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Sufrimos nueva dictadura; hoy, de la Suprema Corte

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Silabario de política

Moisés EDWIN BARREDA

 

Si bien los mexicanos optamos en julio del 18 instaurar la democracia real y hacer efectiva la división del poder en tres entes con sendas autonomías, no se logró el equilibrio entre éstos y sí padecemos la dictadura del Judicial so pretexto de su autonomía, que es de veras como nunca y, para desgracia de la nación, emplea como ariete al servicio de la oligarquía corrupta y el crimen organizado, que incluye a los bandidos de cuello blanco.

 

Pero no todo para en eso: cuando el ínclito Juan Nepomuceno Silva Meza fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ésta y la UNAM pactaron editar fascículos que explican a “niños, niñas y jóvenes” qué es la Constitución Polítjca de los Estados Unidos Mexicanos.

Se me cayó la cara de asombro porque sus autores subrayan que ese código político prohíbe la discriminación; pero la cometen omitiendo a las jóvenas como personas a ilustrar en ese campo, pues sólo citan “niños, niñas y jóvenes”. Ignoran olímpicamente el epiceno y a la vez lo admiten: jóvenes. Y sí hay jóvenes debe haber jóvenas, ¿o no?

Mas esto pierde aun la mínima importancia cuando se razona que también es útil para ciudadanos y, ¡asómbrese!, los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto último se concluye leyendo los argumentos que esos sujetos esgrimen para justificar su empecinada violación a la Constitución a pesar de ser los responsables de su observancia. La cometen negando reducir sus remuneraciones –sueldos– y así no ganar más que el Presidente, como lo mandata el propio Código Político.

Una de dos: esos individuos desconocen la Constitución o creen jugarnos a todos el dedo en la boca diciendo que “las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no pueden ser disminuidas durante su encargo” y que “incluyen alimentación, transporte, habitación, servicios de salud, entre otros”, aunque son prestaciones, y el artículo 127 constitucional define en sus fracciones iniciales:

“I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

“II. (el remate que les escuece…) Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”.

Y suponiendo sin conceder que tengan razón al argüir que no se les puede bajar el sueldo mientras estén activos, ¿cómo podrían explicar que sea tan fabuloso si el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”, y el 24 de agosto de 2009 se estableció que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior (fracción I), por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente?

Qué desgracia: salimos del neoporfiriato priista y los mercenarios togados nos encajan su dictadura, patrocinados por la corrupta oligarquía manipulada por carlos salinas de gortari mediante sus peones los xoconoztle gonzález y fuerte y constante colaboración económica del Departamento de Estado gringo.

Por una u otra razón –hay varias–, a millones de mexicanos de todas las clases sociales nos pasó de noche que hasta diciembre del 2019 padecimos dictadura de oligarquía instituida por carranza y continuada por la que en 1929 puso en marcha el proyecto de partido politico –PNR– elaborado por el Departamento de Estado estadounidense –Vasconcelos dixit.

El primero en denunciarla –“gobiernos neoporfiristas”– fue Jesús Silva Herzog, luego Daniel Cosío Villegas y, en los últimos años, este escribidor; pero yo hablo abiertamente de dictadura de oligarquía heredera de la fundada por carranza, que se invistió de poderes omnímodos con el consenso de todos los firmantes del Plan de Guadalupe, que luego fue reformado. Quien ha leído y comprendido la historia de toda la época de post revolución a partir de 1916 estará de acuerdo con lo que exponemos.

 

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