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Miércoles, 18 Septiembre 2019
19:07:36

Por eliminar el arraigo, HRW y organizaciones de derechos humanos

Washington, D. C, 25 de abril.- El Congreso mexicano debería rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo, señaló hoy Human Rights Watch.

 

La reforma propuesta, que reduciría el período máximo de arraigo de 80 a 40 días, no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos. En vez de ello, indicó Human Rights Watch, el Congreso de México debería directamente eliminar esta práctica. 

“El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias, ofrece a los agentes del Ministerio Público un incentivo perverso para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva, y vulnera garantías básicas contra la tortura”, aseveró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución”.

La legislación vigente concede a los agentes del Ministerio Público un plazo de cuatro días para presentar a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada ante un juez. A través del arraigo, los agentes del Ministerio Público pueden además solicitar autorización judicial para extender la detención durante un período adicional de 80 días antes de consignar a estas personas, mientras continúan con la investigación. 

El proyecto que actualmente está siendo debatido en la Cámara de Diputados de México reduciría a 40 días el período máximo de detención previsto en esta disposición. A su vez, ampliaría de 4 a 7 días el plazo máximo durante el cual los funcionarios judiciales pueden mantener detenidas a personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada antes de presentarlas ante un juez.

Otro proyecto basado en una propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sería discutido en la Cámara de Diputados de México, propone reemplazar el arraigo con otra variante de prisión previa a la consignación, que el texto denomina “detención con control judicial”. Esta norma permitiría a los jueces disponer la detención de presuntos delincuentes durante un lapso de hasta 10 días sin consignación, y en este período la detención sería supervisada por jueces en vez de agentes del Ministerio Público.

Ni la propuesta para reducir el período de arraigo a un máximo de 40 días, ni la que pretende reemplazarlo con una modalidad de detención con control judicial de hasta 10 días antes de la consignación, se adecuan a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos, observó Human Rights Watch. Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han formulado serias objeciones a la detención de una persona por un período mayor a cuatro días.

Si bien la Corte Interamericana solamente se ha pronunciado en un caso vinculado con una detención que se extendió durante 15 días (cuando el plazo máximo era de 30 días), ha manifestado expresamente que comparte el enfoque del Tribunal Europeo y el Comité de Derechos Humanos sobre la importancia de la inmediatez con que se debe ejercer el control judicial de una detención.

El Comité de la ONU contra la Tortura, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados son algunas de las instituciones internacionales que han instado a México a abolir la prisión previa a la consignación.

“Cualquier ampliación del período durante el cual una persona puede quedar detenida antes de ser llevada ante un juez para ser imputada – ya sean días o semanas, y con independencia de si se llama arraigo o se la da otro nombre – constituirá una vulneración irrazonable de derechos fundamentales, y fomentará un entorno propicio para que se cometan incluso nuevos abusos”, manifestó Vivanco.

Human Rights Watch ha documentado gran cantidad de casos de víctimas que han sufrido graves abusos – como torturas y violaciones sexuales –  durante la prisión preventiva durante el arraigo o antes de este período.

Por ejemplo, cuatro hombres de Baja California – Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez – fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y trasladados a una base del ejército, donde militares aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a sus compañeros hasta que accedieron a firmar confesiones falsas. Estas confesiones fueron usadas posteriormente para conseguir que la justicia dispusiera el arraigo de los hombres antes de que fueran consignados. Durante el arraigo, permanecieron en una base militar, donde sufrieron nuevos abusos.

Desplegado: Cambiar nombre o reducir plazo no elimina el arraigo

  • Iniciativa de grupos parlamentarios del PRI y PAN busca reducir plazo sin cambiar figura

Las organizaciones abajo firmantes alertamos que la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y puesta a consideración de la Cámara de Diputados, no pone fin a la práctica del arraigo como afirman sus impulsores, sino únicamente cambia el nombre y algunas modalidades de la misma, sin atender las problemáticas de fondo de este tipo de detención arbitraria que obedece a la lógica de detener para investigar, desvirtuando el proceso de justicia que debiera imperar en un Estado democrático de Derecho.

Asimismo, el dictamen de otros partidos políticos que se discute actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados deja de lado la discusión de fondo sobre las violaciones estructurales que implica por sí misma la figura del arraigo, planteando la discusión únicamente en el plazo que podrá detenerse a una persona, fijando un plazo máximo de 35 días.

México ha sido señalado internacionalmente por diversas instancias jurídicas y no jurídicas por mantener esta figura que viola flagrantemente los derechos humanos.  Ponerle otro nombre y reducir la duración del arraigo no implica un cambio de fondo que ponga fin a estas violaciones, reconocidas incluso por las propias iniciativas legislativas.

Conservar el arraigo disfrazado como nueva figura representaría un grave retroceso en materia de seguridad pública, en tanto socavaría cualquier esfuerzo de profesionalizar y modernizar un sistema de justicia que sigue sin capacidad real para responder ante los actos ilícitos y la delincuencia organizada.

Al respecto, el 17 de abril el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa de decreto ante la ALDF para derogar la figura del arraigo.  Sin embargo, en sustitución de esta figura, se propone instaurar la figura de la “detención con control judicial” que permite la detención de una persona por un plazo de cinco días prorrogables hasta por otros cinco más. 

Quienes han presentado la iniciativa han señalado el aspecto de “control judicial” como un cambio de fondo.  No obstante, es importante aclarar que actualmente el arraigo es ordenado por la autoridad judicial.  El cambio en la nueva figura sería que formalmente la persona detenida quedaría “a disposición de” un juez, pero esto no significa que el juez esté supervisando físicamente la detención, y ni siquiera establece que ésta sólo se puede realizar en ciertos lugares. Por el contrario, el juez puede determinar el “modo y lugar” de la detención, cuestión que ha permitido en la actualidad arraigar a personas en lugares irregulares e informales de detención. 

El arraigo, o la propuesta de “detención con control judicial” se solicitan por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa.  Es decir, estas figuras le dan al MP una manera de evadir hacer su trabajo y de violar el límite constitucional de cualquier detención, otorgándole plazos adicionales para tratar de producir alguna prueba en contra de una persona privada de su libertad. Por ello, el arraigo resulta contraproducente para el combate al crimen, porque implica detener para investigar, sin tener elementos para justificar la detención que termina convirtiéndose en un incentivo para las procuradurías de justicia al encontrar una salida fácil a la investigación.

Es importante recordar que la Constitución y los Códigos Procesales en los estados ya establecen diversas medidas y herramientas para realizar investigaciones adecuadas y eficientes. A la fecha, se tiene la facultad de detener en flagrancia a una persona que está cometiendo un delito; de ordenar una detención en casos urgentes incluso fuera del marco de flagrancia; y de solicitar una orden de aprehensión cuando existan datos suficientes que hagan presumir que una persona es responsable de un delito. En ese sentido, resulta notorio que si dichas figuras no bastan para detener a una persona, es porque no existen datos mínimamente suficientes para hacer creer que la persona sea culpable.

Lo que más necesita nuestra sistema de procuración de justicia es la capacidad y voluntad para llevar a cabo investigaciones reales, basadas en recabar pruebas y testimonios para determinar la verdad de hechos ilícitos.  Sólo de ese modo, podemos revertir la impunidad casi universal que impera en el país.  Si el Estado sigue permitiendo una figura de “detener para luego investigar”, ya sea con el nombre de “arraigo” o bajo el nuevo término de “detención con control judicial”, el efecto será reducir prácticamente a cero los estándares exigibles a las policías y ministerios públicos para detener, mientras crea incentivos para torturar o coaccionar a la persona detenida, tal y como ha sido documentado en numerosos casos.  Por otro lado, resulta innecesario acudir a la detención sin cargos como “medida cautelar” cuando existen diversas medidas cautelares mucho menos intrusivas que permiten a los Ministerios Públicos capacidades adecuadas para la investigación y han dado buenos resultados a nivel local.

El Estado mexicano en su conjunto debe avanzar hacia la modernización y profesionalización del trabajo de las procuradurías y las corporaciones policiacas con el fin de investigar de manera pronta y expedita el crimen. Modificar o crear una nueva figura para solapar y fomentar deficiencias y arbitrariedades en el actuar de estos cuerpos es inaceptable.  La única solución al problema del arraigo es su total eliminación, sin sustituirlo por otra figura que en la práctica resulte igual.  Hacemos un enérgico llamado a los legisladores y legisladoras para que actúen en consecuencia de su compromiso con la seguridad y los derechos de la población mexicana haciendo una reforma real para desaparecer el arraigo en la ley y en la práctica. 

 

Para mayor información contactar a:

 

Quetzalcoatl g. Fontanot

Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Atentamente,

 

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT-France); Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Casa del Migrante de Saltillo - Frontera con Justicia, A.C.; Casa de los Derechos de Periodistas, A. C.; Propuesta Cívica, A. C.; Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Fundar – Centro de Análisis e Investigación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República):Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal). 

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Miércoles, 18 Septiembre 2019
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