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CNDH analiza acciones de inconstitucionalidad contra reformas de uso de armas fuego a manifestantes

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, informó en el Senado que ya analizan interponer recursos de inconstitucionalidad contra las reformas que se aprobaron en Chiapas, Quintana Roo y recientemente en Puebla, para que las fuerzas del orden utilicen armas de fuego contra manifestaciones.

 

Durante una reunión  con la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez,  para informar sobre la situación que guardan los derechos humanos en México, especialmente lo relacionado con el informe de actividades de la CNDH correspondiente al año 2013, el ombudsman fue cuestionado al respecto por los senadores, en particular por el poblano Manuel Bartlett, que dijo son leyes que limitan y amagan a la libertad de expresión.

Manifestó su preocupación en relación con Puebla donde “hay un gran problema actualmente por la imposición de un gasoducto que atraviesa inclusive el Popocatépetl, zonas de riesgo, y que hay detenidos, líderes sociales por oponerse a ese proyecto.

También se refirió de Chiapas,  donde hay una serie de conflictos, sobre todo en los Altos de Chiapas.

“Es, por otro lado, un desconocimiento total, grave de quienes están impulsando estas leyes, porque es bien sabido, quienes hemos tenido ese tema de las protestas y cómo manejarlas, que lo peor que se puede utilizar son las armas de fuego. Si es la contención, es la capacitación, es el entender los movimientos sociales lo que lo permite; y no regresar a las épocas pasadas que generaron, se llamaban “los police riots”, que la generaba la propia Policía.

 Entonces, volver otra vez a blandir amenazantemente las armas de fuego, es un absurdo; pero además tiene una significación muy especial en lo que estamos viviendo actualmente”,  advirtió el senador Bartlett.

se refirió a la imposición proyectos del gobierno poblano que han generado descontento entre las comunidades, como el plan CFE, las minas, la privatización del agua; las facilidades a las empresas, que ahora serán extranjeras, el acceso a sus territorios, una serie de principios como las servidumbres dictadas por autoridad administrativa, inclusive la expropiación, sin tomar en consideración que eso viola precisamente estos principios que están en los Tratados Internacionales y dentro de los derechos humanos por tanto, apuntó.

El presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, coincidió con la preocupación de estas leyes que limitan, amagan libertad de expresión, como la de Chiapas, Puebla, y Quintana Roo, y que ya están revisando.

Dijo que ha instruido a la Dirección General Jurídica de la Comisión, que es la encargada de elaborar las propuestas de acciones de inconstitucionalidad, para que revisar con todo cuidado cada uno de estos Artículos.

“Y como lo he hecho en algunas otras ocasiones, sin mayor interés, ni de grupo ni de ninguna otra índole que no sea el interés por los derechos humanos, interponer, de ser el caso, la acción de inconstitucionalidad”, señaló el ombudsman nacional.

La Reforma o la ley en Puebla, reciente; la de Quintana Roo es del día 2 de mayor; la de Chiapas es también reciente, de tal manera que la estaremos revisando con mucho cuidado y les anticipo que si es el caso interpondré las acciones correspondientes si resulta su contenido contrario al texto de la Constitución”, agregó.

También refirió que el caso concreto del gasoducto y las inversiones en Puebla, en materia energética, es una problemática aceptó, que están investigando de manera dual,  y en este sentido aprovechó para reconocer al Senado de la República la Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para crear la Sexta Visitaduría General que se encarga de investigar las quejas en materia ambiental, en es parte del problema en la región en conflicto poblana,  y también quejas en Tlaxcala.

 En el encuentro, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, al dar la bienvenida a Plasencia Villanueva, aseguró que “sin duda, lo más importante, después de la construcción de un sistema institucional, constitucional y de reflexión sobre los derechos humanos, es la divulgación para la generación real de una cultura de los derechos humanos”.

La reforma de 2011 en la materia obliga al Senado de la República a estar en contacto con la instancia que estudia, protege y divulga los derechos humanos, el trabajo legislativo debe estar inspirado en la “protección pro persona y dirigido a generar los mejores marcos jurídicos para proteger tanto las garantías individuales como las colectivas”, manifestó el senador del PRI.

La senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó que se debe poner énfasis en el caso de mujeres en reclusión y la situación de los centros penitenciarios del país, ya que el Senado está trabajando sobre una Ley de Ejecución Penal y estos “son elementos sustantivos que estamos evaluando”.

Asimismo, destacó los asuntos relacionados con la libertad de expresión, la impunidad que hay alrededor de los periodistas, además de las personas en situación de migración.

La versatilidad del trabajo de esta comisión nos permite no sólo tener una relación con los asuntos cotidianos y ordinarios, sino también los que tienen que ver con la actividad permanente del ombudsman nacional y de las preocupaciones que algunas organizaciones de la sociedad han expresado, manifestó.

En su intervención inicial, Raúl Plasencia Villanueva destacó que de 2005 a la fecha, se han emitido 12 recomendaciones y se tiene registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables. Existen dos mil 610 casos, y en 612 de ellos, se encuentra la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en la desaparición de estas personas.

Precisó que en 267 casos hay indicios de que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y mil 424 en los cuales no hay intervención de autoridad federal o bien, delincuencia organizada y en 308 hay una investigación donde están involucrados migrantes desaparecidos.

Respecto a las mujeres en reclusión, dijo que en los establecimientos que las albergan se vulneran sus derechos humanos y los de sus hijos, así como los aspectos relativos a la reinserción social, igualdad, trato digno, protección de la salud, legalidad y seguridad jurídica.

Con el objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos o degradantes, en el mismo año se llevaron a cabo 539 visitas en centros de detención.

Por otro lado, subrayó que se radicaron 70 casos por agravios cometidos contra periodistas y comunicadores, en 22 de estos se solicitaron medidas cautelares por parte de la CNDH. En cuento a agravios contra defensores de derechos humanos, se registraron 55 quejas y se emitieron 34 medidas cautelares y 11 asuntos se resolvieron.

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