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La justicia en México es un desastre, ¿cómo reconstruirla?

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CIUDAD DE MÉXICO — En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).

 

México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, nueve meses registraron un récord insólito, más de dos mil asesinatos.

Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. En Colima, el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98,8 por ciento), cada agente tiene una carga de 148 asesinatos rezagados; en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene novecientos casos pendientes y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de noventa casos. A este ritmo, se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de solo seis años.

Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable. Después de ocho meses de investigación y de entrevistar a más de sesenta funcionarios, abogados y expertos para un reportaje publicado en Animal Político, llegamos a una conclusión intuida pero poco señalada: una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.

Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Solo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio.

El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El 4 de julio de 2018, a cuatro años del episodio de mayor indignación civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un tribunal federal anunció su fallo unánime: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia enumera una serie de errores que es común escuchar por todo el país: hay indicios de que los detenidos confesaron por tortura, no se analizaron todas las pruebas o se sembró evidencia. El tribunal advirtióque la investigación no se hizo para buscar la verdad, sino para confirmar la versión del gobierno y propuso la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia. En respuesta, ocho órganos gubernamentales han presentado recursos para no cumplir la resolución del tribunal. Parece que el gobierno ha entablado una disputa jurídica para no investigar uno de los casos más paradigmáticos de la crisis de justicia mexicana.

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Familiares y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos se manifestaron en abril de 2018 en Ciudad de México.CreditYuri Córtez/Agence France-Presse — Getty Images

Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca y con una tasa de homicidios casi dos veces mayor que el promedio nacional, no tiene una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. El trabajo lo hacen funerarias privadas y los cadáveres son llevados directamente al panteón municipal. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México ganan en promedio de dos a diez veces menos que sus contrapartes en países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Esto contrasta con el mal uso de los recursos: en un laboratorio forense en el estado de Nayarit hay un equipo forense de un millón de dólares comprado hace cinco años que nunca ha sido usado.

Al mismo tiempo hay negligencia: en 2013, México recibió de la Cruz Roja Internacional un programa informático para identificar cuerpos de personas asesinadas en fosas, pero solo tres de los 32 estados lo han usado para establecer perfiles de ADN. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados.

Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna ha aumentado de 27.000 a 43.000 millones de pesos. Hay una razón de fondo. En 2010, luego de la masacre de trece personas en una fiesta en Chihuahua, el Ejército llegó a un culpable, Israel Arzate, quien, según se dijo, circulaba en un coche robado y confesó ser el autor del multihomicidio. Tres años después, la Suprema Corte lo liberó tras confirmar que fue torturado para autoincriminarse, que no había una sola prueba que lo vinculara al crimen y que el automóvil en el que viajaba no era robado. Arzate no tuvo una investigación apropiada “porque no interesa. Vivimos en una sociedad donde la justicia solo consiste en llevar a alguien a prisión”, dijo el juez que analizó el caso.

En México abundan los casos como el de Arzate. Por ejemplo, el de Martín del Campo, un empresario encarcelado durante veintitrés años, acusado de asesinar a dos personas. Solo después de que instancias internacionales exigieron al gobierno examinar su sentencia, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad al advertir que la única prueba era una confesión obtenida por un policía que reconoció haber torturado a Del Campo.

Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —solo la mitad de los estados cuentan con ellas—. La Procuraduría General de la República (PGR), el órgano que investiga y persigue los delitos federales, debe erradicar la tortura y, si ocurre, deben sancionarla a través de una fiscalía especializada en castigar violaciones a los derechos humanos.

Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Hay antecedentes: en 2002, se creó un Consejo de Participación Ciudadana en la PGR para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, pero desapareció en 2013. Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad será un paso adelante.

Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.

 
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Lunes, 23 Julio 2018
04:34:36