El Senado hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, los gobiernos de los estados y jefe de gobierno del Distrito Federal, para que realicen las investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas que hayan recibido y que estén dentro de su respectivo ámbito de competencia.
Exhortó también a la Secretaría de Gobernación para que en un plazo de 15 días naturales remita un informe de todas las dependencias, entidades y órganos desconcentrados y descentralizados que integran el Gabinete Especializado de México en Paz, en el que se detallen las acciones que pretenderán, a fin de prevenir, combatir, atender y eliminar este fenómeno.
También exhortó al Ejecutivo Federal para que expida a la brevedad posible el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que se contemple la posibilidad que el registro contenga datos de ADN de esas personas extraviadas o desparecidas o de sus familiares.
“La desaparición de personas es un problema de alcance nacional que afecta gravemente la unidad familiar y social, menoscaba el respeto de los derechos humanos y merma la posibilidad de que exista un Estado de Derecho constitucional y democrático”.
Es por ello que se busca que esta problemática sea atendida de manera integral y coordinada, con la corresponsabilidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, ya que es una tarea que debe estar en permanente renovación para encontrar cada vez mejores formas de atender a la población que sufre este tipo de problemas.
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben coordinar acciones y compartir información que permita atender este tipo de casos en el país”.
