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La trata de personas es un delito grave, que violenta los derechos humanos y expone a sus víctimas a situaciones de explotación sexual, trabajos forzados y servidumbre, por lo que no se puede dar marcha atrás a las reformas de protección y asistencia a víctimas que se pretenden hacer en el Senado de la República, así lo estimo Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la trata. 

 

En conferencia de prensa a la que asistieron diversas organizaciones, entre las que destacan 1 billón de pie México, dirigida por Andrés Neime, además de Rita Hernández, Directora de la Comisión Unidos contra la Trata, Martha Torres, de la Coalición por la abolición de la prostitución y el Dr. José Fernández de Cevallos, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, coincidieron en señalar en que si hay modificaciones en las leyes se puede afectar gravemente a las víctimas, porque el reducir las penas puede generar que suelten a tratantes que actualmente cumplen sus condenas.

En su oportunidad, Andrés Neime dijo que la organización que representa Un Billón de Pie, hace un llamado a la Revolución pacífica en más de 200 países a favor de los sectores más marginados, una acción creativa mundial para exigir el fin de la violencia que se perpetúa en contra de las mujeres y las niñas en el mundo, un llamado para poner fin a la impunidad global que sustenta la cultura de violencia. 

De acuerdo con Andrés Naime, representante en México del movimiento global, Un Billón de Pie cada año adopta una causa y este 2016 se enfoca en el tema de la explotación sexual y laboral de las mujeres, con el objetivo de crear una mayor solidaridad entre las personas, además de exigir el fin de la violencia en todas sus formas. 

Un Billón de Pie comenzó en 2013 como una forma de lucha contra la violencia sexual y física, contra la violación, la agresión sexual, el incesto, la mutilación genital femenina y la trata sexual. 

Lo que hace cuatro años comenzó como una protesta creativa y dancística, hoy se ha convertido en un desafío colectivo, que utiliza el arte como una poderosa herramienta política para la resistencia y la protesta, con una celebración colorida, diversa, de solidaridad local y global que en México encabeza la Comisión Unidos vs la trata, de la mano de su titular Rosi Orozco. 

Rosi Orozco destacó los avances registrados en nuestro país en el combate a la trata de personas, México hoy es la nación con mayor número de sentencias, dijo que se corren grandes riesgos en el Senado de la República si pasan las reformas, que podrían beneficiar a los tratantes y perjudicar a las víctimas, lo mismo puede ocurrir en la Constitución de la Ciudad de México, donde en lugar de abolir la esclavitud, puede generarse una legitimación de ella. 

Angélica  de Luna, de la agrupación A21, habló de la Caminata por la Libertad, que es un esfuerzo  efectuado en 14 ciudades, en pro de abolir la esclavitud en el siglo XXI, destacando que este año fueron más de 300 caminatas, en más de 100 ciudades alrededor del mundo. 

La presidenta de Unidos contra la Trata, Rosy Orozco apuntó que su mayor preocupación es que van a empezar las mesas de trabajo en el DF, no podemos ver con normalidad el hecho de que personas que puedan estar siendo vendidas como objetos, y dijo “si alguien decide prostituirse no deberíamos criminalizarlos, el problema es la explotación de la prostitución y la gente que abusa de la vulnerabilidad del más débil”, advirtió. 

El argumento central de Unidos contra la trata es que no se puede dar marcha atrás en lo avanzado, ya que en el Senado se insiste en modificar 22 artículos que perjudican a todo México, pero sobre todo perjudican a ese 47 % que es la gente más vulnerable de este país, de aprobarse esos cambios a la ley, se van a tener más niñas desapareciendo en nuestro país, agregó. 

Rosi Orozco explicó: “El artículo 10 es muy importante en la ley, es el que más se pretende modificar, al quitarle elementos importantes y agregando otros como incluir medios comisivos, porque en el protocolo de Palermo solo vienen medios en la definición, pero no es un tipo penal, y el protocolo de  Palermo no da un tipo penal, no lo da, porque todas las legislaturas son diferentes y hay un respeto por parte de la ONU para que cada país, tome los elementos que le corresponden, porque no es lo mismo un juicio en Estados Unidos donde hay un gran jurado, a México, donde las víctimas se enfrentan a 7 mil ministerios públicos en el país, donde después de haber sido violada 30 veces, tendrá que enfrentarse a las preguntas del Ministeri Público, por eso cuando hubo medios comisivos en la  ley de trata no tuvimos resultados”. 

Los países empezaron a entender a partir del 2011 que las víctimas, cuando están destruidas no se pueden enfrentar a la justicia, ellas tienen la carga de la prueba, es injusto, pero si agregamos estos elementos a una ley que tiene más de mil tratantes en la cárcel y más de 600 sentencias, según cifras de Gobernación, no podemos dar marcha atrás, subrayó Rosi Orozco.

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