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Más recursos para seguridad municipal, pero aumenta delincuencia, denuncia el PRD

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Dado que los delitos en el país aumentaron 24 por ciento de 2011 a 2012 a pesar del constante aumento en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemum) de 2008 a la fecha, diputados del GPPRD demandaron a la Secretaría de Gobernación evalúe la fórmula de selección de demarcaciones beneficiarias, asignación de recursos y evaluación de resultados.

 

José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado señalaron que se trata, con su petición, de garantizar que realmente dicho subsidio cumpla su objetivo, que es proporcionar seguridad a la población, lo cual no ha sucedido a seis años de creación del Subsemum.

Recordaron que en 2008 se ordenó, mediante cambios el artículo 21 de la Constitución, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y presupuestar recursos a través del Ramo General 36 para municipios seleccionados según número de habitantes e incidencia delictiva.

Ante la grave inseguridad prevaleciente entonces en el país, se buscaba salvaguardar los derechos e integridad de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Subsemum abarcaría en principio al total de municipios del país y delegaciones del Distrito Federal, pero sólo asignaría recursos a los seleccionados.

Asignaciones al Subsemun

.             

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

MONTO ASIGNADO

DISTRIBUCIÓN

MUNICIPIOS

DEMARCACIONES

TOTAL

2008

3,589.4

135

15

150

2009

3,589.4

191

15

206

2010

4,137.9

190

16

206

2011

4,303.3

204

16

220

2012

4,453.9

223

16

239

2013

4,559.8

235

16

251

 

Asimismo, para 2014 se presupuestaron cuatro mil 733 millones para un número todavía indeterminado de municipios y delegaciones.

En total, 29 mil 366 millones 70 mil pesos presupuestados en siete años, 31 por ciento más para el último (2014) respecto al primero (2008), pese a lo cual la incidencia delictiva, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aumentó 24 por ciento tan sólo entre 2011 y 2012.

Muñoz Soria, Orihuela García y López Rosado señalaron que lo peor de todo es que los recursos del Subsemun se asignaron, transfirieron y ejercieron con opacidad y sin indicadores de desempeño, por lo que no se cumplieron los objetivos por los cuales se determinó su monto y destino, según reportó la Auditoría Superior de la Federación.

Concretamente, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados -de cuya Comisión de Vigilancia Muñoz Soria es presidente- señaló que los criterios para seleccionar número de municipios beneficiarios, el traspaso de recursos a cuentas bancarias ajenos al programa, adjudicación de contratos poco transparentes, irregularidad en las ministraciones, subejercicio de recursos, carencia de evaluaciones sobre control de confianza, inconsistencias contables y presupuestales, limitada participación social, inexistencia de indicadores de desempeño e irregular rendición de cuentas, son sólo algunas de las irregularidades que evidencia esa opacidad.

 

Todo ello redunda en que los objetivos específicos del Subsemum (fortalecer los factores de protección a la población, la política preventiva, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la infraestructura y la información relativa) no se hayan cumplido como se propuso y en que, finalmente, no se garantice seguridad a la ciudadanía, así como tampoco las libertades, el orden y la paz públicos.

Por ello, los legisladores perredistas insistieron, a través de un punto de acuerdo propuesto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en solicitar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que evalúe la fórmula de selección de municipios y las reglas de operación para realizar las modificaciones pertinentes a fin de superar esa ineficiencia.

Se trata –dijeron- de garantizar el estricto cumplimiento, en tiempo y forma, de los requisitos y obligaciones para obtener y ejercer los recursos, de los objetivos del subsidio, de la aplicación de indicadores de resultados y de la difusión de información hacia la ciudadanía, en aras de transparentar el ejercicio público.

 

 

 

 

 

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