Ignacio Álvarez Hernández
Los diputados del PRD acusaron a PRI, PAN y sus otros aliados partidistas de haber “alineado” la Constitución de la República, para cumplir un compromiso signado desde 1993 que previa liberar en corto y mediano plazo petróleo, gas, productos refinados y petroquímicos básicos a favor del interés de Estados Unidos y Canadá.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes, aseguró que las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, estaban acordadas de tiempo atrás en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Señaló que al analizar los Capítulos VI (Energía y Petroquímica Básica) y XI (Inversión) de este acuerdo publicado el 20 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y puesto en vigor a partir del 1 de enero de 1994, el legislador recordó que su artículo 601, acorde a los intereses estadounidenses y canadienses, prevé la liberalización a corto y mediano plazo del petróleo crudo, gas, productos refinados y petroquímicos básicos en el comercio trinacional.
Sin embargo, gracias a la presión social entonces ejercida por amplios sectores de la sociedad y la economía nacionales, el Estado Mexicano se reservó para sí, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, diversas actividades estratégicas en el Anexo 602.3 del Tratado.
Entre ellas, la exploración, explotación, refinación y procesamiento de petróleo crudo y gas natural; la producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos; el comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución “hasta e incluyendo la venta de primera mano de petróleo crudo, gas natural y artificial; bienes cubiertos por este Capítulo (el VI) obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural, y petroquímicos básicos”.
Sin embargo, cuando el PRI, el PAN y sus adláteres aprobaron los “contratos de utilidad compartida” abrieron la puerta a una serie de interpretaciones que terminarán por resolverse en cortes locales y, en última instancia y sobre todo, en cortes internacionales.
“Al abrirse el sector energético a la inversión extranjera derivado de la reforma energética, se vislumbra un escenario perjudicial para México debido a que las empresas estadounidenses y canadienses que inviertan en el sector energético en nuestro país gozarán de derechos y privilegios supranacionales consignados en el poco conocido Capitulo XI del TLCAN”, advirtió Cuéllar Reyes.
