Ayutla de los Libres, en Guerrero, comienza una nueva época al elegir a sus representantes municipales a partir de usos y costumbres indígenas, sin partidos políticos pero sin confrontarlos.
Al proceso electoral por el que atravesó México el pasado 1 de julio, no sólo le sucedieron cambios en los partidos que ocuparán los puestos políticos de la siguiente administración federal. Este 15 de julio, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, ocurrió la elección de autoridades municipales a partir de la normatividad indígena, es decir, por usos y costumbres, como es conocida esta forma.
A pesar de que en todo el país concluyeron los comicios electorales, en este municipio se llegó al acuerdo entre autoridades estatales y representantes de las 140 comunidades que componen la demarcación, para que la elección de las nuevas autoridades se llevara a cabo, excepcionalmente, fuera del calendario nacional.
La razón: se inaugura una nueva forma de gobierno en Ayutla. Un sistema en el cual una asamblea compuesta por 280 representantes titulares –140 hombres y 140 mujeres (más 280 suplentes)– es la máxima autoridad y de la cual se desprenden tanto el Concejo de Gobierno como el Concejo de Seguridad; del primero dependerán los rubros de la administración pública como salud, educación y cultura.
De esta forma, este municipio se convierte en el primer ejemplo de gobierno en Guerrero sustentado en la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, llevando a la práctica el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo 2 de la Constitución Mexicana y los artículos 11, 124 y 128 de la Constitución de Guerrero, mecanismos jurídicos que argumentan a favor de la autonomía política de los pueblos originarios.
Bajo esta lógica, el resto de pueblos indígenas en Guerrero podrían solicitar el cambio en la forma de gobierno y dejar atrás el multipartidismo, sin entrar en confrontación, sino como la aplicación de un instrumento legal y legítimo: “Ayutla se convierte ahora en un referente para que los pueblos indígenas ejerzan, legalmente, lo que ya están haciendo por la vía de los hechos”, afirma Bruno Plácido, figura polémica de la lucha indígena local vinculado a la construcción de proyectos de seguridad comunitaria.
Jornada electoral multitudinaria
Desde muy temprano, habitantes de las comunidades me’pha, ñu savi, afrodescendientes y mestizos se trasladaron hasta la cabecera municipal de Ayutla para vigilar la legalidad del proceso de elección de autoridades municipales. Al llegar a esta ciudad, hombres y mujeres, portando su vestimenta tradicional, se encontraron con un fuerte dispositivo de seguridadque incluía a diversos cuerpos policiacos y al Ejército.
La sede en donde se desarrollaría la asamblea de elección estaba resguardada por las corporaciones de seguridad del Estado, mientras que las policías de los sistemas de seguridad y justicia ciudadanas cumplieron el pacto de civilidad y se replegaron. Sólo representantes de las comunidades, prensa y observadores nacionales e internacionales pudieron ingresar a la unidad deportiva.
Detrás de estas instalaciones, la mayoría de las personas se congregaron para llevar a cabo una suerte de verbena popular: instalaron algunas pantallas para seguir la transmisión de la asamblea, se vendían ‘chilates’ (bebidas refrescantes a base de cacao), hubo danzas indígenas y alrededor de 2.000 personas se mantuvieron atentas al desarrollo de la asamblea.
Sería alrededor de las 4 de la tarde que los resultados finales serían dados a conocer, dando por concretada la conformación del gobierno municipal por usos y costumbres. A mano alzada y bajo una estricta certificación por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), se concretó el Consejo Municipal Comunitario y el Consejo de Seguridad y Justicia.
Dicho gobierno se regirá a partir del reconocimiento de tres pueblos que componen el municipio, de tal forma que para cada uno de ellos los representantes son las siguientes personas: por la región ñu savi se eligió a Longino Julio Hérnandez; por el pueblo mestizo quedó electa Patricia Ramírez Bazán; y por la región me’pha se eligió a Isidro Remigio Cantú.
Un cambio de gobierno con historia de lucha social
Tal vez sea la creación del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena en 1992, o las masacres de Aguas Blancas y El Charco en 1995 y 1998, o la desaparición de 43 normalistas en 2014, pero este proceso de conformación de un nuevo gobierno no es nuevo. Así lo afirman habitantes, autoridades, representantes y quien haya pasado al menos los últimos 20 años en Guerrero.
Y siguiendo la línea de los momentos que han marcado al movimiento social, en 2014 se comienza una serie de gestiones para que Ayutla logre el reconocimiento jurídico de un gobierno de usos y costumbres que colocara al frente a la asamblea como máxima autoridad. Acompañada del abogado Manuel Vázquez Quintero, la población de esta alcaldía llevó a cabo consultas, trámites, demandas, gestiones y finalmente logró su objetivo.
Bruno Plácido Valerio, uno de los luchadores sociales más conocidos en la entidad, estuvo presente en Ayutla y con mucha discreción fue testigo de la elección en asamblea de las nuevas autoridades municipales. Para él este proceso viene de años atrás:
“Este es un proceso que han demandado históricamente los pueblos y hoy, ante toda la debilidad institucional y la compra del poder, es el momento de ejercer este derecho que tenemos de gobernarnos, es un proyecto que no es de cuatro años sino de mucho más atrás, muestra de ello es el levantamiento armado del Ejército Zapatista [en 1994]”.
Para el también fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), no se trata de un simple cambio de gobierno, sino que “se está jugando la libertad de los ciudadanos que durante muchos años fueron esclavizados, es la restitución de su derecho, es lo que estamos viviendo en Ayutla”.
En la región costeña y en la Montaña de Guerrero, las luchas indígenas tienen décadas de resistencia ante distintas ofensivas represivas y ante las agresiones del crimen organizado, sin embargo, muchas veces es el propio olvido del objetivo central lo que las ha llevado a dividirse, tal y como sentencia Plácido Valerio:
“Nosotros creamos la CRAC [Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias] pero muchos se quedaron confundidos con que era un sistema de policía cuando es un sistema de ejercicio de derechos, todo un proyecto para las comunidades de salud, educación, y que frente a los conflictos actuales ha predominado la visión de seguridad. El proyecto comunitario no es un concepto policiaco, es un concepto de comunidad y su método principal es la asamblea, que es la forma en que las comunidades deciden cómo quieren vivir”.
Al final del día no se reportaron incidentes ni actos de violencia y la jornada se desarrolló con tranquilidad, a pesar de que las personas contrarias a a la nueva forma de gobierno, estuvieron presentes y presentaron sus quejas o propuestas bajo los lineamientos que el propio IEPC certificó.
Un reto inmediato
A pesar de que existe un reconocimiento a la diversidad del municipio, algunas personas afrodescendientes se manifestaron para exigir su reconocimiento y para hacer ver que hay muchas personas que no saben de su afrodescendencia.
Mijane Jiménez Salinas, presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica, fue una de las manifestantes que levantó cartulinas aludiendo a la existencia de población afromexicana. “Algunos de los representantes que están en la asamblea son afrodescendientes pero no se menciona esta pertenencia cuando se habla de la composición del nuevo gobierno”, asegura la activista.
“Estamos –continúa Mijane– apoyando a nuestra representante, que es titular, para dejar claro que estamos presentes como afromexicanas”.
Para el naciente gobierno de usos y costumbres constituye un nuevo reto la inclusión del pueblo afromexicano, quienes reclaman reconocimiento y, por lo tanto, ser considerados de la misma forma que los pueblos indígenas y mestizos, pues es su existencia la que está en juego.
Heriberto Paredes
