Al rechazar cualquier intento privatizador del servicio del agua en el país, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, demandó al gobierno federal establecer un subsidio a la venta en bloque de agua potable a las entidades federativas para que puedan subsidiar el consumo de 100 litros diarios por persona.
La legisladora adelantó que ante la ola de privatizaciones de sectores estratégicos, el PRD buscará a toda costa preservar el derecho humano al agua y seguirá oponiéndose a que sea tratada como mercancía.
Lo anterior, en referencia a la iniciativa de Ley General del Agua que debe aprobarse este año, de la que dijo tendrá que fundamentarse en los artículos constitucionales 4°, 27, 115 y 122, además de respetar las facultades de los distintos órdenes de gobierno, principalmente autoridades locales.
Explicó que la última reforma del artículo 4 constitucional en esta materia, reconoce como derecho humano el acceso al agua potable. Sin embargo, ésta no puede ser la única argumentación, ya que debe referenciarse a la propiedad originaria de las aguas nacionales, su aprovechamiento, las facultades locales en materia de prestación de servicios hidráulicos y el suministro de agua potable y saneamiento que establecen los artículos 115, para el caso de municipios, y el 122 para el Distrito Federal.
Alavez Ruiz urgió a dictaminar la Ley General de Aguas para exigir el cumplimiento del mandato constitucional de que el agua es un derecho humano y en consecuencia solicitar a los estados que subsidien el consumo de los primeros 100 litros de agua per cápita. Para no afectar las finanzas de los estados, detalló que el gobierno federal los subsidiaría con el mismo porcentaje en la venta de agua en bloque.
Agregó que a pesar de que la cobertura del servicio en zonas urbanas alcanza casi el 95%, persiste el problema de la baja calidad y la provisión equitativa del agua. Aunado a ello, está la baja eficiencia de la distribución, facturación y recaudación, así como el retraso en la ampliación y sustitución de la infraestructura; la existencia de un marco institucional en ocasiones contradictorio o inconsistente, la permanencia de un círculo de desconfianza y falta de pago por parte de la ciudadanía, que se refleja en el deterioro de los servicios.
El Estado, dijo la diputada del PRD, tiene la obligación de suministrar sin fines de lucro este servicio para garantizar los principios internacionales del derecho al agua. Sin embargo, reconoció que el suministro de agua potable es muy caro en ciertas zonas, por lo que quien se exceda en el consumo de los 100 litros diarios por persona, deberá pagar las tarifas establecidas en los tabuladores de cada entidad.
