En el Compromiso 93 del Pacto por México, signado por Enrique Peña Nieto y los líderes de los principales partidos políticos del país, el Presidente prometió que antes de terminar el año estaría aprobada la Ley Reglamentaria de la Consulta Popular, por ello sería una muestra de buena voluntad, para honrar su palabra empeñada, que sea él quien impulse su pronta aprobación y promulgación, señaló el diputado federal perredista Carlos Augusto Morales López.
Recordó que, además de la Consulta Popular, las leyes reglamentarias de Candidaturas Independientes, de la Iniciativa Ciudadana y de la Iniciativa Preferente, forman parte de la Reforma Política integral que el mismo Peña presentó y promovió como necesarias para concretar lo que llamó “el proceso largo e inacabado de transición democrática” del país.
“Somos millones de mexicanos los que estamos esperando que cumpla con su palabra, que muestre buena voluntad para ello, porque fue él quien aseguró, en su discurso de presentación de la Reforma Política, que todas estas leyes eran indispensables para hacer más funcional al régimen político y para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático”, dijo.
La reforma de 2012 al artículo 35 de la Constitución, agregó, dotó a los mexicanos del derecho de participar en las consultas populares, y Enrique Peña Nieto está obligado a hacer efectiva esta garantía, haciendo de lado intereses personales, de partido o de grupos de poder.
Morales López anunció que el próximo jueves 26 de diciembre acudirá a Los Pinos a entregar una carta a Enrique Peña Nieto, en la que le pedirá cumplir su palabra de sacar adelante la Ley de la Consulta Popular, y para que interceda con los legisladores de su partido y, dentro del Pacto por México, con los del PAN, para que impulsen la pronta realización de un periodo extraordinario de sesiones en el que se apruebe esta norma y las otras que están pendientes, entre ellas, también, la Reforma Política del Distrito Federal.
Finalmente, reiteró que los únicos temas restringidos para la consulta popular son los de derechos humanos, electorales, de ingresos y gastos del Estado; de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada, y que tendrá que ser Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, por lo que la recién aprobada Reforma Energética sí puede ser materia de consulta a los mexicanos.
