El combate a la pornografía infantil es uno de los grandes pendientes de nuestro país, por lo que es urgente que las autoridades cuenten con un marco legal claro que se constituya en una verdadera herramienta para perseguir y castigar a quienes tanto daño hacen a nuestros niños, aseveró la senadora Gabriela Cuevas Barron.
Por lo anterior, anunció que presentará al Pleno del Senado de la República un exhorto al Ejecutivo Federal para que firme un acuerdo con los principales buscadores de internet y con las empresas que prestan este servicio, con el propósito de impedir el acceso de cualquier usuario a páginas que contengan pornografía infantil.
“Las instituciones de seguridad pública tienen la facultad legal pero sobre todo la obligación moral de coordinarse con la sociedad para prevenir delitos tan lacerantes como éste. Sólo sumando los esfuerzos del gobierno con los del sector privado podremos construir un internet más seguro para los mexicanos”, expresó la panista.
Asimismo, Cuevas Barron comentó que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Trata de Personas.
Si bien este ordenamiento fue considerado un importante avance en su momento, algunos especialistas han dado a conocer algunas inconsistencias y defectos que abren la puerta a la impunidad en el combate a la pornografía infantil, explicó.
La senadora panista comentó que actualmente, la Ley General de Trata de Personas penaliza sólo a quien produce pornografía infantil para beneficiarse económicamente de la misma. Esto quiere decir que si una persona fotografía o graba a niños realizando “actos sexuales o de exhibicionismo corporal” y lo hace sin recibir un beneficio económico, entonces no se configura el tipo penal y podría quedar en libertad.
Por ello, Cuevas Barron explicó que en la iniciativa se propone reformar los artículos 13 y 16 de la Ley de Trata, a fin de castigar el “abuso sexual infantil” y no únicamente la “explotación sexual comercial infantil”.
La legisladora federal consideró que estas modificaciones son urgentes e importantes si lo que deseamos es evitar que los delincuentes se sigan aprovechando de cualquier resquicio para burlar las leyes, ya que en los últimos años sólo se han logrado tres sentencias condenatorias por este delito.
Es necesario ir más allá, por un lado, los legisladores tenemos la obligación de corregir las leyes, subsanar los errores y atender los vacíos legales que aprovechan los delincuentes para escapar de la justicia y, por el otro, debemos reconocer que el combate a este delito requiere un esfuerzo colectivo en el que intervengan la sociedad y las empresas privadas, sobre todo tomando en cuenta que sólo la mitad de los padres instalan los llamados “filtros”, o cualquier tipo de control parental en sus computadoras, concluyó Gabriela Cuevas Barron.
