Valija viajera
México, retoma su papel de potencia turística
Alejandra Pérez Bernal
POR DONDE usted quiera verlo, “el acuerdo” que el gobierno impuso a los grupos aeroportuarios y que modifica las tarifas de concesión, dejará una cauda de pérdidas a los empresarios que han invertido en ese sector, así como cifras negativas en sus ingresos, márgenes de utilidad y flujo de efectivo.
Ya lo comprobaremos en los próximos dos o tres estados financieros trimestrales que presenten, una vez que los grupos aeroportuarios del Sureste (ASUR), del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (OMA) hayan validado sus mermas contables y hayan absorbido los más de 65 mil millones de pesos en pérdidas que sufrieron en su valor accionario en las últimas dos semanas.
El anuncio unilateral, que no acuerdo, y que surtirá efecto a partir de 2024 para el cálculo de las tarifas máximas aplicables y diversas modificaciones, rompe con los pronósticos financieros y de inversión que los grupos habían diseñado hasta septiembre de 2023.
Los cambios a la Ley de Derechos, que hicieron efectivas los diputados en la semana que recién terminó -atribución que les compete-, implica un ajuste a las tarifas de concesión que pasa de 5% a 9%.
Sobra decir que el gobierno tiene entre sus prerrogativas elevar los derechos, tasas de impuestos o crear nuevos gravámenes, pero no hubo ninguna exposición de motivos en donde se detallará que los grupos aeroportuarios y aerolíneas jamás recibieron algún apoyo del gobierno durante la pandemia que provocó pérdidas gravísimas a todos los sectores, incluido el de la aviación comercial.
Por el contrario, la actual administración a través de las secretarías de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo atinaron a decir que el ajuste en las contribuciones aeroportuarias sobre los ingresos brutos del concesionario era necesario porque desde el año 2000, las tasas habían permanecido inalteradas, “a pesar de los cambios dinámicos en el sector de la aviación y las economías globales y locales”.
Con esa frase de colofón, se podría decir que “ni la burla perdonan”
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ES CIERTO y es una buena noticia que México se posiciona como potencia turística, como lo ha señalado el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco. También es positivo que en tal presunción se lleve su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Torruco Marqués insiste en que, gracias a la nueva política turística que incluye a la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en 2019, se fortaleció la labor de campañas positivas de nuestra nación en el mundo con el apoyo de las 147 embajadas y consulados de México.
Hay que recordar que hay un Observatorio Turístico Permanente que opera gracias a la red de representaciones diplomáticas de México, y que el titular de Sectur federal ha trabajado intensamente en la promoción turística, desde que terminó la pandemia por Covid-19.
La tarea se duplicó en los últimos dos años con “tiros de precisión”, como Torruco llama a sus acciones, y en la cual se involucraron agentes de viajes, inversionistas, directivos de hoteles, aerolíneas o compañías del ramo, así como otras autoridades.
De cualquier forma, debemos recordar que México ya era una potencia turística desde el sexenio pasado, pues figuraba en el top ten de países más visitados en el orbe, y también debemos resaltar que se ha buscado retomar las cifras de visitantes internacionales y divisas que se tenían en 2019.
Asimismo, hay que decir que el éxito en la tarea de promoción de las embajadas y consulados, hasta el cierre de septiembre, le correspondió a Marcelo Ebrard y no a Alicia Bárcena, la actual titular de la SRE.
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@AlejandraBernal
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