México se ubica en el primer lugar de la lista negra mundial de “importadores de veneno” por la grave compra de sustancias tóxicas que se utilizan en la industria minera, destacándose el riesgo de contaminación del agua, advirtió la senadora Iris Vianey Mendoza.
Al presentar ante el Pleno un proyecto de decreto por el que se expide una nuevas Ley Minera, la legisladora por el PRD sostuvo que la norma actual llega a un grado extremo de laxitud, agregándose a esto “la discrecionalidad, permisividad e incluso complicidad de funcionarios”.
Esta situación, puntualizó, “nos ha llevado a ocupar el deshonroso primer lugar en las listas mundiales de países importadores (y re exportadores) de substancias tóxicas y peligrosas como el Cianuro de Sodio. En el periodo 2003-2012 se ha importado un volumen de 517 millones de toneladas de tóxicos altamente peligrosos, esto es 312 millones de toneladas de Cianuro de Sodio y 204 millones de toneladas de Xantatos”.
Apuntó que la importación promedio anual de 51 mil toneladas de dichas sustancias, tiene una capacidad de contaminación de agua imposible de recuperar; “tan sólo las toneladas de cianuro de sodio importadas entre 2003 y 2012 tienen el potencial de contaminar 626 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 20 por ciento de la disponibilidad de los mantos del Valle de México, u 8 por ciento de la disponibilidad de la región hidrológica del Noroeste del país”.
La responsabilidad empresarial, abundó, se evidencia en las pruebas aportadas por organizaciones sociales, como la Red de Afectados por la Minería, la cual indica que las principales 16 empresas mineras de oro utilizaron por lo menos 32 mil toneladas de cianuro de sodio y contaminaron mínimo 10 millones de metros cúbicos de agua, a cambio “se llevaron aproximadamente 4 mil millones de dólares por la venta de las 72 toneladas, y nos dejarán una deuda ecológica mayor al valor de su ganancia”.
Por otra parte, los estudios que por años ha estado llevando a cabo Fomento Minero, manifiestan que más del 70 por ciento del país registra riqueza mineral, “por lo tanto se antoja aberrante que las empresas mineras se empeñen en desarrollar sus actividades precisamente en zonas habitadas y agrícolas cuando sobran espacios más adecuados, pero además, según datos generados por las propias empresas, tienen que tumbar una tonelada de material para sacar casi medio gramo de oro”, precisó.
Vianey Mendoza aclaró que su intención no es la de atacar a la industria minera, pues México es ya el cuarto destino más importante para la inversión mundial dedicada a la exportación y el primero en América Latina.
En su conjunto, la industria minera tiene presencia en 26 entidades federativas del país; para junio del 2012 operaban en nuestro país 290 empresas de 16 países extranjeros con un total de 833 proyectos en diferentes etapas del ciclo minero, lo cual destaca el enorme potencial de nuestro país.
“Sin embargo, los enormes beneficios que producen en México, no guardan ninguna proporción con los beneficios que recibe el país a cambio, ni mucho menos, con los costos medioambientales y sociales ocasionados por sus actividades”, por lo que es indispensable expedir una nueva Ley Minera que permita la protección de los terrenos que les son ofertados o que invaden las empresas mineras”, acotó.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial tiene por objeto crear un nuevo marco normativo en materia minera, a fin de que el Estado garantice que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro del territorio nacional preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.
Propone también que no se considere a la minería como preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, así como se le condicione a que no vulneren los derechos humanos, por lo cual sólo considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, y para beneficio directo de los mexicanos.
Considera también que cada etapa del proceso minero se someterá a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas, bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen, entre otros aspecto.
