Guillermo Pimentel Balderas
Ciudad de México.- El coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Tonatiuh González Case, luego de deplorar que se cometen diariamente 502 delitos en promedio en la ciudad de México, entre los que se encuentra el homicidio doloso, violación, secuestro y robo con violencia, que son considerados de alto impacto, se congratuló por la modificaciones a la Ley de Seguridad Privada, que garantiza mayor rigor al actuar de los elementos denominados escoltas o “guaruras”.
El priista dijo que debido a la situación de violencia que se vive en el DF, “esta situación ha orillado a que personas morales como empresas, casas particulares, establecimientos mercantiles o personas físicas, como son políticos, artistas, empresarios o cualquier persona pública, decidan contratar servicios de empresas de seguridad privada o escoltas para resguardar su integridad”, expuso.
En entrevista, subrayó que tras la publicación en la Gaceta Oficial del DF, de las modificaciones a la Ley de Seguridad Privada, se garantiza un mayor rigor en la supervisión de la actuación de los equipos de seguridad privad, toda vez que se establecen requisitos y sanciones para el personal de este rubro, conocidos como escoltas.
Explicó que las medidas de rigor para supervisar los servicios de seguridad privada indican que las empresas que presten este tipo de trabajos tendrán la responsabilidad y obligación de cubrir los daños que provoque cualquier elemento de seguridad, si la autoridad así lo considera.
“En caso de que la escolta no cumpla con los requisitos que exigen las leyes de Seguridad Privada y la de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, la empresa, por el solo hecho de haberlo contratado, se hará acreedor de una multa de 3 mil 500 a 5 mil días de salario mínimo”, especificó.
In dicó que en el rubro de requisitos, se especifica que quienes hayan cometido un delito doloso no podrán contratarse como guaruras. Para los casos de lesiones y homicidio por parte del prestador del servicio de seguridad privada, el artículo 37 BIS que se adicionó, estipula que el prestatario deberá denunciar los hechos, inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del presunto responsable, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el Nuevo Código Penal del DF señalan.
“De acuerdo con el artículo 36 Bis, es mandatorio que el personal operativo utilice uniforme, armamento, automóviles y equipo únicamente en los lugares y horarios de servicio, además de conducirse en todo momento con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos de las personas”, apuntó.
El también presidente de la Comisión de Límites Territoriales, recordó que el decreto que publicó el Gobierno del Distrito Federal (GDF) el pasado 26 de junio, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México, son producto de una iniciativa que él mismo presentó con fecha 30 de mayo del presente año, a nombre del Revolucionario Institucional ante el pleno de la ALDF.
El diputado priísta celebró que su iniciativa fuera tomada en cuenta y aprobada por la ALDF pese a la “aplanadora de la bancada perredista” que hasta el momento había bloqueado las propuestas de grupos parlamentarios ajenos al PRD.
