Columnaria
Juan Chávez
No hay coincidencias en política, aunque por conveniencia se asegure lo contrario.
La difusión de la pena impuesta a un militar de muy alta graduación surge como un lavado de manos y dirigida, más que nada, a descargar la fuerza que el caso Ayotzinapa ocupa en los medios y en la decisión de la PGR de investigar a fondo a los funcionarios que intervinieron en la cuestionada diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan.
Y no es que cuestionemos la sentencia de 52 y medio años de prisión al general de brigada Manuel Moreno Aviña. Es merecida. Estaba acusado de tortura y de haber ordenado la incineración de un civil.
El Consejo de la Judicatura Federal, en nota informativa deja fuera de duda la sanción impuesta por primera vez a un general:
“Por órdenes directas del sentenciado, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos”.
El general Moreno Aviña se desempeñaba como comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua.
Con ese cargo ordenó torturar a la víctima detenida el 25 de julio de 2008 como sospechoso del asesinato de un efectivo del Ejército, y que murió al día siguiente como resultado de los toques eléctricos aplicados en su cuerpo.
Muerta la víctima, el general fue más lejos: ordenó incinerarla.
El juez Décimo de Distrito en Chihuahua, René Ramos Pérez le impuso la sanción dada a conocer ayer en busca de abrir un paréntesis en el traqueteo que The New York Times se trae contra la justicia mexicana y el presidente Peña, y a la que ayer se sumó el semanario británico The Economist.
La sentencia obliga a la secretaría de la Defensa a ofrecer una disculpa pública, aceptar la responsabilidad y dar garantía de “no repetición”.
También Sedena deberá pagar más de 250 mil pesos a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima y “restablecerle dignidad y reputación”.
El caso contra el general Moreno Aviña propició dar a conocer que de 2013 a 2015 la justicia castrense ha impuesto penas a más de 600 militares. Más agua a las manos …
