Mouris Salloum George
La lucha oficial contra la elevada inflación de los últimos años ha sido obstaculizada por los grupos criminales, que operan a lo ancho y largo del territorio nacional. Michoacán es el capítulo de violencia de alto impacto más reciente. En algunos municipios de esta entidad federativa en estos días al menos 22 grupos criminales se disputan el cobro de piso y derecho de tránsito que imponen a más de 20 mil productores y comercializadores de alimentos que conforman la canasta básica.
Las protestas de productores y comercializadores ganaron la atención de los medios de prensa por las violentas reacciones de los cárteles; estos han estado incendiando almacenes y camiones transportistas y disparando contra todo lo que se les cruce en el camino. Todo frente a la ausencia o impotencia de autoridades policiacas y de una Guardia Nacional que se ha visto rebasada.
Aunque los afectados han estado denunciando las extorsiones que padecen, al final acaban cumpliendo las exigencias de los criminales.
El saldo final ha tenido como víctimas principales a los sectores medio y pobre de la población. Estos acaban pagando, con alzas en los precios de básicos, los montos de las extorsiones que sufren los productores y comercializadores; lo cual se suma a los impuestos oficiales que conllevan los productos de la canasta básica, en toda la cadena de siembra, cultivo y comercialización.
Todo eso frente a la inacción de las autoridades, o en connivencia.
Las mafias se han multiplicado y se han venido apoderando de los cultivos más rentables en varias entidades de la federación. Lo mismo en producción agrícola, ganadera, forestal y minera. No escapa nada que puedan exprimir.
Y cómo no poner el grito en el cielo, si los malvivientes exigen a los productores entre tres mil y cinco mil pesos por hectárea, solo como permiso para la siembra. Luego tendrán que pagar otros “derechos”; hasta de tres pesos por kg de producto y 250 a 450 pesos por hectárea cultivada.
El impacto directo en los precios de la canasta básica alcanza los dos dígitos, y hasta 100% de alzas en los precios, como en los casos de limón y aguacate. Para el primero de los mencionados, el costo al consumidor final brincó de 25 pesos por kg a más de 60 pesos; y para el segundo, de 35 pesos a más de 80.
Los organismos como Banxico e INEGI, encargados de las mediciones, sirven de poco para el control de precios; siempre van a la zaga en los registros de las alzas y obtienen promedios engañosos al mezclar los máximos con los mínimos.
Nada de lo dicho es un problema reciente. Desde hace al menos una veintena de años los cárteles de la droga comenzaron a diversificar sus actividades criminales.
Los gobernantes se mantuvieron indiferentes o en franca complicidad, a cambio de jugosos sobornos con cargo a los productores, comercializadores y consumidores.
Hoy el problema es nacional y de urgente solución.
Debe plantearse desde la sociedad civil una exigencia a las fuerzas políticas para que mediante un pacto de unidad el país recupere el estado de derecho.
Sólo así se pondría fin a la actuación criminal inflacionaria, una mezcla letal que provoca sus mayores víctimas entre los más pobres de la sociedad.
