La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció hoy en su 149 periodo de sesiones en Washington “el nivel de participación de la Delegación Mexicana, así como los avances importantes que le fueron presentados, informaron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores del gobierno de Peña Nieto.
Gobernación y la Cancillería informaron que el Gobierno de México refrendó su compromiso con la apertura al diálogo y el pleno respeto a los derechos humanos, en su comparecencia de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C.
La CIDH convocó al Estado Mexicano a cuatro audiencias públicas, las cuales versaron sobre: trata de personas; la situación de personas afectadas por el desplazamiento interno; la situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario Islas Marías; y la situación de las personas desaparecidas en nuestro país.
En la audiencia sobre personas desaparecidas, informaron la oficina encargada de la política interior de México y la Cancillería, los comisionados de la CIDH, en particular el Relator para México, Rodrigo Escobar Gil, hicieron un reconocimiento a las acciones emprendidas por el Estado en esta materia, y destacaron el cambio en la elaboración de políticas públicas y el fortalecimiento institucional.
La Delegación Mexicana, presentó las acciones realizadas a partir de la suscripción del Convenio de Colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del cual se brinda asistencia técnica relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como la difusión y capacitación a funcionarios en la materia.
Asimismo, el Estado apuntó que se estableció un grupo de trabajo interinstitucional de alto nivel para enfrentar esta situación. Igualmente, destacó que en días pasados el Presidente de la República presentó al Congreso una iniciativa para tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada y otra para retirar la reserva presentada a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Finalmente, se mencionó que este año se creó la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que depende de la Procuraduría General de la República.
En relación con la audiencia sobre trata de personas – dice el boletín de la oficina de prensa del secretario Osorio Chong, el Gobierno Mexicano destacó los trabajos llevados al cabo a partir de la publicación de dos instrumentos esenciales en el tema de atención a víctimas de trata, que son la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos y su Reglamento.
En la audiencia sobre desplazamiento interno, el Estado presentó a la CIDH el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual es un plan integral para la creación de políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito, así como para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.
El Gobierno de México compareció igualmente en una audiencia temática sobre la situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario Islas Marías. En esta audiencia, el Estado Mexicano invitó al Relator de Personas Privadas de la Libertad de la CIDH a realizar una visita al centro penitenciario, con el objeto de reforzar las acciones implementadas para mejorar las condiciones de las personas que cumplen su sentencia en dicho complejo.
La CIDH convocó al Estado Mexicano a reuniones de trabajo. En dichas reuniones, el Gobierno de México destacó la importante labor que realizan los defensores de derechos humanos e informó sobre los avances en el fortalecimiento del Mecanismo Nacional para protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La delegación mexicana fue encabezada por la Secretaría de Gobernación, representada por Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos, y Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención Ciudadana y Participación Social.
