A dos años de la trágica muerte del niño Ángel Moreno al interior de las instalaciones del estado, expresamos profunda preocupación por la negativa del DIF de Nuevo León a aceptar la Recomendación (001VG/2023) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además la instrucción del Gobernador de impedir que la Directora del DIF Estatal comparezca ante el Congreso agrava las preocupaciones, porque, parece obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia.
Exigimos transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones de cuidado y bienestar que deben tener todos los niños, niñas y adolescentes a cargo del DIF estatal. Exhortamos a establecer un mecanismo de diálogo institucional, con la participación de organizaciones sociales, para implementar acciones que tengan como objetivo garantizar un entorno seguro para la niñez.
Instamos al Congreso a cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de la ciudadanía en general, y en particular, de la niñez, que en este contexto percibimos amenazada debido a la opacidad de una institución que está obligada a ser transparente y rendir cuentas.
Como parte de la sociedad exigimos que las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, que se encuentren bajo el resguardo del gobierno, vivan en condiciones de dignidad y se garantice su interés superior.
Reconocemos el esfuerzo dedicado a mejorar las instalaciones físicas del DIF, sin embargo insistimos en que el cuidado de la población es el aspecto más importante. La verdadera calidad de vida de los niños y niñas radica en preservar su integridad; sin ello, cualquier mejora física al lugar carece de significado real.
La muerte de un niño es inaceptable, especialmente si sucedió en una institución del gobierno donde su responsabilidad es velar y procurar la integridad física y emocional de quienes tiene bajo su cuidado.
