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Moisés Sánchez Limón

Sexenalmente la oferta gubernamental en el caso de Petróleos Mexicanos ha girado en torno de limpiar a la paraestatal, vacunarla contra la corrupción y convertirla en una auténtica empresa productiva, es decir, al servicio de México y no fabricante de nuevos millonarios y ejemplo de impunidades y latrocinios.

 

La Reforma Energética, en proceso de concretarse con las reformas a leyes secundarias, se ofrece como la enorme oportunidad de cambiar el esquema estructural de Pemex en aras, precisamente, de validar su participación en la economía nacional con producción y productividad, despojada finalmente de aquellos patrioterismos populistas que rechazaban la participación del sector privado, cuando hace décadas que éste se involucró en los negocios con los dueños sexenales de la paraestatal.

Tal es el caso de la empresa Oceanografía, de cuyas operaciones poco claras y harto sospechosas de ilícitos, se tuvieron evidencias desde el inicio de la administración de Vicente Fox, cuando irrumpió de manera poco discreta en millonarias licitaciones convocadas  por Pemex y que casualmente ganaba.

No es nueva la versión de que los hijos de la señora Marta Sahagún están o estuvieron involucrados en la obtención de los contratos, merced al tráfico de influencias que desplegaron no solo en Petróleos Mexicanos, sino en otras dependencias federales en las que la llave que abría puertas y les daba el derecho de picaporte, era la sola mención de que eran hijos de doña Marta.

Incluso Manuel Bribiesca Godoy, ex esposo de la señora Sahagún, presumió del beneficio económico que le había acarreado ser ex marido de la entonces primera dama, e hizo negocios al amparo de no hacer ruido y mantenerse a la sombra.

Por eso, ofende al sentido común que Vicente Fox, no Manuel Bribiesca, defienda a sus hijastros y asegure que éstos no tienen nada que ver con este asunto de Oceanografía, cuando hay varias rutas que llevan a ellos.

Debiera, en todo caso, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, desechar esas baladronadas de Fox y encauzar investigaciones en torno del enriquecimiento de los muchachos Sahagún y del propio ex Presidente, sin dejar de lado a la señora Marta, pero no sólo en este caso de Pemex sino en otros tantos en los que se ha citado a la ex familia real.

En este momento el gobierno federal tiene la oportunidad dorada, si es que la voluntad política es prioridad, de ir a fondo y limpiar de una vez por todas a Petróleos Mexicanos. Las investigaciones relacionadas con el millonario fraude de Oceanografía contra la paraestatal, sin duda alguna tienen rutas varias que pueden acabar con impunidades en el manejo de los recursos de Pemex.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar al director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, responda por escrito a preguntas relacionadas con el proceso de adjudicación para el otorgamiento de contratos, en particular los de la naviera Oceanografía, además de la viabilidad financiera y técnicas de las asignaciones de los campos petroleros, tanto de exploración como de explotación, con los que se va a quedar, de acuerdo con la reforma energética.

Bien, es de procedencia legislativa, acorde con las buenas maneras. Pero más que responder a un cuestionario, lo que Lozoya Austin está obligado a hacer, es colaborar con la PGR, con la aún Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para poner orden y aplicar la ley.

¿Por qué esa prisa de Vicente Fox? ¿Y Felipe Calderón? Este asunto de Oceanografía es un mar de corrupción cuyas aguas se alimentaron del tráfico de influencias y el manto de impunidad que tendieron las dos administraciones panistas.

Fuentes consultadas, refieren que el ex director de Pemex, Jesús Reyes Heroles tiene mucha información al respecto; en su momento fue la vía para frenar una investigación iniciadas en torno de este tema que hoy, casualmente, ha generado escándalo por sus características. Pero no es nuevo.

La operación limpieza en Petróleos Mexicanos tiene un buen pretexto. Y debe alcanzar hasta al propio sindicato; otras empresas están en la mira y, si realmente hay voluntad política en el gobierno de Enrique Peña Nieto, veremos rodar cabezas y en prisión a quienes hasta hoy se pasean con sello de intocables. Digo.

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