Ejidatarios de núcleo agrario “El Bajío” en Caborca, Sonora, solicitaron la intervención del Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el despojo con violencia y en contubernio con autoridades del estado, del Poder Judicial y de la Minera Penmont, de las tierras donde se asienta una mina de oro y plata.
Abel Cruz López, Carmen Cruz Pérez y Erasmo Cruz López, titulares ejidales de los terrenos invadidos con el apoyo de grupos delictivos, señalaron que en esa región de Sonora “se vive una emergencia contra el Estado de derecho donde con impunidad se despoja a los ciudadanos de sus propiedades, con amenazas de muerte”.
Acompañados de sus representantes legales, Rubén Olivares Chávez, Williardo Arturo de la Cruz, expusieron en el expediente que estas acciones de despojo las encabeza Jesús Javier Thomas González.
Asimismo, expusieron que cuando la minera Penmont perdió el juicio con el ejido El Bajío, en 2011, apareció en la escena de despojo Rafael Pavlovich, tío de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Con documentos apócrifos que el Registro Agrario Nacional (RAN) hizo válidos, trató posesionarse de una parcela en el ejido. Así empezó la persecución en contra de los ejidatarios dueños de esos terrenos.
“Existe un claro contubernio con la magistrada Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, y de común acuerdo con la persona moral de derecho privado denominada Minera Penmont”, subrayan.
Señalaron que todos estos han actuado en contubernio con el núcleo agrario “El Bajío” del municipio de Caborca, para explotar y robar desde hace varios años el mineral, es decir oro y plata, que ahí se encuentra.
Expusieron que la minera Penmont, sigue ocupando y explotando de manera ilegal, los dos polígonos, uno de 1,824 hectáreas y otro de 636 hectáreas.
“Solicitamos al presidente López Obrador, que en las próximas semanas visitará Sonora, que visite Caborca y pregunte sobre la grave situación en esta mina, donde de acuerdo a diversos testimonios, Javier de Jesús Thomas, está coludido con grupos armados que operan en la zona y que ha utilizado para apoderarse de nuestros predios”, señalaron.
Exhortaron al Senado a vigilar la actuación de la magistrada Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora quien con complacencia de diversas autoridades municipales, estatales, se han encargado de obstaculizar la ejecución de las diversas sentencias para favorecer a los hoy denunciados.
Así como de evitar la posesión de quienes tienen derecho a las tierras de uso común del ejido “El Bajío” y sus beneficios al concentrar en gran parte de su superficie minerales tales como el oro, plata entre otros.
Alertaron al Presidente, al secretario de Gobernación y al Senado, que con esta denuncia temen también por su vida.
