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Sábado, 27 Mayo 2017
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Los enemigos del narco

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DE FRENTE Y DE PERFIL 

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

Escribir sobre narcotráfico, los cárteles, el cómo se conforma su organización, los delitos en los que incurren, el dominio de territorios, los negocios que usan para lavado de dinero y quienes lo integran es uno de los grandes tabúes en México.

 

Los periodistas que lo hacen, saben que corre peligro su vida, la de sus familiares y hasta amigos y varios de ellos han pagado las consecuencias de su osadía.

Son muchos los estados en que periodistas que exponen el tema son silenciados y sus medios atacados, principalmente en entidades como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Baja California.

Eso motivó que en algunos de esos estados, exista un compromiso en que los medios de comunicación no tratan temas relacionados con esos delitos y acallan de esa forma la libertad de expresión, mediante el miedo.

Sabedor de eso, el gobierno guarda silencio y deja expuestos a los periodistas que de manera valiente denuncian la existencia de estos grupos delincuenciales, su forma de operar y hasta los sitios en que se ubican.

La respuesta del gobierno es, casi siempre, hacer mutis, comprometerse a actuar e investigar, sin que se obtenga resultado alguno.

Con todo y ello, dos grupos periodísticos han mantenido, con valentía, el deber informativo sobre esos temas, bajo riesgo propio, lo que les costó ser víctimas de atentado en contra de dos de sus fundadores.

Jesús Blancornelas fue el pionero en esta materia, cuando fundó el semanario Zeta en la década de los 80 del siglo pasado e inició la denuncia del crecimiento y arraigo de los cárteles de la droga.

El periodista fue víctimas de un atentado, en el que perdió la vida su chofer y el quedó malherido, por los cuatro disparos recibidos, aunque murió años después por una enfermedad crónica que lo aquejó.

Con todo y ello, el semanario Zeta mantuvo la línea editorial, sin moverse un ápice de esa zona riesgosa.

Pero además de Blancornelas, su socio fundador del semanario Héctor “gato” Félix Miranda, fue asesinado, en un hecho turbio, aunque se detuvo al supuesto responsable del crimen, quien resultó ser jefe de escolta del empresario Jorge Hank Rhon, quien recibía constantes burlas del periodista en sus columnas.

No fueron muchos los profesionales del periodismo que siguieron la ruta editorial del Zeta, hasta que apareció Río Doce en Sinaloa, semanario dirigido por Javier Valdez, quien asumió la línea editorial de la denuncia sobre temas relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico y los diversos ilícitos que surgen de estos grupos.

Javier Valdez, como antes Jesús Blancornelas, fue víctima de un atentado, donde si cumplieron su cometido los agresores, dando en el blanco correcto.

Con todo y  los atentados en contra de estos personajes y la muerte de estos dos íconos del periodismo, la línea editorial de ambas publicaciones no se aparta de la ruta trazada.

Pero si las muertes de estos periodistas y sus publicaciones han sido emblemáticas en la lucha por la libertad de expresión, también una serie de periodistas de no tanto renombre han sucumbido ante los integrantes de la delincuencia organizada.

Superan los dos dígitos los periodistas asesinados para trata de acallara esas voces que denuncian los ilícitos y que lo hacen ante la pasividad de las autoridades que no responde en forma inmediata para frenar el crecimiento de estos grupos delincuenciales y que solamente quieren los reflectores cuando atrapan a uno de los mafiosos que ellos mismos han procreado, mediante la impunidad con que actúa la delincuencia.

Pero no solamente son ellos, ya que otros cerraron sus fuentes de trabajo y unos más emprendieron la huída de sus sitios de residencia ante los amagos, amenazas y presiones de la delincuencia organizada.

El desconcierto de la autoridad es tal que los programas que implementa para combatir la delincuencia organizada son fallidos y la prueba está en Tamaulipas, donde 20 muertos después se dan cuenta que la estrategia anunciada hace tres años es simplemente errónea.

Las reuniones en las que participan lo más granado de los sectores gubernamentales que combaten la delincuencia son siempre a modo, sin que se pongan en marcha las principales estrategias.

Es hasta ahora que descubren que deben buscar las fuentes de financiamiento de los grupos delincuenciales y que su propósito de estrangular el lavo de dinero no obtiene los resultados deseados y buscan ampliar una estrategia que ha demostrado sus fallas.

 

EXIGENCIA DE RESULTADOS

 

La carencia de resultados en este tipo de delitos en contra de comunicadores, hace que las voces críticas se alcen y exijan resultados pronto.

El tiempo pasa, las autoridades cambian y las investigaciones se pierden en la nada, sin resultados de ningún tipo.

Los primeros signos marcan al crimen organizado como el probable responsable del asesinato de Javier Valdez, aunque serán las autoridades las encargadas de esclarecerlo.

En este tema, el rezago es amplio, pero la cadena de homicidios hace que la mayoría de estos crímenes queden en total impunidad.

Precisamente la impunidad con la que actúan les permite seguir operando a esos grupos delincuenciales a los que ni la presencia del Ejército o la Armada intimiden y, por el contrario, amplia su horizonte de delitos.

En Chihuahua las líneas de investigación sobre el asesinato de Miroslava Breach se encuentran estancadas, a pesar de que el gobernador Javier Corral diga que están avanzadas, dos meses después del crimen no hay resultados de ninguna clase.

 

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