Francisco Gómez Maza
· Hay que tomar en cuenta que Ecuador es patiño de EU
· Aparece la Corte más como Amicus Curiae que como juez
Análisis a Fondo
La Corte Internacional de Justicia se hizo guaje en el caso de la agresión armada perpetrada por el gobierno de Ecuador en contra de la soberanía mexicana, en su embajada diplomática en Quito, ocurrido el pasado 5 de abril, y únicamente se refirió a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas establecida en la Convención de Viena. Pero no castigó. Sin Embargo, esa violación de la soberanía mexicana en territorio ecuatoriano requería de un castigo ejemplar de parte de la CIJ, como lo solicitó el gobierno de México. Pareciera que los ministros fueron obligados por el gobierno de Estados Unidos, ya que el gobierno ecuatoriano es uno de los patiños del Departamento de Estado a cargo de Antony J. Blinken, en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La Cancillería mexicana informó que la CIJ sí confirmó que Ecuador tiene la obligación de garantizar el respeto y protección de la embajada mexicana, así como de sus bienes y archivos, pero esta declaración de los ministros no es suficiente. El gobierno de Ecuador cometió varios delitos en contra de México. Delitos y graves: El allanamiento perpetrado por la policía ecuatoriana no fue cariñoso y tierno. La policía rompió con violencia la entrada al edificio donde, por derecho de la embajada, estaba asilado el vicepresidente progresista de Ecuador, el ingeniero Jorge Glas, a quien prácticamente secuestraron, violando el derecho de asilo diplomático. Simultáneamente, los policías ecuatorianos agredieron al personal mexicano y especialmente al jefe de la cancillería, Roberto Canseco Martínez, a quien violentaron con lujo de fuerza bruta.
Y de ninguna manera es suficiente la decisión de la CIJ. Los ministros no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, de que la agresión del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana fue violenta, con las armas listas para disparar. El allanamiento fue como declararle la guerra a México, a través de los diplomáticos mexicanos. Además, los policías no podían sacar del asilo a Glas, estando bajo la protección de las leyes mexicanas. México le había concedido el asilo diplomático. Muchos recordarán cuando el golpe de estado perpetrado por el general Augusto Pinochet en Santiago, República de Chile, la embajada mexicana se llenó de perseguidos políticos chilenos. Y siendo tan criminal el golpista Pinochet, respetó la soberanía mexicana en su embajada. Pero esto no lo vieron los ministros de la CIJ.
Debido a que Ecuador ofreció a México garantías, tanto por escrito como durante las audiencias públicas en la CIJ, de asegurar el respeto y protección de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, en la ciudad de Quito, como lo solicitó México, la Corte determinó que las garantías ofrecidas, de manera incondicional y reiterada, son jurídicamente vinculantes. ¿Y? Todo este proceso de agresiones ecuatorianas es jurídicamente vinculante. No tiene ningún sentido ni valor que la Corte haya concluido que Ecuador está obligado a conceder a México:
Plena protección y seguridad de las instalaciones, bienes y archivos de la misión diplomática mexicana en Quito para prevenir cualquier forma de intrusión. Permitir desalojar las instalaciones del local diplomático y las residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o ampliar la disputa ante la Corte y, en su lugar, buscar la solución pacífica de controversias. Estas acciones son las que cualquier país tiene la obligación de cumplir con las misiones diplomáticas que existen en Ecuador.
La decisión de la Corte dada a conocer el 22 de mayo no representa avance en la protección de los intereses de México, “porque se reconoce la inviolabilidad de locales como uno de los principios fundamentales del derecho internacional para la adecuada relación entre Estados.” Tampoco la solicitud de México de medidas provisionales ha obligado a Ecuador a asumir el compromiso ante la CIJ de proteger los locales diplomáticos mexicanos; si no se hubieran solicitado las citadas medidas, Ecuador no se habría comprometido ante la Corte.
La verdad, no hay confianza en que, al final, la CIJ actúe de manera legal y legítima y su fallo sea a favor de México. Como en todo poder judicial, en las decisiones de la CIJ se imponen los intereses mezquinos de quienes controla tales mecanismos, con la Corte.
