El diputado José Luis Muñoz Soria dijo que en el presupuesto 2012 del Seguro Popular se detectó un subejercicio por 21 millones de pesos y que entre 2010 y 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas “irregularidades” en el presupuesto ejercido por dicha dependencia.
En tal sentido, solicitó al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Gabriel O´Shea Cuevas, informe sobre el destino y desagregado de los recursos transferidos al fondo de previsión presupuestal por entidad federativa correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013.
Además, dijo, “se desconoce de esos años, el manejo sobre las remuneraciones al personal, falta de documentación que justificara y comprobara dichas erogaciones”.
Denunció que la ASF encontró irregularidades en la administración y operación del recurso, deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, así como en la compra, calidad y distribución de los medicamentos por entidad.
El también Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF dijo que las deficiencias documentadas reflejan que “el control del gasto es débil en las entidades y que tampoco existe un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Muñoz Soria consideró esta situación como “muy preocupante”, toda vez que en estos últimos años ha sido constante este problema, sin que se haya hecho nada, o al menos algo para rectificar las irregularidades señaladas por la ASF, por lo que señaló que para evitar que siga sucediendo este tipo de situaciones es necesario transparentar la información correspondiente.
En tal sentido, demandó se incluyan en la página web de la dependencia los indicadores, avance y cumplimiento de los objetivos y metas del fondo de previsión presupuestal por entidad federativa, el procedimiento y erogación en la compra de medicamentos, así como la calidad y distribución de los mismos por Estado.
Dijo que es necesario conocer fielmente el padrón de beneficiarios actualizado del Seguro Popular por entidad y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa, además del estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la ASF del ejercicio presupuestal 2011.
En un Punto de Acuerdo, Muñoz Soria destaca que el “Observatorio de Mortalidad Materna” reportó de 2009 a 2011 un incremento “alarmante” de incidencia de muertes en mujeres afiliadas al Seguro Popular: 2009, 33.1 por ciento; 2010, 39.2 por ciento y 2011 48.1 por ciento.
Igual, precisa: “el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, reportó que la CNPSS no contó con indicadores ni metas para medir el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
“No evaluó los padrones de beneficiarios de los regímenes estatales de Protección Social en Salud para mejorar la integración, protección y calidad de la información de los mismos; mientras que en 2011, 5 millones 839 mil 570 beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en padrones de instituciones de seguridad social; no se evaluaron los componentes financieros, gerencial y de impacto del Seguro Popular”.
Frente a este panorama, insistió, se debe trasparentar cómo se usaron y la forma en que se distribuyeron los recursos económicos a dicho fondo en los ejercicios presupuestales 2012 y 2013, lo mismo que en la compra, calidad y distribución de los medicamentos en cada una de las entidades federativas del país.
