Mientras los priistas en el Senado de la República y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI apuran las concentraciones de apoyo a sus candidatos, el PRD, en voz del senador Miguel Barbosa Huerta, advirtió que ni el presidente Peña Nieto ni los gobernadores han cumplido el Adendum del Pacto por México por el que se comprometieron a blindar el proceso electoral ante la compra y la coacción del voto.
El coordinador de los senadores tricolores, Emilio Gamboa Patrón hizo un llamado para que todos los actores ajenos al proceso se mantengan al margen de las elecciones y no propicien regresiones en la madurez electoral alcanzada en el país.
“El Estado garantiza la libre expresión de las ideas, por lo que estamos ciertos que la jornada del próximo siete de julio reflejará la madurez política que hemos alcanzado los mexicanos y tenemos la certeza de que estarán a la altura de la vocación democrática de nuestro país”, dijo el senador priísta.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, dijo que “el 7 de julio, con el respaldo de las mujeres, llevaremos al triunfo a nuestros candidatos”, Ante unas tres mil mujeres reunidas en apoyo al candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar, la dirigente nacional expresó: “vengo a sumarme a la lucha que han emprendido nuestros candidatos para cambiar la historia de Ciudad Juárez, para tener la historia que Juárez y sus habitantes merecen.”
Por su lado, el perredista Barbosa dijo que la primera jornada electoral, luego de las elecciones federales del 1 de julio de 2012, “pueden dar un duro revés a la democracia y al libre ejercicio del voto por la ambición de poder de los gobernadores priístas en Quintana Roo, Veracruz, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo”.
“Los gobernadores y sus operadores políticos están fuera de control y nadie los detiene. Han tratado de incidir en lo procesos internos de los partidos adversarios desviando recursos públicos a las campañas de sus candidatos”, refirió.
Aseguró que el gobierno federal “no quiere poner un alto” a estas irregularidades cometidas por los mandatarios priistas y las autoridades electorales locales “carecen de la fuerza para impedir la compra, coacción y demás prácticas para inducir el voto”.
