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Martes, 13 Noviembre 2018
16:02:55

Concesionarán a empresas agua de 300 cuencas hasta por 50 años

Concesionarán a empresas agua de 300 cuencas hasta por 50 años

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*En nombre de la conservación se pone en riesgo el derecho al agua de las comunidades, advierten expertos. 

 

Ciudad de México, 18 de junio de 2017. El Gobierno federal levantó la prohibición de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, con lo cual el líquido podrá ser concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos.

Miles de núcleos agrarios están en riesgo de perder sus permisos y preparan amparos, informaron expertos de la coalición Agua para todos a La Jornada, pues la nueva medida favorece el uso doméstico y público urbano del recurso para que los gobiernos locales lo cedan a las empresas privadas.

Con estos decretos, publicados el 5 de junio, se eliminan las vedas vigentes por varias décadas y se hace la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales de líquido, varias de ellas bajo control privado, sostuvo un grupo de expertos del programa de Investigación para la sustentabilidad de la UAM e integrantes de la coalición Agua para todos.

“En nombre de la conservación, se levantaron vedas en la mitad del país y se favorecen los trasvases del recurso, que implican llevarlo de una región a otra, como en el sistema Cutzamala, que lo lleva del estado de México a Ciudad de México. Los proyectos Monterrey VI, que prevén conducir líquido del Pánuco a la capital de Nuevo León, y el Zapotillo, que distribuye agua de Jalisco a Guanajuato”, precisó el periódico.

Con estos acuerdos se extinguen las concesiones sin título vigente, y se estima que hay alrededor de 50 mil en esa situación, que tienen sus documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron.

Las vedas que recién se levantaron se ubican en zonas donde está prevista la actividad energética, como en la cuenca San Fernando Soto La Marina, en Tamaulipas y Nuevo León. Sumado a ello, los decretos desconocen las garantías de los pueblos indígenas.

Ahora se da una reorganización de las asignaciones o de las concesiones de recurso hacia las zonas urbanas a costa de los derechos de núcleos agrarios y se pone en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales, advirtieron los expertos; indicaron que se dará la concesión al primero que presente su solicitud, que obviamente serán las empresas energéticas y mineras, finalizaron.

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