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Excesos de los usos y costumbres

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Vértebra Política

 

Por Francisco Gurguha

 

Niñas indígenas de venta en Chiapas… Hace poco más de un mes hablé sobre los excesos de los usos y costumbres… Toqué un tema muy delicado y hubo quienes criticaron mi postura; postura, desde luego, sustentada en hechos deleznable de los cuales hice un somero escrutinio a título personal y de nadie más…

 

Hoy lo hago de nuevo, porque el tema de los usos y costumbres son simplemente un estado dentro de otro estado; es decir, una ley sobre otra ley, aprovechada a modo por quienes nacieron indígenas y les toca vivir con un estilo, en cuanto a justicia se refiere, completamente deleznable… Causó revuelo la vez pasada sobre el tema de dos presuntos culpables de haber atropellado a un menor en una comunidad indígena, mismos que fueron quemados vivos y grabados con celulares para acrecentar el morbo; morbo que aún circula en las redes sociales y en la misma comunidad, donde vendieron discos compactos con la horrenda escena… Y, según los asesinos, esto se hizo gracias a que gozan de un “derecho” cobijado por los usos y costumbres… Desde luego, muchos dirán que eso no forma parte, pero para ellos es una práctica cotidiana, como lo es el vender a las niñas al mejor postor, a cambio de un “dote”, ya bien sea económico o en especie, y esto, aunque lamentable, también ocurre en todos los rincones de los pueblos indígenas de Chiapas, en pleno siglo XXI… ¿Y quién dice algo? Nadie, ni los organismos de defensa de los derechos humanos, ni esos que se paran de puntitas cuando agreden a uno que otro presunto líder social… Y me quedo corto… A media semana circuló una nota por demás condenable que trata de una menor indígena de 14, años detenida por las autoridades “tradicionales” por haberse separado de su marido… En serio, a los 14 años esta niña ya tenía “esposo”, porque su abuelo la vendió con Armando López por 24 mil 700 pesos, otro indígena quien reclama la devolución del dinero que pagó por obtener esa “mercancía”… Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que inició la averiguación previa 122/IN7A-T1/2014, por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de la menor Roxana ‘N’, de 14 años de edad, originaria de Mitontic, no repara el daño psicológico sufrido; no por la detención, sino por haber sido objeto de la más grande vejación que puede sufrir una mujer; vaya, no una mujer, una niña, producto de una sociedad anquilosada en lo que el mismo país reconoce y “respeta” como “usos y costumbres”… Roxana fue detenida por autoridades tradicionales de San Juan Chamula, e iba a ser “juzgada” ¿de qué forma?, ¿con qué objeto?… Ni la iglesia ha reparado en frenar tanto abuso en las comunidades indígenas… Dese cuenta, apreciable lector, la Procuraduría inició investigación por la “detención arbitraria” de la menor, pero no dice nada del abuelo, no habla de otro castigo, del que pudiéramos sentirnos orgullosos de que a la mujer indígena ya no se le verá más como una cosa, sino como un ser humano… Vivimos en una sociedad cada vez más injusta e inequitativa; en estos sagrados tiempos, aún repulsamos a los homosexuales, discriminamos a los enfermos de SIDA, nos burlamos de los discapacitados y permitimos que a las mujeres las traten como esclavas… ¿Dónde está la justicia, los derechos humanos y la libertad de expresión? Sé, perfectamente, estoy hablando con la pared…

 

DISCO INTERVERTEBRAL

Una declaración que duele… EL MACHISMO MATA… El siguiente texto lo reproduzco íntegro en solidaridad con la campaña contra la violencia hacia las mujeres en Chiapas… “Las organizaciones y personas solidarias integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, damos a conocer los cínicos argumentos con los que el gobierno, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (en adelante el Sistema Nacional), ha rechazado la solicitud de declaratoria de alerta contra la violencia de género (AVG), que presentamos el 25 de noviembre de 2013 ante la grave situación vivida por las mujeres en Chiapas… Presentamos la evidencia de 84 muertes violentas de mujeres sucedidas de enero a octubre de 2013, de las cuales 52 caracterizamos como feminicidios, es decir: vidas de mujeres destruidas con violencia por su condición de género. Por la forma en las mujeres fueron privadas de la vida, sobresalen las lesiones con saña ocasionadas por arma blanca en combinación con estrangulaciones, golpes, violación o mutilaciones, lo que demuestra el deprecio y la falta de reconocimiento a la dignidad y derechos de las mujeres; en el 80% de casos, el victimario tenía relación con la víctima. Nuestra información proveniente de fuentes periodísticas y de cifras e informes oficiales, demuestra la intensa frecuencia de feminicidios en la entidad, aunque, para el Sistema Nacional, su número no pone en riesgo la paz social. ¿Cuántas mujeres deben morir para que el Estado considere que hay un patrón de violencia hacia las mujeres en Chiapas?… De las 51 muertes violentas de mujeres que la Procuraduría General de Justicia del Estado registró como violentas, sólo reconoció  47 como feminicidios y  aclaró que en 37 de ellos ha ejercido acción penal y sólo en dos casos se ha dictado sentencia condenatoria. La efectividad presumida por Chiapas es vergonzosa, pues reconoce que en realidad no ha resuelto más del 90% de los casos de violencia feminicida.… En nuestra solicitud de declaratoria de AVG también documentamos casos específicos y emblemáticos dejados en la impunidad, sin justicia, y que ahora también el Sistema Nacional, ignoró a pesar de haber sido aceptados para su juicio en instancias internacionales, como el caso de la masacre de Acteal y el feminicidio de Minerva… Consideramos que el Estado ha rechazado nuestra solicitud de AVG porque eso implicaría por un lado,  reconocer que no ha cumplido con la obligación de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y, por  otro, su complicidad  con los asesinos al no castigarlos… Ante su negativa, ratificamos que en Chiapas los feminicidios se asocian a una creciente violencia estructural no reconocida, en contra de las mujeres y sus familias: pobreza, falta de trabajo, baja en los precios de producción y alza en los de consumo, precariedad en los servicios de salud y de justicia. El INEGI reconoce que el 86% de la población chiapaneca es marginal, es decir, sigue siendo pobre y extremadamente pobre, lo anterior se debe a las políticas neoliberales y reformas estructurales aceptadas y aplicadas por el Gobierno. Los programas de crédito y microcrédito han endeudado aún más a las mujeres y sus familias, contribuyendo a perpetuar la pobreza y la violencia”… El texto completo puede ser leído en http://contrafeminicidioch.wordpress.com

 

 

 

CARRILLA ARTICULAR

Bersaín Miranda Borraz y la carabina de Ambrosio… Año con año, mes con mes y semana tras semana, este señor que tiene cuentas pendientes con la justicia, se le echa encima a las autoridades oficiales del transporte del estado… ¿Por qué?, porque no le sirven a sus intereses… Esta vez se lanzó contra el titular de la Secretaría de Transportes del Estado, Mariano Rosales Zuarth, porque, según “solapa a transportistas de volteo foráneos que, con documentos falsos y actos vandálicos, desplazan al gremio local  en las obras que se construyen en diversos municipios de la entidad”… ¿Saben cuántos volteos tiene el presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado?, ¿saben cuántos taxis y combis, cuántos tráileres, cuántos otros medios de transporte?… La fortuna de este hombre es incalculable, pero quiere más… No le basta con sus mil volteos, sus 380 taxis, sus 200 combis, sus 100 autobuses y para que le hago más larga la lista… ¿Y cuál es el problema con la Secretaría de Transportes?, pues que no le dan a él nada más las concesiones destinadas a los auténticos trabajadores del volante, a quienes mangonea a su antojo… Entre él, Saúl Martínez Martínez, líder estatal del Sindicato “Fidel Velázquez” y su otro compinche y ex convicto Romeo Bustamente Grajales, quieren acaparar todo y no dejar que otros chiapanecos alcancen los beneficios que ellos administran a su antojo… El asunto de los volteos, que, según ellos, se otorga con especial beneficio a María Olvera Mejía y a Felipe Mimiaga Méndez, líderes de la Secretaría General de la Federación del Estado de Chiapas (CTM), es porque el ISSSTE le concesionó el manejo del material para construcción en la edificación de un hospital en el oriente de Tuxtla, donde el gobierno federal destinó un presupuesto de dos mil millones de pesos, de los cuales varios millones serán repartidos entre transportistas que allí laboren… Ese es el coraje de Saúl y su gavilla, y no es propiamente un asunto de competencia de la Secretaría de Transportes, porque es una obra federal, ni siquiera Manuel Velasco Coello puede meter las manos allí… Aunque también ya le tiraron las primeras pedradas… Dicen que en la obra hay volqueteros de Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla e Hidalgo, y es probable, pero porque de seguro los contrató el ISSSTE… ¿Y?… Que se manejan con documentos apócrifos, ¿no es a la Policía Federal a quién le compete checar esto?, o ¿por qué no interponen una demanda si tienen identificados a esos camioneros piratas?, ¿no sería más contundente en vez de lamentarse no estar allí?… Eso sí, como todo un protagonista, advirtió que su gente “está caliente” y de lo que pase culpa anticipadamente al Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y al Secretario de Transportes, Mariano Rosales Zuarth… ¿No es esto apología del delito?: “Serán responsables de los enfrentamientos, paros y bloqueos que podrían ocurrir si no restablecen el orden”… Por menos de eso, José Patrocinio González Garrido, los habría encarcelado… En fin…Y HASTA AQUÍ…

 

@gurguha

[email protected]

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