Dado que los delitos en el país aumentaron 24 por ciento de 2011 a 2012 a pesar del constante aumento en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemum) de 2008 a la fecha, diputados del GPPRD demandaron a la Secretaría de Gobernación evalúe la fórmula de selección de demarcaciones beneficiarias, asignación de recursos y evaluación de resultados.
José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado señalaron que se trata, con su petición, de garantizar que realmente dicho subsidio cumpla su objetivo, que es proporcionar seguridad a la población, lo cual no ha sucedido a seis años de creación del Subsemum.
Recordaron que en 2008 se ordenó, mediante cambios el artículo 21 de la Constitución, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y presupuestar recursos a través del Ramo General 36 para municipios seleccionados según número de habitantes e incidencia delictiva.
Ante la grave inseguridad prevaleciente entonces en el país, se buscaba salvaguardar los derechos e integridad de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
El Subsemum abarcaría en principio al total de municipios del país y delegaciones del Distrito Federal, pero sólo asignaría recursos a los seleccionados.
Asignaciones al Subsemun
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PRESUPUESTO DE EGRESOS |
MONTO ASIGNADO |
DISTRIBUCIÓN |
||
MUNICIPIOS |
DEMARCACIONES |
TOTAL |
||
2008 |
3,589.4 |
135 |
15 |
150 |
2009 |
3,589.4 |
191 |
15 |
206 |
2010 |
4,137.9 |
190 |
16 |
206 |
2011 |
4,303.3 |
204 |
16 |
220 |
2012 |
4,453.9 |
223 |
16 |
239 |
2013 |
4,559.8 |
235 |
16 |
251 |
Asimismo, para 2014 se presupuestaron cuatro mil 733 millones para un número todavía indeterminado de municipios y delegaciones.
En total, 29 mil 366 millones 70 mil pesos presupuestados en siete años, 31 por ciento más para el último (2014) respecto al primero (2008), pese a lo cual la incidencia delictiva, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aumentó 24 por ciento tan sólo entre 2011 y 2012.
Muñoz Soria, Orihuela García y López Rosado señalaron que lo peor de todo es que los recursos del Subsemun se asignaron, transfirieron y ejercieron con opacidad y sin indicadores de desempeño, por lo que no se cumplieron los objetivos por los cuales se determinó su monto y destino, según reportó la Auditoría Superior de la Federación.
Concretamente, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados -de cuya Comisión de Vigilancia Muñoz Soria es presidente- señaló que los criterios para seleccionar número de municipios beneficiarios, el traspaso de recursos a cuentas bancarias ajenos al programa, adjudicación de contratos poco transparentes, irregularidad en las ministraciones, subejercicio de recursos, carencia de evaluaciones sobre control de confianza, inconsistencias contables y presupuestales, limitada participación social, inexistencia de indicadores de desempeño e irregular rendición de cuentas, son sólo algunas de las irregularidades que evidencia esa opacidad.
Todo ello redunda en que los objetivos específicos del Subsemum (fortalecer los factores de protección a la población, la política preventiva, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la infraestructura y la información relativa) no se hayan cumplido como se propuso y en que, finalmente, no se garantice seguridad a la ciudadanía, así como tampoco las libertades, el orden y la paz públicos.
Por ello, los legisladores perredistas insistieron, a través de un punto de acuerdo propuesto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en solicitar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que evalúe la fórmula de selección de municipios y las reglas de operación para realizar las modificaciones pertinentes a fin de superar esa ineficiencia.
Se trata –dijeron- de garantizar el estricto cumplimiento, en tiempo y forma, de los requisitos y obligaciones para obtener y ejercer los recursos, de los objetivos del subsidio, de la aplicación de indicadores de resultados y de la difusión de información hacia la ciudadanía, en aras de transparentar el ejercicio público.