuadamente y sea sancionada de la manera correspondiente”, dijo Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”.

“El caso contra Duarte será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”.

ELOY MORALES BRAND, EXPERTO EN DERECHO PENAL

Sin embargo, Duarte es solo uno de los trece gobernadores mexicanos que están siendo investigados por diversos cargos de corrupción por la Procuraduría General de la República (PGR). Apenas el 3 de julio pasado se abrió una carpeta de investigación contra el actual mandatario del estado de Nayarit, Roberto Sandoval.

Pero esos trece casos no bastan para explicar los números generales de desvíos y afectaciones a las cuentas públicas. La ASF ha presentado unas 740 denuncias durante los últimos tres años ante la procuraduría y solo 30 de ellas han sido resueltas; es decir: el 4 por ciento. “Hay un rezago importante”, dijo el director de la auditoría, Juan Manuel Portales, al presentar las cifras ante la Cámara de Diputados de México a finales de mayo.

Y es un rezago evidente más allá de los casos de corrupción. A nivel general, las cifras de impunidad que arroja México son impresionantes.

“De cada cinco homicidios dolosos, solo uno es procesado”, dijo Federico Reyes Heroles, expresidente y fundador del consejo rector del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien actualmente es director del consejo de Impunidad Cero, un grupo de la sociedad civil que recopila y analiza datos de temas relacionados a la justicia en el país. “El número de homicidios en los últimos años ha oscilado entre 12.000 y 22.000 al año, pero el número de sentencias que se pronuncia al respecto no ha cambiado en la última década y media”.

Para Reyes Heroles, este es un tema que tiene hastiados a los mexicanos: “Sabemos y nos damos cuenta” de lo que sucede en materia de corrupción e impunidad, señala, “y vemos que no pasa nada”.

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Una sesión de capacitación de jueces mexicanos para el sistema acusatorio, u oral, por parte de expertos estadounidenses, en 2012 CreditDennis Rivera para The New York Times

La situación responde, en parte, a un funcionamiento del sistema judicial que Reyes Heroles califica como “la carencia brutal de la aplicación de la ley”, tanto por el presupuesto que se le asigna —el monto de este año para todo el Poder Judicial en Veracruz, por ejemplo, equivaleal 3,7 por ciento del monto para la cartera de Educación— como por la capacitación que han recibido los jueces, defensores y procuradores, así como por la falta de personal. “México necesita diez jueces más de los que tenemos hoy”, aseguró el politólogo.

La falta de recursos humanos es algo que busca solucionar el nuevo sistema penal, aunque la misma PGR ha indicado que el personal especializado todavía no cuenta con suficiente capacitación para la recopilación de pruebas. Políticos a nivel local y federal señalan que estas falencias han permitido dejar libre a posibles criminales, y que el cambio en el sistema acusatorio es responsable de un aumento de la violencia. (Un análisis estadístico sugiere que los datos no respaldan tal aseveración).

“Es un cambio de algo que lleva aplicándose más de 500 años, porque teníamos el sistema inquisitivo desde la conquista, y poco a poco es como vamos a ir generando el conocimiento de los operadores. Sí falta capacitación en algunos policías, servidores, defensores y jueces”, dijo el el experto en derecho penal Morales Brand, “pero considero que existen las herramientas adecuadas para lograr una aplicación adecuada del sistema”.

A las complicaciones con el nuevo sistema penal se suman retrasos en la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Cuando fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto hace un año, el mandatario dijo que con él se erradicarían “los abusos de quienes no cumplen con la ley” y lo calificó como “un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”. Pero desde entonces ha enfrentado frenos y trabas en varios frentes.

El fiscal anticorrupción, que por primera vez sería independiente del poder ejecutivo —la PGR es parte de la Secretaría de Gobernación— no ha sido nombrado e incluso se reveló que dos de los candidatos, ahora descalificados, se copiaron en una de las pruebas. Tampoco se han creado todos los organismos locales que deberían de existir a nivel local para complementar al sistema. El Comité de Participación Ciudadana, un órgano inédito en México que permitiría que la sociedad civil promueva políticas anticorrupción y vigilaría el funcionamiento del sistema, ha sido blanco de ataques; algunos políticos y comunicadores, por ejemplo, acusaron falsamente que sus integrantes fueron nombrados al cargo por amiguismo.

Es una señal de que los políticos a cargo de temas como el nombramiento del fiscal “no pueden ponerse de acuerdo, o de que lo están haciendo, pero específicamente para frenarlo”, opinó Reyes Heroles.

Sin embargo, el hecho de que exista el SNA ya es visto como algo positivo, sobre todo si desde ahora provoca tales reacciones en ciertos sectores públicos. “La buena noticia es que no hay vuelta atrás”, dijo recientementeMax Kaiser, el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. “Somos más los que queremos hacer que esto funcione que las pocas personas que quieren hacer que falle”.

Y se toma como un hecho que las acciones anticorrupción seguirán siendo demandadas por los mexicanos, en particular de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

“Esto ya no es asunto de voluntad política”, dijo Reyes Heroles, pues con un caso como el de Duarte o de otros funcionarios públicos acusados de desfalcos e ilegalidades similares, las diferentes ramas del gobierno —y los próximos integrantes de este— ya no tienen tanto margen de maniobra para quedarse sentados de manos: “Ahora hay un actor que es la opinión pública, que no se va a doblegar. Quien llegue a la presidencia, del color que sea, va a tener que seguir atendiéndola”.

Reyes Heroles añadió que, cuando la oficina de Transparencia México apenas fue instalada, en 1999, en algunos sondeos un tercio de la población mexicana llegó a opinar que la corrupción no era tan mala, pero que esa sociedad ha cambiado y ya no existe. “Es otro México y me da confianza de que ya nadie para esto”, señaló.

 
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