El manejo discrecional por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del dinero para pagar indemnizaciones a los campesinos afectados por la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán y el Libramiento 3 en esta ciudad, es un ingrediente adicional al perjuicio en contra de los dueños de la tierra que debe investigarse.
Lo anterior fue afirmado por Ernesto Pérez Virgen, quien en conferencia de prensa junto con los afectados, informó sobre las negociaciones que los representantes de 29 ejidos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit realizaron la semana que está por terminar en la ciudad de México.
Pérez Virgen dijo a los medios esta mañana en conferencia de prensa que entre los municipios de Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit y Escuinapa, Sinaloa aportaron 700 hectáreas y los ejidatarios sólo han recibido cerca de 45 millones de pesos, la mayoría de las veces con dinero en efectivo que implicaría abusos por parte de los funcionarios, ya que los pagos oficiales deben realizarse a través de cheques a los beneficiarios.
De hecho, la mayoría de los campesinos que recibieron el dinero, lo hicieron porque fueron amenazados o coaccionados de diferentes formas por parte de los funcionarios, afirmó quien hoy es su representante para litigar la verdadera indemnización.
Por ese motivo, el pasado jueves 29 de julio los representantes de los ejidatarios lograron con la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un acuerdo para revisar, con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), el monto de los recursos liberados para el pago de las diversas indemnizaciones, entre ellas, los bienes diferentes a la tierra.
Asimismo, dieron a conocer que investigarán si entre los 1,612 millones de pesos por los que habrían pagado las empresas de Carlos Slim por la concesión de la autopista Tepic-Mazatlán estaba contemplado también para el pago de los bienes ejidales, ya que se necesitaron 1,300 hectáreas para la construcción de la vía.
También será investigado el caso del ejido Chicura, perteneciente a Mazatlán donde se construye el Libramiento Tres, para el que Banobras autorizó 5 millones de pesos para pagar bienes diferentes a la tierra y sólo llegaron a los campesinos 900 mil pesos y de ellos, el 40 por ciento los funcionarios de la SCT se lo quitaron a los campesinos, dizque “para la causa”.
