Entresemana
Moisés Sánchez Limón
Amado Yáñez y Gastón Azcárraga, empresarios consentidos que fueron en las administraciones panistas de la docena trágica, devinieron en delincuentes de cuello blanco cuando al paraíso de la impunidad foxista y calderonista lo desbarrancó la elección de 2012.
De retorno al poder, pero con nuevos protagonistas que el año entrante serán sometidos a la prueba de las urnas en el proceso intermedio, el gobierno priista emprendió la operación escoba y sacó del archivo expedientes que dormían el sueño de la impunidad y el olvido.
Las voces del panismo calderonista se han elevado en la pueril disculpa de que los ilícitos se descubrieron en la actual administración. Pues sí, pero se cometieron en las pasadas albiazules. Ah, pero amagan con retrasar las reformas a leyes secundarias en materia energética si persiste la demanda de llamar a comparecer a Felipe Calderón.
Incluso en el Senado se aprobó integrar una comisión especial para investigar el asunto. Una pérdida de tiempo y de recursos porque las comisiones especiales han servido para lo que se le unta al queso. Pero, bueno, Emilio Gamboa aceptó esta propuesta. ¡Total!, que tanto es tantito. Pero…
¡Vaya casualidades! Dicen y hay elementos de prueba, que el asunto Oceanografía data del sexenio foxista y, desde entonces había sospechas de que la empresa de Amado Yáñez andaba en malos pasos y, en ese andar, salpicaba recursos millonarios en la compra de complicidades de políticos panistas vinculados con los inquilinos de la cabañita acogedora de Los Pinos, como la calificó en su momento la señora Marta en una conferencia de prensa.
Dicen y hay elementos de que, en el caso de Gastón Azárraga, Felipe Calderón y su equipo de amigotes, entre ellos Juan Molinar Horcasitas y Javier Lozano Alarcón, le regalaron Mexicana de Aviación para hacer negocios con el Grupo Posadas y triangular recursos millonarios.
Transas de ese tamaño no pudieron pasar inadvertidas para las autoridades hacendarias y judiciales. Pero pasaron.
Y fue de tal naturaleza la protección hacia Amado Yáñez y Gastón Azcárraga que, con el primero se tardaron casi dos sexenios en enterarse que era un pillo y que había utilizado redes de complicidad que involucran a nombres como el de Francisco Gil Díaz, Juan Camilo Mouriño, los hermanos Bribiesca y hasta ex directores de Petróleos Mexicanos que hoy admiten había indicios de que algo andaba mal.
Pues sí, pero no movieron un dedo para investigar o denunciar el asunto ante las instancias de la PGR o la Secretaría de la Función Pública; aunque para el caso habría sido como no denunciar.
Con Gastón Azcárraga, la denuncia presentada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) hace dos años ante la Procuraduría General de la República, después de un tortuoso camino en la burocracia judicial, derivó en una querella incoada por la PGR en diciembre del año pasado y que posibilitó, en febrero último, la liberación de orden de aprehensión contra el empresario consentido de Felipe Calderón.
Azcárraga solicita el amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por presunto lavado de 198 millones de pesos, derivados de la venta de acciones de Mexicana de Aviación; que se sepa, Amado Yáñez no ha seguido esa vía, pero igual que Gastón anda a salto de mata.
Margen aparte de averiguaciones y órdenes de aprehensión libradas contras dichos delincuentes (eso de presuntos es un eufemismo), el tema es la situación de los damnificados de estos ilícitos cometidos por los empresarios: los trabajadores.
Sorprende que el gobierno federal haya decidido utilizar una bicoca de 200 millones de pesos de la caja chica de Petróleos Mexicanos para pagar salarios de cerca de ocho millares de trabajadores de Oceanografía que se habían declarado en paro indefinido, precisamente en demanda del pago salarial que, en algunos casos, había acumulado un atraso de hasta cuatro quincenas.
Se entiende la urgencia de pagar a trabajadores de ese importante sector industrial. Pero los trabajadores de Mexicana de Aviación han sido tratados de manera abismalmente diferente y hasta discriminatoria, como se observa.
Llevan cuatro años en el olvido. Les cerraron su fuente de empleo en la empresa bandera de la aviación comercial del país, un sector fundamental para la economía nacional. Puede aducirse que Mexicana de Aviación era una empresa particular y, por ende, el gobierno está al margen de sus conflictos laborales. ¿Oceanografía no lo es? Si a ésta la requisaron en los hechos, por qué no hacerlo con Mexicana de Aviación.
¿Habrá mano dura? ¿Se aplicará la ley sin miramientos? En la quiebra de Mexicana de Aviación hay enorme cantidad de huellas digitales de altos funcionarios del gobierno calderonista, incluso del propio Felipe Calderón. ¿Por qué no llamarlos a cuentas y, en tanto, atender las necesidades económicas de aeromozas, pilotos, mecánicos y personal de tierra que desde agosto de 2010 se quedaron sin chamba?
La tabla rasa pareciera no operar en el ánimo del gobierno de Enrique Peña Nieto que ha requisado a Oceanografía y deja a su suerte a la base laboral de Mexicana de Aviación. En el caso de Oceanografía seguramente se procedió de esa manera con el fin de acallar protestas que avivarían el escándalo que involucra a importantes personajes ligados no solo al panismo.
Con Mexicana de Aviación, todo es cuestión de desempolvar expedientes. Y si hay orden para aprehender a Gastón Azcárraga, por qué no llamar a cuentas incluso a Felipe Calderón, aunque la simple posibilidad provoca ira entre sus amigotes en el Senado. Conste.
VIERNES.- En la analogía de Cantinflas, Marcela González Salas y Petricioli se fue pero no se ha ido de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Quiere se consejera electoral, en el nuevo INE. Ya no despacha en la Segob; dicen que sí despacha. ¿Qué estará borrando? Digo.
