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Martes, 25 Febrero 2020
19:18:04

La única alternativa es suspender los pagos de la deuda

La única alternativa es suspender los pagos de la deuda
Argentina, ser o no ser:
 
 
 
Análisis
 
13/01/2020
 

William Shakespeare le hace decir a Hamlet: “Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Que es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?”

 

Es la disyuntiva del gobierno de Alberto Fernández: o acuerda con los acreedores suspendiendo el pago de los servicios de la deuda al menos por dos años o debe aplicar políticas de ajuste del gasto público y aumento de impuestos para generar el excedente, cuando el crecimiento en Argentina depende esencialmente de los componentes domésticos de la demanda (consumo asalariado, gasto público y transferencias sociales, inversión pública y privada, construcciones, etc.).

Solamente los intereses de la deuda pública nacional rondan para este año 2020 el equivalente a los 19.000 millones de dólares. Nuestro PIB se estima en unos 353.000 millones, por ende para hacer frente a los mismos se necesita crecer en no menos del 5,4%. (Y que a la vez se los apropie el Estado, principalmente, dada la situación en que nos encontramos, mediante impuestos.) 

Existe un sector privilegiado en el país con capacidad manifiesta para contribuir al erario público y dar cumplimiento al Art. 16 de la Constitución Nacional que en su renglón final dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es el sector que fugó capitales por 86.352 millones de dólares desde el 1° de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019, según contabiliza el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). 

Sin embargo, cuanto más desigual es una sociedad, mayor presión tributaria será necesario ejercer sobre pocos contribuyentes para financiar las políticas públicas de manera equitativa. Por el propio poder que tienen, se oponen, utilizando argucias legales, políticas y comunicacionales, con lo que la presión tributaria termina recayendo sobre una base mayor de contribuyentes de menor capacidad contributiva y el sistema se torna altamente regresivo, hecho que paralelamente estimula el crecimiento de la informalidad.

La teoría tributaria dice que debe existir cierto equilibrio entre los impuestos. En la Argentina esa proporcionalidad no se cumple y observamos que en la Nación el mayor ingreso lo generan los gravámenes al consumo (por ejemplo el IVA cuya recaudación en 2019 fue de $ 1.532.596,9 millones) y a la actividad (por ejemplo el impuesto al débito y crédito bancario que aportó $ 349.559,2 millones). 

De allí que cuando la economía se frena, también cae la recaudación. El tributo contracíclico es el de la propiedad. (A nivel nacional es el denominado Bienes Personales, que en todo 2019 sólo recaudó $ 31.183,2 millones). Este gravamen exime en su base imponible al “campo”, porque hipotéticamente es alcanzado con el impuesto inmobiliario rural por las provincias. Pero cuando observamos cuál es la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país, representa el 0,3% del PIB.

Es obvio que es imprescindible una reforma tributaria (tanto a nivel nacional como provincial), que en primer lugar debe equilibrar los ingresos públicos para lo que debe aumentar el gravamen a la propiedad y paralelamente, reducir los impuestos al consumo y a la actividad. Pero también es obvio que lleva su tiempo, debe ser aprobada por los respectivos parlamentos y luego debe implementarse, etc. etc., cuando la urgencia es hoy.

Espérese aparcero 

A Carlos Gardel le gustaba cantar estilos camperos, entre ellos la composición de Roberto Fugazot y José Alonso y Trelles que titularon Hopa, Hopa: “¡Paresé, aparcero! Paresé y disculpe (le dije), ¿qué bichos lleva en esa tropa? Voy pa’ la tablada de los gauchos zonzos, a venderles miles de esperanzas gordas… Si el mercao promete y engolosinao vuelve pa’ estos pagos, en procura de otras, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta ‘e regalo se las cedo todas…” 

Ante la restricción externa se requieren divisas. Los productos agropecuarios y su manufactura conforman el 63,8% de las exportaciones de los once meses registrados de  2019. (Sumando 38.111 millones de dólares sobre los 59.702 millones del total de las ventas al exterior.) 

De allí que el “tractorazo” impulsado por CARBAB (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) el 7 de enero 2020 en Pergamino, hizo que el gobierno suspendiera sine die los tres puntos de retenciones (derechos de exportación) que le facultaba la Ley de Emergencia Económica, con lo que la soja quedó con una alícuota del 30% y el trigo, maíz y demás granos solo el 12%. 

Paralelamente en la provincia de Buenos Aires, las autoridades —con buen tino— habían decidido modificar el código fiscal gravando por encima de la inflación (una tasa del 75%) el importe que habían abonado en el año 2019 para las propiedades rurales que superan las 2.000 hectáreas. 

Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2017 que se publicara en el 2018, son 2.516 establecimientos agropecuarios que en total suman 11.158.368,9 hectáreas. A la vez, hay 34.128 establecimientos agropecuarios que tienen menos de 2.000 hectáreas (93,13% del total), que sumados a los 2.516 establecimientos (6,87% de total) con más de 2.000 hectáreas, hacen un total de 36.644 establecimientos de la provincia. 

Pero el gobierno de Axel Kicillof nos dice que el ajuste del 75% solo alcanza a 211 familias y/o sociedades que son los dueños de los 2.516 establecimientos. Repetimos: 211 familias y /o sociedades (entre ellos los Blanco Villegas, que tienen 25.000 hectáreas en Tandil) poseen 11.158.368,9 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 11.981.492 hectáreas empleadas para la producción agrícola-ganadera 

El código fiscal aprobado solo ajustó el pago del impuesto inmobiliario rural sobre lo que abonaban en 2019, no hubo un revalúo de la propiedad. Nos preguntamos: ¿cuál es el valor fiscal de esos campos y cuál es el valor del mercado? A lo que se le debe sumar una correcta fiscalización para saber si efectivamente pagan, dado que es tan poca la recaudación que es lo primero que se sospecha. 

El pago de impuesto inmobiliario rural promedio de la provincia de Buenos Aires por hectáreas en los once meses del año 2019 fue de $ 822 (en cinco cuotas) y de tasa vial (que es un gravamen municipal) de $ 163,70. O sea, pagan por la tierra un total por ha/año por ambos tributos de $ 985,7 [1] 

En cambio cualquier familia bonaerense que vive de su trabajo paga por el impuesto de ingresos brutos (IIBB) en torno al 2,5% de su ingreso. Si inferimos un gasto mensual de $ 40.000 — paga por mes $ 1.000 y por año $ 12.000—, esa familia paga más en un mes, que lo que abona por hectárea el promedio de propietarios rurales en un año.

Pusieron el grito en el cielo y el Senado de la provincia impuso los severos límites. Entonces, si el que tiene manifiesta capacidad contributiva no paga, el que termina financiando el gasto es el ciudadano de a pie. 

En un marco en que existen pools de siembra, fideicomisos, bancos, etc. que ha producido un verdadero cambio del sujeto agrario con la aparición de nuevas tecnologías de producción (siembra directa, material transgénico o genéticamente modificado que conllevan resistencias a determinados herbicidas e insectos), hoy es posible realizar por ejemplo el doble cultivo trigo-soja dentro del año, que junto con demandantes internacionales determina alta rentabilidad de esos cultivos.

Ha sobrevenido una agricultura financiera, donde grandes grupos económicos desarrollan una monoactividad a gran escala que les permite diversificar riesgos merced a una amplia distribución geográfica y economía de insumos por el volumen de sus compras. (Semilla, fertilizante, trabajos de siembra, cuidados culturales o pulverizaciones, cosecha, comercialización, incluso asesoramiento técnico.) 

El ajuste y las provincias 

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital en que la Nación decide qué se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, como se dijo anteriormente, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos. 

Todas en mayor o menor medida han sufrido mermas en sus ingresos porque gravan al consumo y a la actividad y el PIB debe haber caído no menos del 4% en  2019, a lo que se suma la deuda que en muchas de ellas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es mayoritariamente en divisas. 

Entonces las provincias, en lo inmediato, tienen dos opciones que se pueden combinar: solicitar ayuda a la Nación y/o reducir el gasto. 

La Administración Nacional mediante los Decretos 21, 22, 23, 24 y 25, publicados el martes 7 de enero de 2020 en el Boletín Oficial, estableció las ayudas financieras que brindará a Tucumán, a Río Negro, Chaco, Chubut y Santa Cruz. Se trata de “anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal”. Para que puedan hacer frente a sus necesidades económicas, el gobierno otorgó los anticipos “por hasta” dos mil millones de pesos a Chaco; mil millones a Tucumán, Río Negro, Chubut; y 650 millones a Santa Cruz. 

Las provincias se comprometen a su vez a racionalizar los gastos que, por ejemplo, para Tucumán incluyen la prórroga sine die del pago de la tercera parte de la “cláusula gatillo” correspondiente a diciembre de 2019 que es la suma salarial adicional —calculada a partir del índice de inflación— acordada en paritarias, medida a la que se le agrega la revisión de designaciones recientes de personal y la contracción de horas extras para empleados estatales. 

La sola suspensión del pago de la “cláusula gatillo” generará a la provincia un ahorro de aproximadamente 850 millones de pesos en enero, teniendo en cuenta que se estimaba una erogación extraordinaria en términos salariales de entre un 11% y un 12% adicional debido a la inflación de diciembre que rondó 4% cerrando con un índice de variación de precios de 55% anual. El presupuesto provincial 2020 es de un gasto total de $ 156.214 millones y el 70% aproximadamente es salario, donde es importante el personal docente, de salud y de seguridad. 

El mismo mecanismo de no ajustar por inflación gran parte de las jubilaciones y pensiones a nivel nacional, las provincias lo extienden a sus empleados.

La necesidad de suspender el pago de la deuda 

En un libro colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford, Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y la Argentina durante los años 2000 probaron que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser beneficiosa para el país que toma esa decisión. “Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”. 

En la página 48 del libro afirma: “Cuando un país logra imponer una reducción de deuda a sus acreedores y recicla los fondos anteriormente destinados al pago (de esa deuda) para financiar una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos. En ese escenario, la cantidad de empresas locales que quiebran disminuye  porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando la deuda, y porque la situación general del país mejora. 

Ya que la economía se fortalece, la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora también el margen presupuestario del gobierno. Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”. 

Es claro que ese debe ser el objetivo, de otro modo, de no alcanzarse, la política de ajuste significará seguir en la pendiente en que dejó el gobierno neoliberal de Cambiemos.

 Horacio Rovelli|

Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en cohetealaluna.com 

http://estrategia.la/2020/01/12/argentina-ser-o-no-ser-la-unica-alternativa-es-suspender-los-pagos-de-la-deuda/

 

 

 

 
https://www.alainet.org/es/articulo/204183
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