Entresemana
Moisés Sánchez Limón
A ver, a ver, si son tan honestos y justicieros, atiendan a la demanda de Iris Vianey Mendoza, la valerosa y ofendida senadora perredista que, nomás como probadita de lo que es capaz, pidió ¡treinta días de licencia en el cargo!, a punto de enredarse en la bandera de la honestidad, y soberanamente ofendida lanzarse desde el primer peldaño, abajito, de la tribuna del pleno senatorial.
La michoacana que, amén de llamarlos chismosos, mentirosos y hasta misóginos, demanda se le investigue como marca el librito y, de pasadita, que se integre uno de esos entes burocráticos que sirven para nada y lo mismo en carácter de comisión especial, y que pues ya entrados en gastos, indague presuntos vínculos, dichos, rumores, trascendidos y otros etcéteras que salpican a legisladores locales y federales, funcionarios públicos e invitados con el crimen organizado en Michoacán y otras latitudes.
Dirán misa, pero la gota, o la foto, que derramó el vaso del escandaloso escándalo de prístinas legisladoras y legisladores que olvidaron su papel protagónico en la socialité política y, por andar en esos linderos del estrellato con malas compañías y peores apadrinamientos, cayeron víctimas de sus acciones, ocurrió en el Senado de la República.
La Cámara de Diputados ya tuvo su protagónico inscrito en letras de molde en una orden de aprehensión girada contra un diputado federal –perredista para más señas y cuyas iniciales son Julio César Godoy Toscano—que con el apoyo de sus cuates y amigotes de su hermano, el entonces gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel, ingresó al Palacio Legislativo de San Lázaro y rindió protesta ante el pleno.
Pero al poco tiempo, cuando sentía a los muchachos de Genaro García Luna pisándole los huaraches de marca, puso pies en polvorosa y, desde diciembre de 2010, poco antes de que lo desaforara la Cámara de Diputados, se esfumó.
Guadalupe Acosta Naranjo se ofende cuando le recuerdan aquel pasaje, porque en la cajuela de su vehículo ingresó Godoy Toscano al Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Alguien de la dirigencia nacional perredista se ruborizará ahora por el escandaloso escándalo en el que está metida la senadora Iris Vianey?
Le dieron voto de confianza, pero antes la sometieron al detector de mentiras y le creyeron, tanto que el coordinador de los senadores del perredé, Miguel Barbosa Huerta, y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, cambió el duro mensaje del día anterior y le dieron el beneficio de la duda, aderezado con el voto de confianza que, a la hora de la verdad, sirve para maldita la cosa. Pero allá ellos.
Lo interesante del escandaloso escándalo es que, para que le vayan midiendo el agua a los camotes, la legisladora no quiere correr en solitario la ruta del desprestigio y pretende que la PGR y una comisión legislativa, especial por supuesto y con cargo al erario público, investiguen a otros políticos. Sólo le faltó parafrasear en tribuna al filósofo Vicente Fox: “¿Y yo por qué? Para, al unísono, voltear hacia la bancada panista y demandarles investiguen a la senadora Luisa María de Guadalupe Cocoa Calderón Hinojosa.
Y es que, mire usted, a la senadora perredista la involucró con malas compañías el doctor José Manuel Mireles. Y a la Cocoa ni más ni menos que Servando Gómez Martínez (a) La Tuta. Y luego culpan a los canijos reporteros y sus pasquines o amarillentos noticiarios en la radio y la tele de descalificar a los sacrificados legisladores que en tribuna declaman sentidos actos de fe.
Sin duda, entrados en gastos, lo más sano sería que a los 500 diputados federales y a los 128 senadores les aplicarán el antidoping y sometieran a exámenes de confianza; también a funcionarios estatales y federales que se presume tienen, han tenido o pensaban tener alguna relación peligrosa con los chicos malos de esta pesadilla que viven los michoacanos y otros conciudadanos.
No estaría por demás llamar a cuentas a algunos jueces, agentes del Ministerio Público y magistrados de circuito por cuyas manos han pasado suficientes casos de delincuentes que ni siquiera pisaron la prisión porque, casualmente, los expedientes fueron mal integrados. ¡Caray!
Por de pronto, merced a esa valentonada y, sobre todo, porque además le fue a pedir al procurador Jesús Murillo Karam que la investigue y, de no encontrar elementos en su contra, la exonere, la senadora Iris Vianey regresará en treinta días más a su escaño y asunto arreglado. ¿Impunidad? Nada, nada, pura justicia…
Hace trece años, el miércoles 31 de enero de 2001, durante un acto de la llamada Alianza Social Contra la Delincuencia, en Tijuana, Baja California, el entonces adalid de la transición en el poder, Vicente Fox Quesada, pretendió que, con más de 50 acciones impresas en un folleto, la ciudadanía emprendiera acciones “para exigir cuentas a funcionarios públicos, para exigir resultados a quienes trabajamos en las tareas de garantizar la tranquilidad, la seguridad y la justicia en nuestro país”. ¿Quién se llevó mi folleto? Luego le seguimos. Digo.
