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Viernes, 24 Mayo 2019
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30 años de cárcel para el turista sexual

30 años de cárcel para el turista sexual

La Cámara de Diputados aprobó con 389 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 203 y 205 bis del Código Penal Federal, para aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual, pues en la actualidad es de 7 a 12 años.

 

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, incluye un agravante cuando el autor de este ilícito tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: ejerza la patria potestad, guarda y custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta el cuarto grado, tutores o curadores.

También se establece que en todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

En la fundamentación, la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), expresó que este tema es de la mayor trascendencia para la sociedad, principalmente por las víctimas, que son personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Indicó que se requieren acciones legislativas contundentes para buscar, inhibir la comisión del delito y, en su caso, imponer castigos ejemplares y a su vez impedir otros que están íntimamente relacionados, como la trata de personas.

“A pesar de los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo y la implementación de políticas públicas en los últimos años, las cifras publicadas por diversas organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, muestran que el delito de turismo sexual, lejos de disminuir, se ha incrementado”, añadió.

De acuerdo con estudios de la Unicef, alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata con fines sexuales en todo el territorio nacional, identificando puntos críticos como Cancún o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde “la situación tiende a agravarse en comparación con otras entidades federativas”.

Mariana Rodríguez precisó que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, que provoca trastornos, sufrimientos y consecuencias irreversibles, físicas, emocionales, psicológicas, no sólo para las víctimas sino para sus familias.

Conforme a cálculos de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzada, 40 por ciento niños y 50 por ciento niñas.

Además, conforme el informe mundial sobre explotación sexual, se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas, y de ellas, 80 por ciento son mujeres y niñas, la mayoría en edades que van de los 13 a los 25 años.

Lamentó que el turismo sexual aumentó en el mundo, pero destaca en América Latina. Es necesario, dijo, impulsar reformas legislativas e institucionales para enfrentarlo con fuerza y  todas las capacidades del Estado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en épocas de vacaciones aproximadamente el 20 por ciento de los turistas busca relaciones sexuales pagadas, y de este porcentaje el 3 por ciento son con niñas, niños o adolescentes.

Resaltó que el incremento de la pena implica la homologación con la sanción dispuesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, con lo cual se evita disparidad de penas que pudiera favorecer a los sujetos activos del delito, cerrando una posible brecha de impunidad.

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