Simbología religiosa y amenazas de una eternidad en el infierno formaban parte de los abusos sexuales difundidos por la Corte Suprema del estado estadounidense.
Rituales religiosos, símbolos cristianos y una perversa instrumentalización de la fe de los menores fueron elementos frecuentes y relevantes en las prácticas abusivas que unos 300 curas católicos estadounidenses perpetraron contra más de mil menores en distintas diócesis del estado de Pensilvania.
Según destaca este jueves Associated Press, los sacerdotes implicados llegaron a amenazar a los menores con una “eternidad en el infierno” para forzarlos a acceder a las prácticas sexuales que les requerían.
Un informe elaborado por el gran jurado del estado de Pensilvania señala el caso de un cura que utilizó una cuerda para atar a una de sus víctimas en el interior de un confesionario “en posición de oración”. Según consta en el documento, una vez que el menor se negó a mantener relaciones con el sacerdote, este empleó un crucifijo de 18 centímetros para agredirlo sexualmente.
“Un instrumento de Dios”
El texto también denuncia lo que supuestamente ocurrió en la rectoría de una parroquia, en la que cuatro curas obligaron a un chico a desnudarse y a posar como Jesucristo en la cruz mientras le tomaban fotos. La víctima afirmó que en aquel momento “todos se reían y decían que las imágenes serían utilizadas como referencia para nuevas esculturas religiosas”. Dos de los curas implicados en este episodio fueron condenados a prisión más tarde por otros abusos sexuales cometidos contra dos monaguillos.
El informe también relata que otro sacerdote explicó a un niño al que estaba acariciando que lo que hacía estaba bien porque él era “un instrumento de Dios“.
Todas estas conductas llevaron al fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, a afirmar en una rueda de prensa que la fe religiosa se utilizó en muchas de la diócesis del estado como un arma para someter la voluntad de las víctimas y cometer de esa manera los aberrantes abusos descritos en el informe de la Corte Suprema.
Ese mismo documento refleja la seria sospecha que podrían ser “miles” los menores cuyos registros se perdieron o que temieron denunciar estas situaciones.
