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Miércoles, 21 Agosto 2019
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Amenazas e intimidaciones de funcionario de la PGJES

Amenazas e intimidaciones de funcionario de la PGJES

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió UNA Recomendación (10/2013) a Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, y a los integrantes de la LX Legislatura de esta entidad, por intentos de despojo de las propiedades de dos personas, que además fueron víctimas de amenazas e intimidación de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Estatal Investigadora.

 

En fechas diferentes, grupos de personas pretendieron tomar posesión de los predios, propiedad de los agraviados, ubicados, uno en la Colonia La Manga y otro en El Rosario del municipio de Hermosillo, Sonora. 

En el primer caso, los sujetos, para ingresar al inmueble, destruyeron muros y el cerco de púas que lo delimitaba; se hicieron acompañar de un funcionario de esa procuraduría, quien se identificó como agente del Ministerio Público, y advirtió al quejoso que desalojara el lugar o no dudaría en hacer uso de la fuerza.

En el terreno se pudo advertir la presencia de personas vestidas de civil, con armas largas y un par de agentes de la Policía Estatal Investigadora, que descendieron de una patrulla.

En el segundo caso, varias personas invadieron el terreno con dos retroexcavadoras y derribaron la barda interior; fueron resguardadas por elementos de una compañía de seguridad privada y miembros de la Policía Estatal Investigadora. El mismo funcionario de la Procuraduría amenazó telefónicamente al cónyuge de una de las víctimas, para que se abstuviera de realizar cualquier acción orientada a impedir la toma de posesión del predio.

Al realizar las investigaciones se pudieron observar violaciones a los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia y a los derechos humanos de seguridad y legalidad jurídica por actos atribuibles a un alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Por ello, en la Recomendación 10/2013, este organismo nacional autónomo, pide al Gobierno de Sonora instruir a los servidores públicos involucrados en este caso que limiten su actuación a las competencias que la ley les atribuye; colaborar ampliamente con la CNDH en el trámite de la queja y la denuncia que promueva ante la Visitaduría General de esa Procuraduría y girar las instrucciones pertinentes a fin de que se agilice el trámite de las averiguaciones previas relacionadas con las denuncias presentadas por las víctimas contra ese funcionario público.

Asimismo, se solicita a los integrantes de la LX Legislatura estatal, su colaboración en el trámite de queja que la CNDH promueva ante el Congreso de Sonora.

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