Mientras activistas trans se integran a campaña de la candidata a gobernadora apostando a “cambios de mentalidad”, otras aún padecen consecuencias de despidos por discriminación y evidencian freno de derechos en el Congreso
Con información de Carmen Pizano
No existe un compromiso genuino ni una nueva agenda a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ por parte de Acción Nacional, así lo visualizan activistas y personas de este grupo cuyas vidas han sido vulneradas por las omisiones de esta organización política de derecha que ha gobernado Guanajuato desde hace más de 30 años.
“Tiene más derechos un perro que yo”, expresa Kaheli a este medio. La historia de hostigamiento e impunidad que padeció la mujer trans como colaboradora de un gobierno panista, es de acuerdo con ella, reflejo de la incongruencia del partido.
En pleno proceso electoral, este partido tiene como protagonista a una joven política que peleará la gubernatura, y que ha mostrado concesiones que aparentan acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexogenérica, pues en el fondo su partido mantiene bloqueadas las legislaciones para garantizar derechos.
Como el más reciente ejemplo, la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, 16 de ellos representantes de la entidad, intentaron sin éxito frenar la iniciativa de ley para sancionar penalmente los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
En campaña, la candidata Libia Denisse García ha mostrado guiños con la población LGBTIQ+ para posicionar una nueva cara del PAN en Guanajuato. Pero en el ámbito electoral, el PAN estatal impugnó las acciones afirmativas que exigían a los partidos cuotas de personas de la diversidad sexual en las plantillas para los 46 ayuntamientos. “Fue una resolución hecha con los pies”, dijo en su momento el dirigente Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares.
En febrero pasado, en una votación histórica fue aprobada la Ley de la Diversidad Sexual y de Género en la entidad. Con excepción de las legisladoras Cristina Márquez Alcalá y María de la Luz Hernández que se ausentaron de la sesión, la bancada del PAN se sumó al voto unánime de reforma que representa un gran paso para las colectivas y asociaciones impulsoras que sacaron lograron sacar de la “congeladora legislativa” una iniciativa pausada durante 4 años.
Salvo esta nueva ley, al menos 20 iniciativas han sido archivadas por la mayoría legislativa de Acción Nacional. El grueso de los dictámenes fueron congelados por la comisión de Justicia, presidida por la diputada Cristina Márquez, quien después de dos periodos como diputada local, busca la diputación federal forzada por su partido político, que le quitó la intención de reelegirse.
Entre los pendientes, se encuentra garantizar el matrimonio igualitario desde su reconocimiento en el Código Civil; el derecho a la identidad de género; sancionar penalmente las “terapias de conversión”; tipificar los crímenes de odio en el Código Penal, así como la atención focalizada al acoso escolar motivado por preferencia sexual o identidad de género.
En el estado habitan más de 227 mil 957 personas sexodiversas, según datos arrojados en 2022 por la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI. Esta población corresponde al 4.9 de la población de la entidad y equivale a las poblaciones de los municipios de San Miguel de Allende y Moroleón juntas. La encuesta de este instituto es la única en su tipo a nivel nacional y es el estudio más reciente realizado hasta la fecha.
Las deudas legislativas y sus profundos efectos en las vidas de las personas LGBTIQ+ fueron retratados en un documental de la organización neoyorquina Human Rights Watch, que cuenta con los testimonios de una decena de personas transgénero, como la activista y actriz Ivanna Tovar, y Kaheli, una profesionista despedida en el año 2020 de la administración municipal de Guanajuato capital, encabezada por Alejandro Navarro Saldaña, luego de transicionar a su nueva identidad.
En entrevista para POPLab ambas mujeres, quienes son referentes para otras personas transgénero en la entidad, coincidieron en que el nuevo rostro del PAN no es más que una simulación de “buenas intenciones” que instrumentaliza a un movimiento que con empeño ha conquistado derechos en este y otros territorios.
“Con todas las acciones que han llevado históricamente en el estado de Guanajuato hacia las diferentes poblaciones de la comunidad nos ha mostrado una postura, y no ha cambiado esa postura (…)Tienen como una falsa agenda que manejan de dientes para afuera y claramente no son personas que estén comprometidas realmente ni con esta lucha ni con estas causas”, dijo la artista Ivanna Tovar en entrevista para este medio.
La trayectoria de Ivanna es trascendental para entender la ferocidad con la que las personas de la diversidad sexogenérica deben enfrentar las omisiones de las autoridades que, por falta de voluntad o ideologías que no deberían interferir en sus funciones, han negado derechos a esta población.
En 2017, Ivanna se convirtió en la primera persona trans en recibir su título como Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guanajuato, tras migrar a la CDMX para modificar su identidad legalmente. Sin embargo, tuvieron que pasar 5 años para que en Guanajuato el registro civil diera validez legal a su nueva acta de nacimiento.
La activista, que ha visibilizado la lucha de las mujeres transgénero a través del teatro cabaret desde hace casi una década, considera que confiar en la “nueva agenda” de Acción Nacional es “dar un salto de fe”.
Entre 2022 y 2023, Ivanna estuvo detrás -de la mano de la organización Amicus- del litigio estratégico que tuvo como resultado una ley para otorgar recursos públicos desde el estado a diversos rubros de interés para las personas LGBTIQ+. No obstante, en el ejercicio fiscal 2024 el presupuesto otorgado para el proyecto ejecutivo de una clínica especializada en atención a esta población fue inicialmente de 1 millón de pesos. Fue una reserva del diputado panista Martín Camacho la que elevó con su aprobación este recurso a 11 mdp.
“Todos los avances representan un pasito más para esta lucha colectiva que lleva años y que llevamos mucho tiempo trabajando desde distintas trincheras, entonces todo paso positivo suma. Sin embargo, no hay que darle el crédito a las personas que han sido los principales opositores, si se avanza en el Congreso es porque hay toda una carga de presión social detrás, hay una lucha constante fuera de estas puertas en las que seguimos poniendo muchas personas la cara, el cuerpo, la voz”, precisó la activista.
Oportunismo electoral
Durante el arranque de su precampaña en noviembre pasado, rodeada de banderas de las distintas identidades y preferencias sexuales, la entonces precandidata a la gubernatura, Libia Denisse García, anunció que la población LGBTIQ+ “tendrá espacio en su gobierno”, apelando a una “reinvención del PAN” en la que no se han especificado las acciones que la política está dispuesta a implementar. En aquel evento estuvo acompañada del exgobernador y candidato a senador, Miguel Márquez Márquez, político afín a la extrema derecha en Guanajuato.
Mientras tanto, diputados federales guanajuatenses que buscarán el voto nuevamente para un cargo de elección popular por Acción Nacional, mostraron la cara más rancia del partido al sumarse al voto unánime de este grupo parlamentario contra iniciativa que busca la prohibición y sanción penal de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, conocidos por sus siglas como ECOSIG, o coloquialmente como “terapias de conversión”.
Los legisladores Jorge Espadas, Juan Carlos Romero, Fernando Torres Graciano y Saraí Núñez Cerón son algunos de los perfiles que representan a la entidad en la cámara baja y que buscarán reelegirse o ir por un cargo en el Congreso de Guanajuato.
En una declaración para este medio, el diputado Jorge Espadas Galván, representante del Distrito 11 en León, sostuvo la postura de su partido en el pleno, y reiteró que votó en contra del dictamen de las Ecosig “por la criminalización de madres y padres de familia y personal médico que busquen terapias o prácticas relacionadas con la exploración de las preferencias sexuales, siempre y cuando éstas sean llevadas a cabo en un contexto de respeto absoluto hacia la dignidad de los jóvenes”.
En lo local, políticos como el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, y su esposa Samantha Smith, que es candidata del PAN al mismo cargo, han instrumentalizado a figuras de la diversidad sexogenérica para obtener simpatías en sus redes sociales y mostrar la ciudad como un nicho para el turismo LGBTIQ+. Pero en los hechos la administración del panista ha quedado marcada por actos de violencia y discriminación en razón de la identidad de género de una exservidora pública.
En 2020, POPLab hizo público el caso de Kaheli, una mujer transgénero cuya trayectoria de más de 13 años en el municipio de Guanajuato capital fue truncada sin ninguna explicación luego de que inició su proceso de transición. Esta violencia repercutió además en la vida de su exesposa, que también fue despedida sin justificación de la administración, y de sus pequeños hijos que se quedaron sin el sustento de sus progenitoras.
Pese a que dos años después, durante el segundo trienio de Navarro Saldaña, la Prodheg de Vicente Esqueda Mendez acreditó que se violaron los derechos humanos de Kaheli y de su entonces pareja, ninguna de las víctimas ha recibido la reparación del daño, ni mucho menos han recuperado su empleo. Por el contrario, el panista Juan Carlos Delgado Zarate, uno de los funcionarios señalados de vulnerar los derechos de ambas mujeres, fue promovido desde la dirección de Medio Ambiente a la dirección del Instituto Municipal de Planeación.
“Yo sé que todas las instituciones llevan sus tiempos, pero también debemos de tomar en cuenta de que las instituciones de Guanajuato están regidas por un partido, y obviamente como hermanos de partido se tapan unos a otros, sabemos que eso se da hasta las mejores familias”, comentó Kaheli en entrevista para este medio. Su caso está próximo a cumplir tres años en la impunidad.
Desde que fue despedida, la arquitecta de profesión no ha podido incorporarse a un puesto en el que su identidad sea plenamente respetada o donde pueda obtener los ingresos necesarios para la manutención de sus hijos y la hipoteca de su vivienda. Actualmente labora en el turno nocturno del área de producción de una empresa que fabrica medidores de luz.
Aunque tras un amparo Kheli logró modificar su género y nombre legalmente, los documentos que la identifican como progenitora de sus hijos no han sido homologados.
“Yo me siento pues indocumentada, sin mis derechos propiamente, tiene más derechos un perro que yo, porque existe la Ley de Protección Animal, etcétera etcétera, y nosotras no podemos acceder a una (ley), pues a una ley de identidad porque ni siquiera existe, no podemos tener identidad”, lamentó Kaheli.
Buenas intenciones que sólo quedarán en éso, es como interpreta la mujer transgénero las supuestas acciones afirmativas que han surgido de distintos actores políticos del PAN durante la coyuntura electoral en un intento por generar simpatías de sectores de la población con tendencias progresistas.
“Si hacemos memoria, antes de lo sucedido hacia mi persona, en la administración municipal no hubo acciones a favor de la diversidad, luego colgaron banderas del “arcoíris” en el monumento al Pípila, pero sólo para atraer al turismo”, recalcó.
La plataforma Visible, enfocada en documentar agresiones contra personas de la diversidad sexual y de género creada por la organización Amicus, ha registrado desde julio de 2019 más de 266 incidentes reportados por las propias víctimas, testigos, familiares, autoridades u organizaciones. En los registros, las víctimas principalmente manifiestan que no denunciaron previamente ante otra autoridad, por temor o certeza de que “no suceda nada”.
Activismo comprometido con el poder
Desde hace una década, la defensa de los derechos de la población de la diversidad ha tomado espacios públicos como el Congreso local. Mediante organizaciones, asociaciones o a título personal, personas activistas han posicionado sus necesidades ante las y los tomadores de decisiones.
Pero esta lucha empujada desde múltiples trincheras, también ha dejado ver los intereses personales de perfiles que saltaron de la independencia y los ideales a los brazos de un partido político, y luego de otro, incluso cuando estas organizaciones han obstruido el avance de legislaciones que buscan garantizar derechos.
Así lo denunció Ivanna Tovar, que destacó que aunque existen personas que se han mantenido congruentes con el movimiento LGBTIQ+, hay otras que se han prestado a “prostituir” las causas.
“Lamentablemente hay activistas que muchas veces se han prestado a prostituir las identidades, las orientaciones, los movimientos y las luchas. (…) Son personas que no tienen una agenda real con este compromiso social con esta población, tenemos compañeras y compañeros activistas que hemos visto pasar por todos los partidos, que hemos visto que esos partidos les utilizan para la foto, para cargar la bandera en cierto momento y luego les desechan”. señaló.
Rubí Araujo, activista que trascendió por ser la primera regidora trans en la capital y en el estado por el PRD, se ha sumado recientemente a la campaña de la panista Libia Denisse García. Más que un respaldo motivado por la coalición PAN-PRI-PRD que también tuvo efecto en Guanajuato, Araujo dio el espaldarazo a la candidata albiazul por “siempre mostrar apertura a los temas de diversidad”, confesó en entrevista para este medio.
En 2021, Rubí buscó convertirse en la primera diputada transgénero en el congreso local abanderada por Movimiento Ciudadano. Pero meses después, fue nombrada como encargada del área de atención a grupos vulnerables y diversidad por el alcalde Alejandro Navarro, luego de que la propia activista criticó la falta de compromiso del político y la instrumentalización de la causa LGBTIQ+ para promocionar la imagen de él y de su esposa, Samantha Smith, hoy candidata a la presidencia de la capital, a quien también ha externado su apoyo.
Ahora, como militante del PAN, Rubí Araujo dijo ser crítica de las posturas de compañeros de partido como los diputados federales que votaron en contra de los Ecosig. Pero sostiene su respaldo al proyecto de Libia García, con la expectativa que “así como a ella le cambió la mentalidad, todos los actores de Acción Nacional quieran o no quieran pues tienen que cambiar la mentalidad para una mente más inclusiva”.
“Creemos que (Libia) realmente tiene la bandera de la diversidad y que no anda con medias tintas y que no nos utiliza de relleno”, sostuvo.
Comisión de Justicia concentra rezago legislativo
Para que pueda avanzar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+ en Guanajuato, ha sido necesario ceder a las limitantes que impone la mayoría panista en el Congreso local. Así ocurrió en la aprobación de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, aprobada en febrero pasado, que marginó de la propuesta original la creación de un instituto dentro de la administración estatal enfocado a atender a la población de la diversidad sexual.
La propuesta de ley presentada por el PVEM desde la Legislatura pasada con la creación del instituto fue avalada por personas de la comunidad de la diversidad sexual y por Morena, a través de David Martínez Mendizábal, presidente de la comisión de Derechos Humanos que revisó la propuesta legislativa, pero al final quedó como una dirección adscrita a la Secretaría de Gobierno.
“Cuando se elabora una iniciativa hay dos caminos: la primera es proponer todo lo que uno puede pero sabiendo que el PAN la va a rechazar, y la otra es ir construyendo la iniciativa para que pueda ser aprobada por los grupos parlamentarios”, aceptó Martínez Mendizábal.
El diputado sostuvo que desde la comisión de Derechos Humanos “hicimos lo máximo posible” con la nueva legislación, aprobada el 15 de febrero pasado con las campañas políticas en marcha y previo a que varias diputadas y diputados solicitaran licencia para ir a pedir el voto en busca de la reelección o de otro cargo público.
La nueva ley precisa los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género: derecho a la libertad, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad y a la seguridad personal y colectiva; a la certeza jurídica y al acceso a la justicia; a la salud; a la educación; al trabajo y a las garantías laborales; a la participación política; sexuales y reproductivos; a la igualdad y no discriminación; y culturales.
Sin embargo, para el reconocimiento de todos los derechos enunciados en la Ley de la Diversidad Sexual tendrían que hacerse reformas a Código Civil o al Código Penal desde la comisión de Justicia, presidida por la panista Cristina Márquez Alcalá, que tiene en la congeladora al menos 20 iniciativas por la población de la diversidad sexual.
La panista que se ha resistido a llevar al debate propuesta a favor de la comunidad LGBT+, está por solicitar licencia a su cargo para ir en busca de la diputación federal. Aunque ella buscó la reelección por un tercer periodo en el Congreso local, el PAN la “bajó” de la candidatura por la diputación local.
En entrevista con POPLab, Cristina Márquez Alcalá, evadió responder sobre la resistencia en la comisión para atender las iniciativas que están en el olvido.
“Tenemos pendientes de varios temas que tendremos que estar analizando en su momento y con mucho gusto les estaremos proporcionando la actividad de la comisión”.
Márquez Alcalá optó por hablar de las reformas al Código Penal relacionadas a la atención de la violencia de género y lesiones que fueron aprobadas en la comisión, evitando los pendientes con la población de la diversidad sexual.
“Vamos a analizarlas en el momento debido”, respondió al insistir.
POPLab: ¿Cuándo es el momento debido?
Cristina Márquez: Vamos a continuar con los trabajos. Le agradezco mucho.
La diputada panista intentó dar por terminada la entrevista, pero al preguntarle sobre el tiempo que estará al frente de la comisión de Justicia y si se separará del cargo de diputada local para irse a campaña por la diputación federal, respondió que está por solicitar licencia a partir del mes de mayo, aunque su campaña por la curul federal inició hace más de un mes.
POPLab: ¿Es por convicción personal que no se abordan estos temas de la diversidad en la comisión de justicia?
Cristina Márquez: No, no tiene nada qué ver la convicción personal.
POPLab: Entonces, ¿es un tema de grupo parlamentario?
Cristina Márquez: Mire, estoy trabajando en una comisión donde se atienden muchísimos temas. Le reitero, el día de hoy aprobamos un dictamen donde los temas fundamentales y trascendentales que tienen que ver con el Código Penal se atienden de una manera transversal y general, lo mismo que el tema familiar que también es un dato que debemos tener en cuenta. En ese sentido seguiremos avanzando.
El coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal, aseguró que habrá avances legislativos para la población de la diversidad sexual cuando el PAN deje de ser mayoría en el Congreso local.
“Todo depende de la composición del Congreso y en este sentido, en Derechos Humanos lo que hicimos fue lo máximo posible… Que faltan cosas (en la Ley de la Diversidad), pues sí, pero todos los derechos humanos son progresivos, todos son progresivos y se tiene que armonizar y reestructurar las instituciones para que respondan a estos derechos, pero se requiere una composición distinta”.
Melissa Esquivias
@esquiviases
