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Jueves, 27 Julio 2017
09:51:22

Las pruebas obtenidas mediante tortura son nulas: Presidente de la SCJN

Las pruebas obtenidas mediante tortura son nulas: Presidente de la SCJN

Fred Alvarez Palafox

@fredalvarez
Ante ello el Presidente de la SCJN ha dicho – una y otra vez - que las pruebas obtenidas mediante tortura son nulas. Punto.
Publicado en la revista Código Topo de Excelsior, 4 de julio de 2016
El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a varios artículos constitucionales –16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123-  para transformar nuestro sistema de Justicia Penal de Inquisitivo a uno oral y adversarial. Para concretar dicha reforma el legislador dio un plazo no mayor a ocho años que venció la noche del viernes 17 de junio de 2016.
Desde el primer minuto del pasado sábado 18 de junio tenemos en todo el país un nuevo sistema de justicia penal.
 

 

 Pasamos de un modelo inquisitivo mixto a uno de carácter acusatorio y oral, que hará que se actúe de forma efectiva y transparente para castigar a los culpables y proteger a las víctimas.
El nuevo modelo amplía los derechos del inculpado y de la víctima u ofendido del delito, se prevén los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la aplicación de criterios de oportunidad y la acción penal privada, entre otras novedades.
Tienen como principio llevar el un debido proceso, que exige muchísima calidad de todos los operadores empezando por los policías, ministerios públicos, peritos, abogados defensores, jueces y magistrados.

Se trata de reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en eliminar el abuso excesivo de la prisión preventiva del viejo sistema, concentrando la fuerza de la ley en los delitos que más dañan a los personas y a la sociedad.

 

 

Hay que decir que este nuevo modelo aplica también para la justicia militar, a partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas salas de justicia oral que recientemente se crearon..
La reforma ha sido un camino sinuoso. Se han  que sortear una serie de obstáculos; en un principio había varias organizaciones que auguraban que no se concretaría y se equivocaron.
Pero por otro lado, y durante ocho años un grupo de organizaciones sociales  y academicos participaron con miles de de horas de discusiones en seminarios, coloquios, congresos, y sobre todos de  reuniones con legisladores para hacer posible las reformas legislativas e ir armonizado las leyes.
El gobierno ha invertido desde 2008 poco más de 21 mil millones de pesos sin contar con el apoyo del gobierno de los EU a través de la Agencia Internacional del Desarrollo y de la Iniciativa Mérida  y del gobierno de Canadá.
 Los legisladores han creado y reformado 21 leyes federales y nacionales y se han modificado más de 350 leyes locales.
 Un elemento clave fue la concreción del nuevo sistema fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5  de marzo de 2014; meses después – en diciembre de 2014- se aprobó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
  Y es que muchas de las salidas del sistema se van a resolver a través de mecanismos alternativas y de procedimiento abreviado. El sistema va a privilegiar  la conciliación y la reparación de daño más que el castigo. Se trata de evitar que se llenen las cárceles, y que vayan ahí sólo el que cometa delitos de alta peligrosidad.
 Los legisladores aprobaron ultimas reformas en periodo extraordinario; se trata de la las nuebas leyes de Ejecución Penal, que crea la figura del juez de Ejecución, cuyo objetivo será la reinserción social del sentenciado; la Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,  y una serie de reformas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicadas en el DOF el 16 de junio de 2016.
 Por parte del Poder Judicial de la Federación se tomaron una serie de medidas a través de acuerdos como la creación de jueces especializados, contrucción de infraestructura y  capacitación de alto nivel, para jueces y magistrados y estudantes y grupos de abogados.
  Se ha creado a decir del Ministro Presidente de la Corte un “andamiaje jurídico que permitirá hacer realidad en la práctica la aplicación de este nuevo sistema“. Dice Luis María Aguilar que en el Poder Judicicla se tienen «más de 240 tesis de jurisprudencia que están regulando y encauzando el nuevo Sistema.“
 Y aunque llegó la hora cero falta mucho por hacer.
 Entre el debido proceso y el proceso indebido
 Falta armonizar por ejemplo los derechos de las victimas con los imputados, sobre todo cuando hay tortura.
Eso se resolvería con una bien redactada Ley General contra la Tortura, que armonice el nuevo paradigma de los derechos humanos y apoye también a las victicas u ofendidos. Asociaciones de victimas como Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace, piden que se legisle inteligentemente, ya que algunos criminales salen libres por el hecho de haber sido torturados no obstante en muchos casos existen otras pruebas que los condenen.
 Alejandro Martí, presidente de de la organización SOS México, ha dios más directo. Pidió en un foro nacional adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema de justicia penal. Dice que se debe refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos. Dijo que “la liberación de un delincuente (presunto) –por parte de los jueces- que argumentan tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que la declaración o la confesión. “ Señaló que “existen algunos jueces y magistrados que interpretan a modo los criterios de la SCJN, o bien, hacen elásticas las leyes nuevas o antiguas, según la conveniencia de los abogados defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen al delincuente, y revictimizan a los afectados.“
Reitero no estar en contra del debido proceso, pero sí en contra del proceso indebido para lastimar doblemente a las víctimas en la sociedad. En un discurso hizo alusión profesor Luigi Ferrajoli quien días antes se había reunido en Italia con victimas mexicanas  y ante ellas “reiteró que el Garantismo Penal está contra el abolicionismo penal. Ya que el Derecho es lo único que defiende a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de las víctimas imputados y de la sociedad a la seguridad, sólo se pueden dar en el marco de los derechos para todos.“
Muy firme Martí. Obviamente eso no cayo bien en los oídos del Poder judicial.
Ante ello el Presidente de la SCJN ha dicho – una y otra vez - que las pruebas obtenidas mediante tortura son nulas. Punto.
La  noche del 17 d ejunio de 2016, el día del “malletazo“ subrayó que es nuestra Constitución “la que determina que las pruebas que hayan sido obtenidas con violación a los derechos fundamentales son nulas, porque a pesar de que parece que prueban algo, si son violatorias no prueban nada, así lo exige nuestra ley fundamental“
 Agregó que “todo imputado debe presumirse inocente, no importa en qué contexto social o mediático se encuentre, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.“
 Ambos tiene razón, pero el presidnete de la Corte no es legislador y sólo le corresponde interpretar la ley y llevar el debido proceso.
 Este asunto compete resolverlos a los legisladores.
 También hace  falta  aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, aplicable a todas las fuerzas de seguridad. Casos como el Noxistlán debe ser la excepción y no la regla.
 Y tambien hace falta la creación de la Fiscalía General de la Republica (FGR) proyecto que fue avalado por la Cámara de Diputados y se encuentra en “estudio“ desde hace muchos meses en el Senado de la República; se trata de una reforma necesaria para dar plena autonomía al ministerio público sin depender del Poder Ejecutivo.
 La norma es la ley reglamentaria de los artículos 21 y 102 de la Constitución aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de febrero de 2014 mediante los cuales se le da autonomía a la Fiscalía que sustituirá a la PGR, con el fin de evitar que la justicia “se politice”.
  La nueva institución, a diferencia de la PGR  será autónoma del Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que busca hacerla más moderna, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del nuevo sistema de justicia penal de  junio de 2008, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todas las personas, particularmente del imputado y de las víctimas del delito.
 El proceso de cambios ha sido lento.
 También hace falta una armonización legislativa de los ordenamientos legales con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobadas en junio de 2011.
 Y sobre todo se requiere buena capacitación a todos los operadores. Nos dice con cifras alegres que se han capacitado a miles de operadores, sobre todo policías, y que bueno pero no sabemos cual es el nivel de la capitación. Lo veremos y calificaremos en la practica.
 Por cierto, resulta preocupante pero muchos abogados todavía nos creen lo que acaba de ocurrir. Y es que algunos apostaron por el fracaso y ahora necesitan capacitarse de inmediato o de planos estarán fuera de la jugada, y no podrán litigar.
 ¿Que hacer?
 Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los impulsores de la reforma, nos compartió algunos datos duros en un reciente coloquio,
 Y subrayó que partir de la hora cero, se deben trabajar en seis puntos, por lo menos, a saber:
 i) Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo en ello, a los medios de comunicación, se requiere una gran sensibilidad y conocimiento de periodistas de lo que ha ocurrido;
 ii) Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera;
 iii) Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal;
 iv) Complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores;
 iii) Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad, y:
 vi) Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma. Dice que debe ser “casi, casi en tiempo real“.
 Comparto lo expresado por Miguel, obviamente todavía no se pueden ver sus frutos, aunque hay avances
 Hacia una nueva Setec
 Y con respecto a mecanismo de implementación debe seguir. Nadie puede decir que no. De hecho creemos que es  más importante hoy que antes. Pero con todo respeto no le pidamos peras al olmo en eso de la evaluación y el seguimiento en tiempo real que pide Carbonel.
  En el marco del 8° Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.  celebrado el 7 de junio, el presidente de la República dio la instrucción al secretario de gobernación de avanzar en un acuerdo para continuar con la implemnetación, dijo entonces: “...quiero dejar comprometido aquí la voluntad y la amplia disposición del Gobierno de la República para seguir acompañando este esfuerzo, lo hemos seguido haciendo, lo hemos a través de la SETEC, precisamente la Secretaría Técnica, que depende de la Secretaría de Gobernación.
  Y hoy, a su titular, le doy la indicación para que, en diálogo con los otros poderes y con estas organizaciones, veamos de qué mecanismo nos valemos, qué hacemos, si estamos de acuerdo en que ya una vez que vamos a echar a andar este modelo, lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar, a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, y que eso nos permita enriquecer y, sobre todo, asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo nuestro país.“
 Por lo que días después la noche del 17 de junio se concretó denominado “Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia“ suscrito por los representantes de los poderes ejecutivo,  legislativo y judicial. Fue publicado en el DOF , el lunes 20 de junio.
 
 
¿De que se trata?
Recordemos que cuando se dieron una serie de acuerdos para dar cumplimiento al mandato constitucional se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma de justicia penal, con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno. El Consejo ha sido acompañado desde hace ocho años por una Secretaría Técnica (Setec) donde han estado el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, el hoy Consjero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, y Maria de los Angeles Fromow quien prácticamente concluyó su tarea el 18 de junio de 2016. 
Setec debería de extinción formal a finales de octubre de este año, pero afortunadamente no será así, existe por lo menos un mecanismo para continuar con el trabajo para consolidar el nuevo sistema, y por eso bienvenido el
 ACUERDO que dice:
 Primero. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal fue una instancia que permitió la actuación coordinada por parte de los distintos actores involucrados en esa tarea.
 Segundo. Es necesario continuar con las acciones que la Consolidación del Sistema requiere.
 Tercero. Los Poderes de la Unión desplegarán las acciones a que se refiere el acuerdo segundo anterior en el ámbito de sus facultades constitucionales, bajo su respectiva y entera responsabilidad.
 Cuarto. Los Poderes de la Unión acuerdan establecer un canal de comunicación coordinado y permanente, a partir del intercambio de experiencias de todos los actores involucrados y con la colaboración que en cada caso resulte más adecuada, a fin de lograr la Consolidación.
 Quinto. Los Poderes de la Unión, contarán, en la esfera de sus facultades, con un órgano que fungirá como enlace operativo y, a la vez, como integrante de la instancia tripartita coordinadora de la Consolidación; que en el caso del Ejecutivo Federal estará adscrito a la Secretaría de Gobernación.
 Sexto. Las entidades federativas que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrán adherirse a este acuerdo.“
 El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, es decir el último día de gobierno de EPN. Ello significa que Setec se convertirá en un nuevo órgano de coordinación que coadyuve a consolidar la reforma.
 María de Los Ángeles Fromow, titular de la oficina dijo en una entrevista  que el acuerdo pude durar de 5 a 10 años.
 Bien.
 Pero no echemos aun las campanas al vuelo, aún. 
La reforma de justicia penal apenas inicia y falta mucho camino por recorrer. 
Por cierto, falta que la las personas de a pie crean que el sistema funciona y que será para su beneficio esa es uno de los grandes retos.
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