En México, tres de cada 10 trabajadoras han sido víctimas de violencia
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para considerar como violencia laboral, el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso o ascenso en el empleo.
Con la reforma al artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también será violencia laboral el despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la violencia en razón de género es una de las principales barreras que las mujeres encuentran para incorporarse al ámbito laboral público o privado, pues enfrentan diversas situaciones como la doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral o la exigencia de requisitos sobre el estado civil y la maternidad.
Menciona que se debe asegurar un marco jurídico, a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el trabajo, con pleno reconocimiento a la igualdad y la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales.
Con estas reformas, pretende erradicar por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada María Leticia Mendoza Curiel (PRI) expresó que en México persisten las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral, pues tres de cada 10 han sido víctimas de actos de violencia en su centro de trabajo, incluido el abuso y el hostigamiento sexual.
Mencionó que no se puede seguir permitiendo que una mujer sea discriminada por ejercer su derecho a la reproducción, ya que diversos tratados internacionales obligan al Estado mexicano a modificar su legislación a fin de erradicar toda forma de discriminación en contra de ellas.
El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) señaló que del total de la población económicamente activa del país, el 39 por ciento son mujeres, lo que refleja un aumento importante de su participación en el ámbito laboral, por lo cual es urgente seguir aportando medidas que permitan brindarles certidumbre y alternativas acordes con la realidad actual.
Agregó que en el 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió mil 93 expedientes de investigación para casos de trabajadoras que fueron despedidas por situación de embarazo y, en 2012, se registraron mil 705 casos, lo que representa un incremento del 56 por ciento.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) resaltó que la violencia contra la mujer se sigue dando de muchas formas y en muchos espacios, y uno de los principales es el laboral, a pesar de que más del 50 por ciento de la población del país son mujeres y su participación en la vida económica se incrementa día a día.
Indicó la necesidad de que las oportunidades, las responsabilidades al trabajo, el cuidado de los niños, los quehaceres de la casa y todas aquellas actividades que históricamente han separado a hombres y mujeres, sean compartidas por ambos de forma natural y con respeto de las diferencias que se tienen unos con otros.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Lorena Méndez Denis refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2011, al menos al 14.9 por ciento de quienes son mayores de 15 años le han solicitado un certificado de no embarazo para ingresar al trabajo y han sido despedidas por embarazarse; les han disminuido el salario o no les renovaron el contrato; además, la discriminación laboral por estado civil es más frecuente entre mujeres divorciadas.
A su vez, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) argumentó que, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el 42.6 por ciento de los trabajadores que le solicitaron asesoría y representación legal fueron mujeres, es decir, 86 mil 611, siendo las principales quejas las de hostigamiento, despidos por embarazos, problemáticas relacionadas con el cuidado de los hijos, así como cesantías injustificadas.
La diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) mencionó que en México el 54 por ciento de las mujeres que trabajan tiene al menos un grado universitario, en contraste con el 22 por ciento de los hombres; sin embargo, ganan en promedio 30 por ciento menos por el mismo trabajo realizado.
Subrayó que la equidad de género laboral es un tema aún pendiente para México, ya que persiste desigualdad de salarios, acoso y subestimación de habilidades, así como estigmatización del embarazo. “Debemos comprometernos a trabajar para incorporar la igualdad de género como parte de las políticas integrales en los espacios laborales del país y promover la conciliación de la vida familiar y laboral”, propuso.
Por el PRI, la diputada Patricia Elena Retamoza Vega indicó que una más de las manifestaciones de la violencia por razones de género hacia las mujeres es la laboral, ya que para muchas su participación en la actividad económica se traduce en dobles o triples jornadas, lo que habla de la marcada desigualdad e injusticia de la cual son objeto.
Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró trascendental el dictamen, pues el 23 por ciento de los hogares mexicanos está encabezado por mujeres, ya que en ocasiones se enfrentan a diferentes barreras, como discriminación salarial, cargas de trabajo con iguales sueldos, exigencia de requisitos como estado civil, apariencia física y la realización de pruebas de embarazo.
