Heriberto Velasco Castañeda
El 11 de septiembre de 2013 el gobierno federal publicó los decretos para la implementación de las leyes secundarias que regularían las reformas hechas en febrero de 2012 al artículo tercero constitucional. En ese mismo mes, Peña Nieto inició una serie de reformas estructurales para, según él, dar certeza al desarrollo del país y la reforma educativa fue su punta de lanza. Desde entonces el gobierno federal vendió al pueblo mexicano y al mundo, la idea de que esta sería la solución al rezago histórico del país pues estaba destinada a prestar un servicio educativo de excelencia.
Para tal propósito se publicaron tres leyes reglamentarias, la que reforma la ley general de educación, la del servicio profesional docente y la que regula la creación del Instituto Nacional de Evaluación, INNE. Sin embargo, el mismo gobierno centró la solución del rezago histórico educativo en la evaluación al docente y erigió a ésta como el “corazón” de la reforma, para tal efecto, creó la ley general para el servicio profesional docente que “establece los criterios, los término y condiciones para el ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio” y aquí comenzaron los problemas en todos los ámbitos.
En el ámbito magisterial el gobierno olvidó organizar un período de promoción y conocimiento de la ley entre los maestros para que conocieran su contenido y supieran cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones emanadas de esta disposición legal. Cada quien la interpretó como quiso, el gobierno dijo que mediante ésta se buscaría que el docente prestara un mejor servicio y ellos dijeron que se quería privatizar la educación, desaparecer sus derechos y correrlos, que perderían su plaza, pero nada de esto dice la mencionada ley.
En el artículo uno dice que tiene por objeto: I. Regular el Servicio Profesional Docente en la educación básica y media superior; II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y; Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio profesional Docente.
La misma ley su artículo octavo transitorio dice que si no se alcanza el resultado de suficiente, no será separado del servicio y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio ¿Cuál servicio? Pues un maestro está contratado para prestar el servicio educativo, por lo que dentro del mismo ramo sería reasignado. Y para los entendidos en el derecho, existe jurisprudencia sobre la “inamovilidad” que dispone que ningún trabajador se le puede quitar la categoría que tiene, ni bajar el salario que devenga a no ser por cuestiones disciplinarias, como faltas y retardos.
Dicha ley establece cuatro tipos de evaluación, para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. La de ingreso establece el proceso de acceso formal al servicio profesional docente; la de promoción es el acceso a una categoría, o nivel docente, superior al que tiene; la de permanencia se refiere continuidad en el servicio educativo, con pleno respeto a los derechos constitucionales, y; la de reconocimiento se refiere a distinción, apoyos y opciones de desarrollo profesional.
Y como verá, evaluar al docente, en cualquiera de las cuatro opciones, no implica que como producto de tal acción, se promocione un servicio educativo de excelencia; sí puede ser que para que el docente obtenga el estatus de suficiente se prepare, estudie, investigue o se actualice, lo que no necesariamente implica un mejoramiento en su práctica. Y lo que es peor, tampoco implica que tenga mejores condiciones de trabajo para construir el conocimiento con educando, así como tampoco implica que haya la propuesta de construcción de nuevos planes y programas de estudio para prestar un servicio educativo de excelencia, y no lo implica porque simple y llanamente la misma ley no lo prevé.
Entonces, desde mi punto de vista, esta ley no es una reforma educativa, sino administrativa y solamente obedece a las disposiciones de la OCDE, que ordena a sus miembros adelgazar la carga burocrática para dedicar esos recursos a otros fines. Por lo anterior, sí creo que debe ser revisada si se quiere mantener como reforma educativa y debe tomarse en cuenta lo que los teóricos modernos de la pedagogía de la educación proponen para alcanzar una educación de excelencia, o sea, evaluar con fines remediales la currícula y el acceso a la currícula en todos los niveles.
Y si se decide dejarla como está, también debe revisarse por la sencilla razón de que no se puede evaluar con el mismo racero a un docente que labora en medios urbanos más desarrollados y al que trabaja bajo un árbol de ceiba en la selva. Incluso la misma ley del servicio abre la puerta a esa revisión; en el mismo artículo primero párrafo cuatro se establece que dicha ley no será aplicable para el CONAFE, para las instituciones de educación para adultos y las que se contemplan en la fracción VII del artículo tercero constitucional, o sea las instituciones que se les otorga la autonomía.
Y por qué se excluye a estas instituciones, porque tienen características especiales y administración propia. O sea, sí hay excepciones ¿Usted cree que los cuatro estados más pobres del país no pueden ser también una excepción por las grandes diferencias? Además el gobierno debe dejar de dar el carácter punitivo a la misma, porque la evaluación debe ser remedial y no coercitiva.
Como verá este análisis está centrado en leyes, o sea en el aspecto formal de la reforma y no en cuestiones de valoración de características propias de nuestra cultura, como son la corrupción, la confiabilidad en las instituciones oficiales y, sobre todo, la certeza de que el gobierno procede con honestidad. ¿Quién nos puede garantizar que el INNE tenga la capacidad de evaluar correctamente en poco tiempo más de un millón y medio de hojas escritas por los docentes evaluados? ¿Quién ofrece la certeza de que los resultados de la evaluación son manejados con absoluto apego a la ley? ¿Quién nos dice que los resultados son manejados con pulcritud y honestidad por todas las autoridades involucradas en la evaluación? Si Usted plantea estas preguntas a cualquier mexicano verá que nadie confía en el gobierno.
Y para rematar, bien se puede analizar el sustento teórico metodológico de la evaluación de permanencia, tal y como está planteada por el INNE. Al respecto en la ley originalmente se plantea una evaluación “in situ” o sea en el lugar en el que sucede el hecho educativo, pero de inmediato el gobierno se dio cuenta que no podría evaluar de esa forma a más de un millón y medio de maestros, por lo que el INNE aceptó públicamente su incapacidad y dijo que aplicaría una evaluación estandarizada en cuatro etapas.
De golpe y porrazo, teórica y pedagógicamente la evaluación se vino abajo y perdió su objetivo original, convirtiéndose en una evaluación cualquiera. Pero ni así ha podido el gobierno evaluar ni a la décima parte de los maestros de México a más de un año de iniciado el proceso.
La forma original de evaluar era la perfecta para mejorar el servicio educativo, pues de esa forma se iban a conocer y atender las circunstancias en la que trabajan los maestros y así sí era posible evaluar a un docente de centros urbanos desarrollados y los que trabajan en la selva, pero ahora con la evaluación estandarizada, ese docente que labora en la selva, bien puede ser llamado a la ciudad, incluso a otro estado, y ser evaluado, o sea, no es confiable ni válida la valoración.
Finalmente algo irrefutable, una ley se crea para bienestar y mejoramientos de los gobernados, del pueblo, ¿Esta ley ha propiciado bienestar en más de tres años de publicada? ¿En cuántos puntos se ha superado el rezago educativo? ¿En los estados en que se ha aplicado la evaluación, el servicio educativo ha cambiado? ¿Ya pagó el gobierno los estímulos y aumentos que se comprometió Nuño Mayer a los docentes que obtuvieron el nivel de excelencia en la evaluación de permanencia? ¿Cuándo presentará Nuño el nuevo modelo educativo para México que anunció en diciembre pasado y que dijo se conocería en febrero? ¿Se arriesgará el gobierno a mantener este estado de inconformidad social para el 2018?
