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Martes, 26 Marzo 2019
16:06:32

Nuevo Gobierno Iniciará Reformas Para Acabar con "Abusos" de Congresos Locales

Alejandro Encinas anuncia reformas constitucionales para echar abajo abusos de Congresos Estatales

Luciana Rita Cerón Rivera

Alejandro Encinas anuncia reformas constitucionales para echar abajo abusos de Congresos Estatales; Por Luciana Rita Cerón Rivera
 
El senador Alejandro Encinas Rodríguez  —de larga trayectoria en la izquierda —y legisladores electos por Morena advirtieron que, con su mayoría, buscarán revertir o emprenderán acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que los congresos estatales aprobaron recientemente.

Como en Veracruz, que nombró a un fiscal anticorrupción a modo y en el caso de Hidalgo que redujo de 5 a 3 el número magistrados electorales y dio facultades al Ejecutivo sobre el refinanciamiento de la deuda.

 

El senador Alejandro Encinas, quien asumirá el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a partir de diciembre, informó que los senadores y diputados federales y locales de Morena harán una revisión de las reformas que los congresos locales han aprobado a modo en los últimos meses.

Acompañado de legisladores electos de Hidalgo, consideró inconstitucional las reformas que dan facultad al Ejecutivo para refinanciar o reestructura la deuda en el estado sin la intervención del Congreso, que se haya disminuido de cinco a tres el número de magistrados electorales, para que quedaran dos afines al PRI y uno al PAN, o como en Veracruz, que designó un fiscal anticorrupción a modo

“La Corte va a convertirse en un árbitro en estos conflictos, ¿por qué hay un conflicto ya entre Poderes? ¡No es un problema entre Morena y el gobernador, es un problema entre el gobernador del Estado con el próximo Poder Legislativo de Hidalgo!… Afortunadamente se paró en Sonora, pero vamos a tener que revisar cada uno de los casos, ya sea al inicio de las Legislaturas en los Estados, al inicio del nuevo Congreso de la Unión o en diciembre al inicio del próximo Gobierno Federal… Hay que dejar claro, que todavía no estamos en el gobierno, haremos lo posible en el ámbito de los Congresos locales, pero en el Gobierno Federal lo haremos hasta diciembre”.

 

 

 

Encinas Rodríguez señaló incluso que analizan la posibilidad de iniciar un juicio político contra el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad por las agresiones por parte de la policía estatal contra 15 líderes y diputados actuales y electos de Morena el pasado 31 de julio, en su afán de concretar dichas reformas, con la mayoría priista.

Por su parte, dirigente de Morena en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, informó que el próximo miércoles en la Plaza Juárez de Pachuca realizaran una protestas pacífica y se reunirán con los legisladores electos para determinar la ruta jurídica que seguirán ante las reformas impulsadas por Omar Fayad, así como las denuncias penales que presentarán por las agresiones a líderes y diputados de Morena por parte de la policía estatal.

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Noticias del Congreso con Javier Barcena

Javier Bárcenas 
 
Aprueban diputados cambios al CPPP relativos a víctimas del delito
 
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de que el Ministerio Público otorgue una medida de protección de manera oficiosa cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor.
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Diputados otorgan a la SFP mayores facultades para prevenir y combatir la corrupción

  • El Legislativo cumple su tarea ante la demanda de transparencia y combate a este flagelo: Guillén Vicente
  • Remiten al Senado de la República dictamen que reforma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que establece las bases de operación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que funja como órgano de control interno de la Administración Pública Federal y tenga la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción.

Con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas en lo general con 450 votos favor, se busca tener una SFP que permita el adecuado engranaje entre el ejercicio de la Administración Pública Federal y la transparencia y rendición de cuentas, ya que a través de ello, se podrán alcanzar los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, armoniza la operación de la SFP con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en especial, con el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por autoridades de los tres Poderes y de todos los órdenes de gobierno. 

Tal situación, permitirá la correcta realización de sus atribuciones sin caer en la burocratización y propugnando por la simplificación administrativa en aras de mantener un ejercicio transparente y focalizado en la rendición de cuentas, evitando excesos que saturen de información al sistema y a su paso, afecten la transparencia y la rendición de cuentas. 

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que someta el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Incluye como atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico la de establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, y normas y lineamientos en materia de control del gasto. 

A la SFP le corresponderá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; concertar con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en términos de las disposiciones aplicables. 

También, expedir normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. 

El documento precisa que la corrupción es un problema transversal que afecta diversas áreas de la sociedad, y que, de no atenderse, puede constituir un lastre a la generación de bienestar social y desarrollo económico. 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, expresó: la intención es fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, como dependencia encargada del control interno del Ejecutivo federal, para la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción y generar condiciones de una cabal rendición de cuentas. 

Refirió que una de las demandas de todos los sectores de la sociedad mexicana, es la transparencia y el combate a la corrupción. “Su éxito depende de un cambio de fondo a favor de la integridad en el servicio público y en el establecimiento de una relación más cercana, confiable y directa entre autoridades y ciudadanía”. 

Con esta aprobación, la SFP será la autoridad encargada de organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; podrá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos en un marco que favorezca el desarrollo del gobierno digital, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría contará con órganos internos de control, delegados y comisarios públicos que realizarán un trabajo constante de vigilancia en toda la administración pública federal, expuso. 

Guillén Vicente argumentó que la SFP mantendrá estrecha colaboración con los sistemas nacionales Anticorrupción y con el de Fiscalización, como máximas instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, que además permiten a la ciudadanía incidir directamente en el establecimiento de bases y principios para la integridad y la transparencia en la gestión pública.

Consideró necesario que la Secretaría tenga la facultad de revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, para prevenir responsabilidades administrativas y sancionar los actos u omisiones que constituyan responsabilidad sobre lo que deberá informar periódicamente a su comité coordinador y al Ejecutivo federal.

Tales informes serán la base para que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita las recomendaciones pertinentes a la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias y entidades en la implementación de las acciones necesarias que incidan en una mejor gestión gubernamental.

Al ser encargada –la SFP- de llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como recibir y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses, podrá conocer e investigar las conductas que puedan constituir responsabilidades, pudiendo aplicar sanciones y en los casos que ameriten, ejercer una acción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La intención es que el Legislativo cumpla su tarea ante la reiterada demanda de transparencia y combate a la corrupción. “De responsabilizarnos con la creación de las instituciones y los mecanismos para garantizar a los mexicanos un sector público con datos abiertos, soportado con un marco jurídico completo, accesible y con altos estándares en su aplicación y cumplimiento”, concluyó.

Previó a los posicionamientos, se informó de un adéndum en el artículo 31, fracciones XII, XXI, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV, que fue aceptado por el Pleno, relativo a las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, “para que se encargue de organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; conduzca a la policía inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo-terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales”.

También, “administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no están asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar al registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente”.

“Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la Federación, expedir normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos de dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación”.

De igual modo, “reivindicar los bienes propiedad de la nación en los términos de las disposiciones aplicables, así como los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos”.

En los posicionamientos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) señaló que es de vital importancia la operación de la Secretaría de la Función Pública en la administración pública, y que su función se armonice con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Eso traerá consigo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó.

Se le devuelven, dijo, a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para que pueda cumplir con su encomienda con la entrada en vigor del nuevo modelo de control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno, de todos los poderes del Estado.

Luis Alfredo Valles Mendoza, legislador de Nueva Alianza, precisó que con esta reforma las facultades otorgadas a la SFP contribuyen a integrarla de manera armónica con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y fiscalización, evitando con ello duplicidades.

“Estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de derecho. Nos sumamos a todos los esfuerzos que se realicen para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y, fundamentalmente, en los servidores públicos”, añadió.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) argumentó que esta ley pudo haber sido reformada con mayor contundencia para tener transparencia y dar más acceso a la sociedad, pero “no fue así, se quedó corta”.

Hizo votos por que a través de la discusión de las reformas que se habrán de aprobar y de las reservas a discutir, se logre un mejor Sistema Nacional Anticorrupción. “Es lo que México requiere, es lo que México demanda”.

Por Morena, la legisladora Rocío Nahle García recordó que su grupo parlamentario propuso que esta secretaría cumpla con tres objetivos básicos: regular, vigilar y evaluar; por lo cual, esta dependencia federal necesita gozar de independencia y autonomía. Por ello, opinó, “lo más correcto es que el titular de la SFP sea ratificado por el Congreso de la Unión, no solo por los senadores”.

Sostuvo que la impunidad, el abuso del poder y el tráfico de influencias ha permeado el actuar de los funcionarios de la SFP. Su actual encargado, dijo, “tiene la tarea gubernamental, pero se ve implicado en una serie de complicidades y tráfico de influencias, con secuaces gubernamentales de la misma convicción, consiguiendo empleos para fines personales, ignorando y pisoteando el principio de honradez en un código de conducta, que él mismo publicó y que con la protección de su jefe se placea con impunidad”.

Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, diputado del PVEM, mencionó que el dictamen mejora las bases en las cuales se fundamentan las actividades de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que pueda cumplir con su función como órgano interno de control de la administración federal, para prevenir y sancionar la corrupción, así como investigar y sustanciar faltas administrativas, para realizar auditorías a tiempo y fortalecer la profesionalización.

Se armonizaron sus funciones para que no exista confusión con otros instrumentos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Algunas de las atribuciones que se suprimieron siguen la lógica de que ya se encuentran consideradas dentro de otros marcos normativos del ámbito federal, explicó.

El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) destacó que la renovada Secretaría de la Función Pública, se encargará de organizar y coordinar el sistema de control interno, evaluará la gestión gubernamental e inspeccionará el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos.

Además, se responsabilizará de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistema de registro, contabilidad y contratación de adquisiciones, arrendamientos y ejecuciones de obra pública. Se incluye la disposición para que el nombramiento del secretario de la Función Pública que haga el Presidente de la República sea ratificado por el Senado de la República e incorporará la obligación de presentar su declaración de intereses por una cuestión de ética.

Del PAN, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García precisó que hoy se atiende la reforma constitucional para que se puedan reestablecer las funciones a la Secretaría de la Función Pública, y resaltó que en la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción en todo momento se buscó la participación de la sociedad civil.

Por ello, llamó a impulsar este dictamen, “para que así podamos responder a una exigencia compartida por todos los sectores de la sociedad en el efectivo combate a la corrupción”.

La diputada Martha Hilda González Calderón (PRI) expuso que la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, así como combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Subrayó que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de derecho, “por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas”.

A su vez, Edgar Spinoso Carrera (PVEM) destacó que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, se pretende sentar las bases para transitar hacia una profesionalización de los servidores públicos. “Las funciones de investigación deben ser desempeñadas por personas con correcta capacitación académica y técnica, así como experiencia profesional que permita detectar la conducta que la sociedad reclama: honestidad y honradez”.

Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, puntualizó que el dictamen tiene como fin trasladar las facultades que había perdido, en la reforma de 2013, a la Secretaría de la Función Pública y con ello darle su espacio, pues “es una de las siete piezas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos dando un mensaje a la demanda ciudadana”.

En lo particular, el Pleno avaló con 388 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 37 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Reincorporación de diputado

En la sesión extraordinaria, el Pleno recibió una comunicación del diputado con licencia Cuitláhuac García Jiménez (Morena-Veracruz), en el que informa su reincorporación a los trabajos de la LXIII Legislatura, a partir de este jueves 16 de junio.

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