ROMPECABEZAS
Abel Luna
& Hora de la verdad
& Zorrilla y Caro
Mientras los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigan insistiendo en que regresarán al Zócalo capitalino en días próximos la escasa credibilidad que han logrado caerá verticalmente, porque de acuerdo con diversas estadísticas la mayoría de la población capitalina ya está hastiada de sus movilizaciones, plantones, obstrucciones de vías públicas y que culminaron con el desalojo de las fuerzas de la Policía Federal, encabezada por el Dr. Manuel Mondragón y Kalb, y las de Seguridad Pública del Distrito Federal, por el Dr. Jesús Rodríguez Almeida; pero todo ello sin dejar de lado las pérdidas millonarias que han ocasionado a los comerciantes de las áreas cercanas al Zócalo, que al parecer ya serán resarcidas mediante acuerdos con el Secretario de Gobierno, Humberto Serrano.
Entre las medidas legislativas ya en marcha se señala que serán terminadas “las comisiones” a los maestros, una de las fuentes de grandes capacidades económicas y políticas durante la era de Elba Esther Gordillo Morales, al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien, por cierto, viene a la memoria, el 10 de agosto de 2010 dijo a la prensa que había 10 mil 279 comisionados en actividades sindicales, es decir el 0.82 por ciento del total del magisterio, porcentaje que de acuerdo con las cifras que en ese momento manejaba la Secretaría de Educación Pública, entonces encabezada por Alonso Lujambio Irazabal. Inclusive, Gordillo agregó a lo anterior que “muchos de los comisionados no están en el SNTE, están en las propias oficinas de la Secretaría de Educación, están comisionados para ver (sic) educación básica; están comisionados para múltiples acciones, pero no en el SNTE”.
Frente a la insistencia de que los maestros serán despedidos de sus empleos, podemos leer en el Artículo Octavo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala textualmente que el personal “que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el Artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”. Con esto puede notarse aquí, claramente, la serie de falacias que los líderes de la CNTE han dispersado “entre sus bases” para entrar en la fase de búsqueda de prebendas políticas, las que, de acuerdo con algunas especulaciones, sería la obtención del poder sindical pleno, ahora que Gordillo Morales ha sido desplazada de las decisiones.
El Artículo 76 de la misma Ley precisa que si el “personal docente, el personal en funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior, incumple con la asistencia a sus labores por tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas…” ¿Entonces qué está esperando las instancias y autoridades correspondientes para la aplicación de las leyes, que ya han sido aprobadas por los congresos estatales y promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto?
La noche del pasado día 11 de este mes salió del Reclusorio Oriente el extitular de la Direccción Federal de Seguridad Pública, José Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado por la muerte del periodista Manuel Buendía Téllezgirón, (ocurrido el 30 de mayo de 1984) autorizado para seguir cumpliendo su condena a 35 años en su domicilio particular como consecuencia del deterioro de su estado de salud.
En febrero de 1985 Zorrilla Pérez fué postulado candidato a diputado por el Distrito I de Hidalgo, por el Partido Revolucionario Institucional, pero al trascender el error fue declinada esa posibilidad ya que entre su pasado aparecen nexos con el narcotráfico al comprobarse que protegió a Rafael Caro Quintero mediante la entrega de credenciales de la propia DFS, y quien, paradójicamente, fue liberado el pasado 6 de septiembre y que cumplía una condena de 40 años; y lo cual fue interpretado como un “madruguete” a la Procuraduría General de la República, hoy dirigida por Jesús Murillo Karam, quien, a su vez, comprometió en reciente visita a los Estados Unidos que el delincuente de origen jalisciense será recapturado.
En aquel tiempo el secretario de Gobernación y hoy senador de la República por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, decidió la cancelación de las credenciales firmadas por Zorrilla Pérez, como parte, aseguró, de la política fundamental del actual gobierno de atacar la corrupción “donde quiera que se encuentre, al nivel que alcance. Ni la ocultamos ni la encubrimos; ha habido tiempos y lugares en que se consideró prudente, práctico, hacerlo, pero ahora ya no.”
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