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DE FRENTE Y DE PERFIL 

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

Se pueden considerar actos aislados en el inicio de un año difícil, pero los ejemplos cunden y el riesgo es grande de que el país se sacuda por otro tipo de acontecimientos similares o de mayor explosividad.

 

Principio con los saqueos y la práctica vandálica usada en contra varios comercios, lo que se propagó y permeó en varios estados del país.

El incremento en los precios de las gasolinas irritó a todos los sectores del país, aunque la molestia se reflejo de formas distintas.

Hubo quienes salieron a las calles a protestar, quienes cerraron calles, se manifestaron y los que optaron por demostrar su inconformidad con mayor energía recurriendo a la violencia.

Los que tuvieron acceso a los medios de comunicación usaron esa vía de expresión, otros más se fueron por los amparos, sin que se obtuvieran resultados satisfactorios.

Al final, todo quedó igual, los precios se sostienen y ya está anunciado el siguiente incremento para inicios de febrero.

Más adelante, para sorpresa de muchos, una balacera en una discoteca de Playa del Carmen (Solidaridad), uno de los destinos turísticos más reconocido de México, dejó como saldo cinco muertos y una cantidad fuerte de heridos de bala.

Las investigaciones sobre el hecho son indefinidas, ya que se habla de un loco que entró y disparó a mansalva; también se señala que era disputa entre dos personas, mientras otros dicen que se trató de una lucha entre grupos delincuenciales que pelean su territorio para la venta de drogas.

Tal vez, para aquellos que mantenían dudas, fueron los mismos grupos del crimen organizado los que despejaron la incógnita, ya que un día después atacaron la Fiscalía del estado con un nuevo saldo sangriento.

Quintana Roo, el estado insignia del turismo y el de mayor atractivo para los turistas extranjeros, se encuentra bajo el asedio de las mafias delincuenciales, como ya lo está Guerrero, el estado que se sitúa en segundo lugar en esas preferencias.

Es cierto que en materia de cárteles y de crimen organizado, tenemos gran representatividad en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán y varias entidades más, pero Quintana Roo se había mantenido al margen de esas luchas, después de la gran violencia vivida en los inicios de los noventa.

Dos noticias violentas, aunque los grados de la misma son distintos se presentaron el mismo día, uno en Nuevo León y otro en la capital del país.

El primero sacudió consciencias, ya que un adolescente de 15 años disparó en pleno salón de clases de una secundaria en contra de varios de sus compañeros y de su maestra, para después atentar en contra de su vida.

El resultado la muerte cerebral del joven y saldo de cuatro heridos de gravedad.

Se trata de una tragedia que sacude a todo el país, por tratarse de un hecho que, hasta el momento, se presenta con alguna frecuencia en Estados Unidos, pero no en un país como México.

Alguna vez se han detectado armas blancas y hasta pistolas en las mochilas de los estudiantes y hasta algún suceso parecido al ocurrido en Monterrey, pero la sucesión de eventos sangrientos impactó a la sociedad mexicana.

Mientras los reflectores estaban sobre el hecho de sangre, otro menos violento, pero no por ello reprobable sucedió en la persona del diputado priista, César Camacho Quiroz.

Se trató de un acto realizado por el ex Jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, ex militante panista y quien organizó la jitomatiza en contra del coordinador de la bancada del PRI en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados.

Camacho Quiroz presentó una denuncia formal por este hecho que forma parte del clima de violencia que se vive en México y lo peor es que su agresor anunció que actuará de la misma forma en contra de aquellos legisladores que no devolvieron el bono decembrino.

Arne que también fue diputado, aunque local se está convirtiendo en un justiciero que toma la ley en sus manos.

Y es que en un sistema judicial como el mexicano, donde la contratación de un abogado de los caros (lo que no significa que sea bueno) otorga las garantías para que políticos y empresarios que puedan pagarlos obtengan su salida de la cárcel u obtengan impunidad, sin importar el tipo de delitos que cometieron.

La sociedad mexicana se encuentra indignada y muestra su inconformidad de formas variadas y una de ellas es repudiando a la clase política.

Los malos gobierno y las raterías y abusos de poder cometidas en los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa, Veracruz; César Duarte Jáquez, Chihuahua; Roberto Borge Angulo, Quintana Roo; Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León; Egidio Torre Cantú, Tamaulipas, Fausto Vallejo Figueroa; Guillermo Padrés Elías, Sonora y Ángel Heladio Aguirre Rivero, Guerrero, entre otros, exacerbó el ánimo de la población.

Con este escenario y la apatía de las autoridades para actuar en contra de estos y otros políticos corruptos genera el clima de inconformidad y tensa la situación política y económica.

No se trata de echar más leña al fuego, pero el gobierno mexicano deberá ponerse las pilas y desarrollar alguna estrategia que le permita contener estos hechos que, aislados por el momento, pueden sacudir el territorio mexicano.

Los llamados a la violencia son muchos, los hechos los señalan, por lo que se requiere de un manejo suave y fino, para evitar una explosión mayor.

 

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