Entresemana
Moisés Sánchez Limón
Cuando el pasado 24 de junio el Partido de la Revolución Democrática presumió un “ejercicio inédito” que lo colocaba “a la vanguardia en transparencia del gasto electoral”, porque puso a disposición pública el sistema de información digital de los gastos de campaña de la Coalición Movimiento Progresista Campaña Electoral Federal 2012, no hubo duda que se curaba en salud.
La millonaria multa determinada a principio de esta semana por mayoría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que en el caso de la coalición Movimiento Progresista –integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano–asciende a 135 millones 433 mil 715.13 pesos, confirma esa maniobra.
Por supuesto, la dirigencia nacional perredista y sus legisladores, entre ellos el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, reaccionó indignada contra el resolutivo que tuvo siete votos a favor y uno en contra en el Consejo General del IFE.
“Otra vez, es un asunto vergonzoso lo que hacen los consejeros electorales, lo que hace el Consejo Electoral del IFE. Y, evidentemente, que habremos de recurrir a las instancias que siguen, ante esta decisión de multar a los que menos gastaron”, argumentó Silvano.
En tanto el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, más mesurado dijo que si hay inconformidades por la multa que le aplicó el IFE –compartida con el PVEM suma 169 millones ocho mil 285.35 pesos, la más alta—conforme al derecho del partido recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnarla.
Son dos posturas contrastantes en forma, aunque en el fondo entrañan un reproche y hasta descalificación hacia el resolutivo de un cuerpo colegiado, como es el IFE, cuya obligación no está fincada en ser convidado de piedra a un proceso electoral, porque la legislatura que lo creó y otorgó personalidad propia y una discutible autonomía, pero finalmente autonomía ante la ley, es fundamental en el proceso de maduración democrática de México.
No sorprende esta recurrente postura de quienes pierden o ganan. Los primeros suelen rasgarse las vestimentas y descalificar al árbitro electoral –al diablo con las instituciones, calificó Andrés Manuel López Obrador cuando el IFE y el TEPJF lo declararon derrotado en la aventura presidencial–; los segundos ponderan las decisiones y hasta se vuelven efímeros defensores de la prístina votación de consejeros y magistrados electorales.
Frente a esta situación y los arrebatos panistas y perredistas en la Cámara de Diputados, montados en esa necedad de no ir con el PRI en la elección del noveno consejero electoral faltante, la reforma electoral ingresa en el escenario recurrente del reparto de estancos en un órgano colegiado y otro jurisdiccional que debieran ser de absoluta integración independiente, justo para despejar de sospechas sus fallos.
¿Una reforma electoral a modo? Sin duda es la que los principales partidos políticos del país han impulsado, desde la misma ciudadanización del IFE en un mentís al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Silvano Aureoles Conejo, ex senador, es candidato al gobierno de Michoacán, del que fue funcionario, y actual diputado federal, resulta hoy un crítico severo del IFE y en especial de la Unidad de Fiscalización del Consejo General, tanto que incluso ha planteado separar este vínculo en tanto, aduce, llega la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones, dizque porque “no pueden ser juez y parte”, es decir, que fiscalicen y aprueben.
¿Quiere entonces Silvano un manto de impunidad y aspira al INE con una reforma a modo? Postura pueril, indudable, como aquella de curarse en salud y supuestamente abrir sus cuentas, de las que el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita dijo en su momento ojalá y coincidieran con las del IFE. Y no coincidieron.
¿Qué hacer? Por el lado del PRI, Manlio Fabio Beltrones plantea que “debe haber tantas reformas económicas y financieras, como sean necesarias, para rescatar el crecimiento del país, y tantas reformas político-electorales que sean necesarias, para darle credibilidad a los procesos, pero no debemos condicionar una a la otra.
“Vayamos recorriendo juntos ese camino y estoy seguro que la población nos entenderá que, por un lado, hacemos las reformas económicas y financieras que generen empleo a los mexicanos, a través del crecimiento económico y, por el otro, las reformas político-electorales que les den satisfacción a los partidos políticos, para contiendas más regulares”.
Sí, ¿y cuánto y qué se negociará en ese ánimo de otra reforma electoral y una reforma política que dé nuevos derroteros a la democracia mexicana?
Los partidos se han dado las reglas que han querido. ¿Gastaron de más? Que se ajusten al reglamento y paguen la sanción; violaron la legislación electoral, que asuman las consecuencias. ¿Alguien cree que no rebasaron los gastos de campaña? Qué culpen a sus operadores, a los que cargaban la maleta para los contratos de publicidad, transportes, propaganda, alimentos, compensaciones, engañabobos. Lo demás, es pura demagogia; el derecho del pataleo porque, reza la máxima: “el que calla, otorga”. Conste.
