Acento
Salvador Flores Llamas
De unos años para acá proliferaron en México los organismos autónomos (Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal de Acceso a la Información, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y demás y sus réplicas estatales) cuyos consejeros son nombrados por los congresos legislativos, no por el Ejecutivo, para que actúen con independencia.
Esta ola arreció en los sexenios panistas por el afán del PRI y PRD de restar atribuciones a Fox y Calderón, y siguió ahora con las reformas estructurales, en compensación a la oposición que ayudó al gobierno a aprobarlas.
Siguieron la calca del IFE, nacido al exigir la oposición al régimen priísta dar visos de imparcialidad a la calificación electoral para acabar con los burdos fraudes habituales en los 70 años de la Presidencia Imperial, y la historia registra su origen con Benito Juárez.
En la primera elección que calificó, el IFE cumplió y se prestigió mucho, pero después fue desmantelado también por la oposición antipanista, y quedó integrado mediante cuotas para los partidos.
Eso desvirtuó su esencia y contaminó a los demás organismos autónomos. Suerte parecida sufrieron los congresos federales y estatales, donde mañas de los priístas los llevaron a apoderarse de su control para que fallen en favor de la voluntad presidencial.
La tan controvertida reforma de telecomunicaciones motivó se acusara a diputados y consejeros del instituto autónomo respectivo de conflicto de intereses por defender a grupos empresariales inmiscuidos que temían ser afectados, pues algunos tenían negocios en el sector o estaban muy ligados a uno u otro bando.
De Los Chuchos del PRD se sospechó haber recibido dinero del dueño de Telmex, Carlos Slim. Así ní el instituto ni el Congreso quedaron libres de acusación ni de no actuar imparcialmente.
La Contraloría Federal, creada por De la Madrid para apoyar “la renovación moral de la sociedad”, evolucionó a la Secretaría de la Función Pública, que si hizo algo nadie lo supo por no informar sus resultados o temer a que se conocieran.
Pasará a la historia y a Hacienda, y los contralores internos de las dependencias ya no los nombra la cabeza de la SFP, sino sus propios titulares o jefes de sector y anularon en la práctica los pocos visos de imparcialidad que había.
La declaración de bienes de funcionarios federales se presta a encubrirlos en vez de darlos a conocer, y quedó en simple mascarada.
Bonita forma de desfigurar las leyes y valerse de ellas para defender intereses propios de socios o aliados. Eso pone en la picota la imparcialidad y autonomía que se buscaron con tales organismos.
Se creyeron un avance de nuestra democracia; pero los devaluaron esas conductas y el meter la politiquería a los temas importantes que tratan sin la libertad y autonomía que deben imperar en un país civilizado.
Con decir que aun la Suprema Corte de Justicia ha sido tildada de obedecer consignas de arriba en asuntos de interpretación o afinación de las leyes, pues también ese Máximo Tribunal se integra con cuotas partidarias.
Así ya ni qué decir de los fallos o sentencias de jueces claramente parciales, y lo peor es que rarísima vez se procede contra ellos –no digamos contra los magistrados y miembros de los consejos de la judicatura–; la aplicación de la ley sigue en espera de otras oportunidades y prevalece la impunidad.
Ojalá hubiera serios esfuerzos por defender estas instituciones básicas para que no sean una frustración más de nuestra vida cívico-política.
