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Noventa mil firmas en apoyo a la liberación de Patishtán

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José Juan Mendoza Hernández

Tuxtla Gutiérrez, 1 de Septiembre de 2013.- El Gobierno del Estado de Chiapas recibió a una comisión, encabezada por el presbítero José Avilés Sol, de la Arquidiocesis de San Cristóbal de Las Casas, que entregó a las Secretaría de Gobierno alrededor de 90 mil firmas de apoyo para la liberación del profesor indígena Alberto Patishtán Gómez, recluido en el  Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (CERSS), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

 

 

}El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, fue el encargado de recibir y atender a la comisión, a cuyos integrantes escuchó y al mismo tiempo manifestó que el Gobierno del Estado estará al pendiente y atento de las resoluciones que dicte el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Chiapas, como encargado de resolver este caso, que en su momento les turnó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Expresó que este gobierno ha sido respetuoso de las muestras de apoyo de las organizaciones de la sociedad civil hacia Alberto Patishtán, e incluso ha sido el mismo  jefe del Ejecutivo Estatal quien ha manifestado su interés en que se resuelva este caso y se ha pronunciado por la liberación del profesor indígena tsotsil.

El encargado de la política interna de Chiapas señaló que el Gobierno será respetuoso del trabajo y resolución de las autoridades del Poder Judicial de la Federación, con la confianza de que  se conducirán con objetividad, transparencia y humanismo en la revisión y atención del caso.

De acuerdo con un despacho del corresponsal del diario La Jornada, Elio Henríquez, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez asignará esta semana al magistrado ponente del caso Alberto Patishtán Gómez, informó Sandino Rivero, integrante de su equipo de abogados.

En entrevista con el periodista, Rivero dijo que luego de la designación, el magistrado ponente contará con diez días hábiles para presentar el proyecto de resolución que será analizado por los tres magistrados del Tribunal y luego votado por mayoría o por unanimidad.

“Estamos convencidos de que jurídicamente hay elementos suficientes para reconocer su inocencia, la cuestión es si hay voluntad del poder judicial de la federación vía este Tribunal para resolver la inocencia del profesor”, agregó.

Señaló que de acuerdo con los tiempos legales, los magistrados tendrían que emitir la resolución y resolver el recurso de reconocimiento de inocencia a mediados de este mes. “De septiembre ya no pasa el caso”, remarcó el litigante.

Comentó que lo anterior se los informó el pasado viernes el presidente del Tribunal, Fredy Celis Fuentes, quien junto con el también magistrado Manuel de Jesús Rosales Suárez, recibió a una comisión de la Caravana por la Libertad de Patishtán Gómez que el fin de semana realizó una visita de dos días a Chiapas.

“Consideramos que hubo una buena recepción y atención de los dos magistrados. La comisión planteó su interés porque el caso se resuelva a favor del profesor, ya que hay elementos jurídicos suficientes para ello”, aseveró Rivero.

Reiteró: “Jurídicamente está demostrado que es inocente y en el contexto político muchas voces se han manifestado a favor de su liberación: organizaciones, intelectuales, académicos, artistas, funcionarios federales y estatales comenzando con el gobernador Manuel Velasco Coello, además de que la Cámara de Senadores envió un punto de acuerdo en el que exhortó al poder judicial a que entre al fondo del asunto”.

Recordó que el 6 de marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el caso de Alberto Patishtán y turnó el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de resuelva en definitiva el recurso de reconocimiento de inocencia.

Patishtán Gómez, preso desde hace 13 años, está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificados, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego prohibida, por su presunta participación en una emboscada ocurrida en 2000 en una carretera de El Bosque y Simojovel, en la que murieron seis policías estatales y uno municipal, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel. Está recluido en el penal de San Cristóbal.

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