En su sesión de este miércoles, senadores y diputados de la Comisión Permanente en una dura critica, exigieron a la Secretaria de Educación Pública, que encabeza Emilio Chuayffet, un informe sobre los datos presentados en la integración del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE).
Esto, debido al ocultamiento, cambio o modificación de los datos después que se presentó el estudio “Mapa de Magisterio de educación básica en México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y en su caso, tendrá que aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, señalaron.
Al presentar el punto de acuerdo, el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury explicó que como parte de la reforma educativa, durante 2013 el INEGI realizó un censo de escuelas, maestros y alumnos, a fin de conocer estadísticamente el sistema educativo nacional mediante la ubicación geográfica de todos los planteles, la situación de la infraestructura instalada, equipamiento y mobiliario escolar, el registro de todos y cada uno de los docentes, personal administrativo y supervisores.
Basado en dicho censo, el IMCO realizó un estudio donde dio a conocer numerosas irregularidades en la nómina magisterial del país e indicó que “existe una minoría de los maestros que percibe sueldos inexplicablemente altos” y que hay docentes que superan los 100 años de edad y siguen cobrando.
Con los datos analizados, el IMCO descubrió que 7 mil 183 docentes de entre 26 y 91 años de edad, ganan más de 100 mil pesos mensuales, sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. De ellos, 70 maestros ganan más de 193 mil 400 pesos al mes, es decir, tienen un salario promedio mayor al del Presidente de la República.
El Instituto denunció que Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas no entregaron a la SEP la nómina de sus maestros, por lo que están violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mientras Baja California Sur, Coahuila, Durango, Tabasco, Chiapas, Colima, Sinaloa y Michoacán entregaron información incompleta.
Lavalle Maury precisó que el IMCO dio cuenta que el 15 de mayo –al siguiente día de la publicación de su estudio– se habían modificado y reemplazado los archivos en los cuales se sustentó su informe, y en los cuales aparentemente ya no existen estas anomalías.
De ser cierto lo anterior, puntualizó, resultaría verdaderamente grave, pues se atentaría contra los más altos principios democráticos, al alterarse la información pública que se ha hecho oficial a través de un instrumento como el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y las bases de datos de nóminas magisteriales del último trimestre del 2013.
Al respecto, el senador priista Omar Fayad Meneses criticó los datos dados a conocer por IMCO, ya que “no es posible que se manipule a la opinión pública mexicana de esa manera con información no corroborada”. “Es ridículo, lo malo es que nos prestemos a ese juego”.
No es posible que permitamos que se haga difamación sobre los maestros y las autoridades sólo porque alguien dice que vio una clave muy sospechosa que decía 121212, en una página de Internet del sector educativo.
Es absurdo que una institución como IMCO pueda difamar a quien quiera y generar “una gran ola a favor de una serie de informaciones que pueden ser falsas, que no han sido comprobadas y que no han tenido un rigor en la investigación”.
El senador Miguel Barbosa Huerta refirió que la reforma educativa fue “una reforma laboral” solamente en la parte política, y se sustituyó el mando de un sindicato, que ha sido efectivo en la operación política y en los resultados electorales del 2006 y del 2012.
El coordinador del PRD aseguró que los gobernadores en los estados, de cualquier afiliación política, siguen regalando y vendiendo las plazas y entregando miles de millones a los sindicatos como cuotas de maestras y maestros como un elemento de cooptación y de control clientelar.
Para el senador perredista Armando Ríos Piter se debe evitar caer en “la frivolidad y en la trivialidad de revisar los números”, pues pareciera ser una competencia de ver quién le pega más a los maestros y a la educación pública.
Al reconocer que el sistema educativo nacional tiene fallas y errores, el diputado perredista Agustín Miguel Alonso Raya consideró que en el fondo de este tema “hay un tufo, un sesgo y una intencionalidad,” de debilitar y desprestigiar la enseñanza pública.
Por el PAN, la diputada Beatriz Zavala Peniche expresó que se debe evitar que la reforma educativa sea “letra muerta”, por lo que es importante que los gobiernos estatales proporcionen la información adecuada con eficiencia y con transparencia.
