Durante la argumentación en la Comisión Permanente del Congreso para derogar el haber de retiro o fondo de retiro para los Magistrados del Tribunal Electoral, el senador Alejandro Encinas Rodríguez recordó que dentro de los acuerdos para sacar las leyes secundarias en materia político-electoral no estuvo presente el otorgar dicha pensión para los Magistrados, sin embargo se incluyó la fracción en el dictamen final lo que provocó un disenso entre los grupos parlamentarios.
Señaló que son escasos los argumentos a favor de un haber de retiro para quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, pues dijo que los recursos económicos no son una garantía para actuar con imparcialidad y con apego a la ley, ya que es una obligación de los servidores públicos.
“Con bono o sin bono, con haber de retiro o sin haber de retiro, deben apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, imparcialidad y de certeza en los procesos electorales”, apuntó.
El senador expuso que la posición del PRD es que ningún servidor público debe recibir mayor emolumento económico que los establecidos en la Ley del Trabajo al igual que cualquier otro trabajador de este país. “Y menos aún otorgar mayores privilegios a una democracia ya de por si privilegiada”, sostuvo.
Encinas Rodríguez reveló que además de las altas remuneraciones que perciben los Magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, se suma otros ingresos como parte de su salario, prima vacacional, aguinaldo, pago por riesgo, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, auto y celular, viajes en primera clase, entre otros.
“Eso representa por ejemplo, que el actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reciba un sueldo base mensual de 182 mil 440 pesos, prestaciones nominales por 64 mil 505, prima vacacional por 58 mil 447 pesos, que se suman a su aguinaldo de 363 mil 713, más un pago por riesgo 411 mil pesos, le lleva a tener un ingreso anual de 5 millones, 985 mil pesos”, informó.
Por ello señaló que no es justificable otorgar mayores privilegios a una burocracia de por sí privilegiada con un régimen salarial que prevé para todos los magistrados.
Consideró, además, que hay prestaciones actuales que no tienen justificación, como es el pago por riesgos laborales, pues los magistrados no viven circunstancias mayores a las que a diario enfrentan alcaldes, periodistas, legisladores locales y federales, y menos aún personal como el del cuerpo de bomberos.
Por ello, insistió en la eliminación de la Fracción XXXI del Artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que las prestaciones de los Magistrados se sujeten estrictamente a la ley, y para lo cual el grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó una iniciativa.
