En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, diputados, organizaciones de derechos humanos y feministas denunciaron que en México persisten fallas en la aplicación de la justicia para las mujeres y, en particular, de las indígenas.
Durante la II sesión del Tribunal de Derechos de las Mujeres, Yaneth Nolasco Pérez, integrante del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, expuso que el racismo y la discriminación son un pendiente, pues en México a diario mujeres y hombre enfrentan esta situación por condiciones culturales, color de piel y escenario económico. A pesar del marco legal existente, sostuvo, se sigue presentando discriminación hacia las personas indígenas.
El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD), expresó que en este espacio social se emprende una política de justicia alternativa frente a los sistemas tanto oficial como indígena.
Argumentó que el tribunal busca poner y hacer visible una serie de casos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres, en particular de las indígenas, en donde “todos sabemos que hay una gran diversidad de asuntos que se han suscitado a lo largo del territorio nacional”.
Un ejemplo, dijo, son las sistémicas violaciones a las garantías de las mujeres en Guerrero, en donde se ha tenido que recurrir a otras instancias de carácter internacional a efecto de que se les pueda hacer justicia.
Por ello, se pronunció por encontrar espacios y foros para emprender una mejor lucha por los derechos humanos de las mujeres y su defensa pero, en especial, de las que viven en comunidades indígenas.
Carmen González Benicio, reportera del periódico “El Sur” de Guerrero, indicó que en las comunidades indígenas persiste desigualdad, bajos índices de desarrollo humano y graves violaciones a sus garantías. Además, no se les han garantizado sus derechos reproductivos y a una vida libre de violencia.
Detalló que en la montaña de Guerrero, varias mujeres han tenido que pagar con cárcel el aborto espontaneo, a quienes se les ha criminalizado por la falta de servicios. Esos casos “dan cuenta de que la sociedad y el Estado tienen un retraso social y jurídico en materia de los derechos de las mujeres”, afirmó.
En la II sesión del Tribunal de Derechos de las Mujeres, sus integrantes presentaron tres casos en donde diversas mujeres indígenas han sido víctimas de violencia familiar, comunitaria, institucional, escolar e incluso de feminicidio.
Se trata de Adriana Manzanares, quien fue sentenciada a 22 años de prisión por aborto, luego de haber sido golpeada y agredida por sus propios familiares; de Angelina, mixteca de 16 años, la cual fue víctima de discriminación y de golpes por sus compañeros de clase de la secundaria técnica número 42 ubicada en la colonia Morelos, en la Ciudad de México.
Angelina relató que ella fue víctima de bullying y humillaciones por sus compañeros de clases, y de discriminación por parte de las autoridades, cuando intentó denunciar las agresiones ante la agencia 50 del Ministerio Público quien tardó un día en atenderla.
El tercer caso es un feminicidio, el de la abogada Luisa Juárez Miranda, de 54 años, quien el 30 de abril de 2011 en San Agustín Buenavista, municipio de Soyaniquilpan, Estado de México, fue asesinada afuera de su casa y, a la fecha, “se mantiene la impunidad, en averiguación previa”.
Por todo ello, se pronunciaron porque el Estado mexicano prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y garantice su disfrute en condiciones de igualdad, aun cuando sean minorías.
A su vez, la coordinadora del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, Guadalupe Martínez, dijo que es fundamental seguir emprendiendo acciones que permitan dialogar sobre el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres indígenas y el feminismo, con un enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos.
Mayra Guadalupe Niño Zúñiga, especialista en perspectiva de género y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, condenó el incumplimiento del Estado de proteger los derechos de las indígenas y propuso que cada caso sea presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una debida aplicación de justicia y reparación de daños.
Nuria González López, especialista en derechos humanos y académica en la Universidad Veracruzana, argumentó que para evitar la violencia escolar, como la que sufrió una niña mixteca en una secundaria de la Ciudad de México, el Gobierno federal, debe tener como objetivos básicos la multiculturalidad, la educación de calidad y la paz como valor.
Afirmó que ningún ciudadano o ciudadana de México debe ser menospreciado, discriminando, humillado o vejado por ninguna razón, ni de género ni etnia, por lo que las instituciones deben ser responsables de que así suceda. “Los pueblos indígenas no hacen más que enriquecer la cultura mexicana. Sin ellos, el México que conocemos hoy, no existiría”.
Hizo votos porque los centros escolares públicos federales implementen talleres y dinámicas de grupo para toda la comunidad que fomenten los valores de la igualdad, el respeto y la convivencia, tanto dentro como fuera de las aulas.
